Carlos Gómez, presidente del TSJIB: «Ibiza tiene una situación bastante privilegiada si se compara con Menorca»

Hace ya más de cuarenta años que Carlos Gómez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (Tsjib), ejerce como juez: «Estuve una etapa como presidente de la Audiencia Provincial y venía a menudo a Ibiza a hacer juicios», cuenta el máximo representante de la Justicia en las islas, que ocupó su puesto en el Tsjib hace cuatro años.

Como juez, opina que es «dificilísimo ser imparcial» y que hay que conocer los sesgos y prejuicios que uno tiene como primer paso para dar el segundo: «Superarlos». A lo largo de su trayectoria judicial ha visto un cambio de mentalidad en la forma de tratar la violencia machista. Ha aprendido, también, que los jueces no son «adecuados» para resolver problemas políticos y que en caso de que se hagan cargo de ellos, «siempre tomarán una mala decisión», afirma.

¿Cuáles son los éxitos y las carencias, desde su punto de vista, de la Justicia en Ibiza?

El problema que tiene la isla, igual que el resto de Balears, es que gran parte del personal es interino, no son funcionarios de carrera. Eso supone una desventaja en cuanto a movilidad, porque normalmente son personas que no tienen formación procesal y una vez la han adquirido se tienen que marchar porque quizá ya ha llegado el titular de ese puesto. Este movimiento de personal no favorece la buena tramitación de las causas penales ni tampoco de los procesos civiles.

La falta de recursos es claramente una de las deficiencias de la isla. ¿No hay solución posible para paliarla?

Estos problemas tienen una solución difícil y que conlleva años, porque son estructurales. Luego está el tema de la vivienda, muy cara, por lo que los funcionarios de la Península no están predispuestos a desplazarse al no poderse permitir el nivel de vida. Ante esto, hay diversas herramientas que se podrían utilizar, entre ellas, un plus de insularidad digno y que sea, por lo menos, equiparable al de Canarias. Ahora ya no tiene sentido que haya diferencia entre los dos archipiélagos.

¿Antes sí era lógico mantener esta diferencia?

Antes sí, porque desplazarse hasta Canarias era mucho más complicado, pero ahora no. Incluso se suma en Balears la desventaja de que vivir es mucho más caro. Pero esto que parece sencillo, realmente no lo es, porque involucra a muchas administraciones. La medida, a pesar de beneficiar al Ministerio de Justicia, tiene que aprobarse en Hacienda.

¿Se han pensado, además, otras medidas?

Se ha hecho una propuesta a la conselleria de Educación para crear un grado de Formación Profesional (FP) para la Administración de Justicia y que hiciesen las prácticas en el juzgado. Eso crearía un canal bien estructurado e inmerso en la sociedad para poder obtener funcionarios de manera permanente desde un bolsín de empleo creado para todas las personas que aspiren a tener un puesto de trabajo en la Justicia.

¿Qué solución a corto plazo se contempla para la crítica situación de los forenses?

Hemos establecido un funcionamiento para agilizar al máximo sus funciones y que se centren en lo que solo pueden hacer ellos. Por ejemplo, las autopsias. Cuando hay que realizar un dictamen médico, por lesiones o por una incapacidad laboral, consideramos suficiente otro dictamen, aunque no tenga como origen la forensía, siempre que de información suficiente como para poder tomar una decisión. Este método de trabajo pretende que la función del forense se reduzca a lo estrictamente necesario.

En cuanto a psicólogos forenses, hay actualmente solo una en Ibiza, que no es suficiente para tramitar todos los expedientes. ¿Por qué no se gestionan más incorporaciones?

Creo que un problema crónico del Estado central. Tenemos este problema con profesionales del sistema público de Salud y también es muy difícil conseguir médicos forenses. Hay que ser conscientes, además, de que esta falta de personal se agravará en el futuro.

¿Por qué lo piensa?

En la próxima década se jubilará el 60% del funcionariado de la Administración central del Estado, según leí el otro día en un diario con reputación. Y no veo que se estén adoptando medidas para superar la situación. Sin ellas, no habrá un recambio generacional a velocidad suficiente ni para cubrir las vacantes existentes. Imagínate si hubiera que cubrir los puestos nuevos que se creen cuando haya una jubilación en masa de los boomers [la gente nacida entre finales de los 50 y los 60]. Es un problema que, como sociedad, deberemos afrontar.

¿Cree necesario crear en Ibiza un puesto de psicólogo forense que se centre solo en casos de violencia machista, como se está planteando?

Un profesional exclusivo para esta materia es muy necesario, sobre todo porque los jueces hemos visto que se está dando un incremento muy grande de este tipo de delincuencia. Es otro de los apoyos científicos fundamentales que necesita el juez. Sobre todo para establecer regímenes de visitas o para custodias de menores. En el caso de los psicólogos forenses se intenta externalizar el servicio y, si la víctima no tiene recursos económicos suficientes, también se intenta pagar el servicio.

¿Qué supone, como juez, tener que encargarse de estos casos?

Supone un desgaste psicológico muy importante. Hay muchísimos delitos sexuales, y el contenido que los involucra es serio. Sobre todo porque en muchas ocasiones afecta a niños y niñas menores de edad. En esos casos, la gravedad es todavía mayor.

¿A qué se debe este aumento de la violencia de hombres hacia sus parejas y exparejas?

Desde mi punto de vista, hay tres posibles causas. La primera de ellas, el uso abusivo de las redes. Algunos de los casos de acoso se han dado en centros de educación Secundaria. Hay muchos que son casos de bullying convertidos en acoso sexual. La segunda es el fácil acceso a contenidos pornográficos a edades demasiado tempranas. Estos contenidos proyectan una imagen de la mujer totalmente cosificada, la muestran como algo de lo que se puede abusar y con lo que se puede hacer lo que se quiera. Muchos adolescentes tienen esa imagen falsa de tanto de la figura de la mujer como de las relaciones sexuales.

Según las cifras, parece que se ha vivido un retroceso a pesar de la lucha feminista.

En realidad, la tercera causa [del incremento de casos] es que ahora hay más conciencia. Se denuncia mucho más que hace treinta años porque las mujeres saben que estas situaciones no son tolerables. Por otra parte, además de la lucha feminista, también ha habido un esfuerzo institucional.

¿A qué esfuerzos institucionales se refiere?

Se han creado Observatorios y juzgados especializados en Violencia contra la Mujer. Me atrevería a decir que hay, incluso, un cambio de mentalidad en los jueces. Por lo menos, nos hemos dado cuenta, al juzgar estos asuntos, de que tenemos sesgos por el modo en el que nos hemos criado. Ha sido en la última década cuando hemos tomado conciencia de ello, efectivamente, a partir de la lucha feminista.

Ser imparcial debe de ser una tarea difícil.

Es dificilísimo, un reto. Es un error pensar que no tenemos sesgos por el hecho de haber aprobado unas oposiciones de juez. El primer paso es percibir los sesgos para dar el segundo paso, que es superarlos. Vivimos en el mundo y tenemos prejuicios, y no solo con relación al género, sino en general. Entre los sesgos hay uno muy común, que es el sesgo positivo. Aceptamos lo que coincide con nuestra forma de pensar y rechazamos lo que no. Los jueces, además, tenemos el sesgo retrospectivo. Aunque ya sabemos el resultado de los actos que juzgamos, debemos colocarnos en el momento de los hechos para decidir.

Respecto a la Ley Trans, ¿tiene la percepción de que se estén produciendo fraudes amparados por esta legislación de hombres que piden el cambio de sexo en el registro para eludir penas por violencia de género?

Aquí en Balears no tenemos noticia de que la Ley 4/2023 para la Igualdad real y efectiva de las personas trans haya dado pie a un uso abusivo o fraudulento de los derechos que la misma ley otorga a la ciudadanía.

¿Qué opina sobre la judicialización de la política?

Creo que la judicialización de la política es un mal funcionamiento de la democracia y que no debería existir. Muchos de los temas que nos preocupan como sociedad se tienen que resolver en el ámbito judicial, pero no los temas políticos, por muy complicados que sean. La Justicia no está concebida para eso, sino para intentar dar solución a los conflictos que surgen entre ciudadanos o entre un ciudadano y la sociedad. Además, la política tiene una percepción general de la sociedad que el juez no tiene que tener, porque cuando juzga tiene que pensar en la singularidad del caso en cuestión. La peculiaridad de la decisión judicial es, precisamente, esta singularidad. Por eso los jueces no somos adecuados para resolver problemas políticos y, en caso de que estos se deriven a la Justicia, siempre darán lugar a una mala decisión.

En una entrevista que concedió hace justo un año a otro medio, afirmaba que los políticos debían tomarse la Justicia en serio. ¿Es la Ley de Amnistía un ejemplo de que no lo hacen?

La Ley de Amnistía es una Ley aprobada por el Parlament y respecto a la que los jueces tienen que guardar silencio hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional (TC). En nuestra profesión, tenemos un poder muy grande, y es que si tenemos una duda sobre si una ley es inconstitucional nos podemos dirigir al TC para consultarle, algo que otro ciudadano no puede hacer. Por esta facultad extraordinaria que tenemos, a mi parecer, tenemos la obligación de no pronunciarnos respecto a la constitucionalidad de una norma. Esa es la actitud que debemos tener los jueces ante la discutida Ley de Amnistía hasta que se pronuncie el TC. Por otra parte, me parece muy bien que haya un debate social, pero los jueces no debemos intervenir.

Respecto a la situación judicial en Ibiza, ¿mejoraría si se transfirieran las competencias de Justicia a la Comunidad Autónoma?

En cuestión de recursos materiales y personales supondría una ventaja porque creo que, en cuanto a los edificios, el que está en el sitio se da cuenta de las deficiencias mientras que al que está en Madrid le cuesta percibirlas. En otras materias, sin embargo, no. Por ejemplo, los pasos que ha dado el Ministerio de Justicia en temas informáticos han sido muy avanzados y beneficiosos. Igual una Comunidad Autónoma, en ese sentido, no habría tenido recursos para informatizar la Justicia, algo que facilita mucho la tramitación, entre otras cosas, de los expedientes.

La separación de la sede judicial en dos edificios por los retrasos en las obras ha creado controversias este año entre los distintos juzgados, ¿por qué no se ha acelerado el proceso?

Cualquier retraso en la obra de los juzgados se debe a que la Justicia es la hermana pobre de la Administración. Ahora y desde siempre ha habido muy pocos recursos y, cuando escasean, todo son problemas, porque las cosas, al final, se hacen escatimando. No obstante, creo que, dentro de Balears, Ibiza tiene una situación bastante privilegiada, desde mi punto de vista, si se compara con el juzgado de Ciutadella, en Menorca, que es terrible, o los de Palma o Manacor, en Mallorca. Aquí hay un edificio cuya primera mitad ya está acabada y, en cuanto a la otra, se terminará pronto. Esto significa que los ibicencos tenéis otra cosa que no tienen en los otros juzgados: la esperanza en un proyecto.

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