Santa Eulària cambia su ordenanza para luchar contra los pisos turísticos ilegales

Los inspectores de Urbanismo de Santa Eulària tendrán más fácil su tarea de tramitar sanciones por alquileres turísticos ilegales. El pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado inicialmente una modificación que simplifica la prueba de que se está llevando a cabo esta actividad. Esta vía no se había utilizado en los últimos años, a pesar de que la ordenanza contempla esta posibilidad desde 2017, pero ahora se le está dando un fuerte impulso. El Ayuntamiento informó hace pocos días que ya tramita seis expedientes sancionadores que suman en su conjunto más de un millón de euros en multas.

A pesar de que ya existe en el municipio una norma que prohíbe el uso turístico de viviendas residenciales, la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, explicó que, tal como está redactada en las normas municipales, la prueba de este uso turístico “dificulta poder demostrar que se lleva a cabo este uso prohibido”. La definición en la normativa urbanística señala que se produce un uso residencial turístico, prohibido en edificios plurifamiliares, cuando hay una contraprestación económica dos o más veces al año y cuando el inmueble sea cedido por un periodo inferior a 31 días. Se tiene que demostrar que hay servicios contemplados en la ley turística y que se comercializa por agencias de viajes y otras vías tradicionales.

Según indicó Ferrer, tener que demostrar que la vivienda haya sido cedida dos o más veces para este uso "es lo que dificulta a los servicios de inspección tramiten la sanción". Además, explicó que ha habido un cambio de la ley turística que no se ajusta a estas prescripciones, por lo que se busca simplificar esta definición de servicio turístico residencial y cambiar la redacción.

A partir de la aprobación definitiva, la norma considerará que se lleva a cabo un uso turístico en viviendas residenciales de edificios plurifamiliares, cuando “a cambio de contraprestación económica la vivienda sea cedida a terceros en condiciones de uso inmediato para cualquier estancia”. Se elimina esta cesión en dos ocasiones y el plazo de uso. También se incluye el hecho de que estos alojamientos se comercialicen a través de redes sociales, una vía que no recogía la norma.

Desde el PSOE pidieron aclaraciones respecto a qué medidas se han llevado a cabo para hacer cumplir la normativa urbanística, la dotación de los servicios de inspección, cuántas actuaciones han hecho y en qué casos su actuación se ha visto limitada por el actual redactado. Por otra parte su portavoz, Alan Ripoll, lamentó que se hubiera tardado siete años en trabajar en esta vía: "Qué casualidad que lo hagan cuando ha cambiado el gobierno autonómico", criticó.

Carmen Ferrer indicó al respecto que el Ayuntamiento tiene abierta una Línea Verde específica para que los ciudadanos puedan denunciar estas prácticas ilegales y ha interpuesto 40 denuncias por alquiler turístico, para un tema en el que la alcaldesa señaló que trabajan dos policías, un oficial y una empresa externa que facilita en materia de infracciones poder focalizarse en este tema “que es el que preocupa ahora”.

“Las medidas están dando fruto, pero iría mejor con este cambio en materia simplificación de la prueba que permitiese una tramitación más ágil”, clarificó la alcaldesa. Actualmente es necesaria una doble comprobación de que se está dando un uso turístico a esa vivienda.

Ibiza luchará contra el alquiler turístico por la vía de la normativa de urbanismo

Recordó que se trata de infracciones urbanísticas que alcanzan centenares de miles de euros y que luego se pasan al Consell para que haga su trabajo pertinente en materia turística.

Clarificación para el límite de tamaño de piscinas

El pleno también aprobó la modificación de la ordenanza que limita el tamaño de las piscinas 35 metros cuadrados y que establece que la construcción contabiliza en el uso urbanístico de la parcela.

Se fija que cualquier tipo de lámina de agua se considerará dentro de esta limitación. Básicamente se busca clarificar que la norma se refiere a cualquier elemento recreativo con lámina de agua y evitar la malinterpretación intencionada que busque saltarse la normativa. “En una situación en la que se busca un control del uso, lo importante es controlar la lámina de agua”. La solicitud de jacuzzis o grandes bañeras podía utilizarse para enmascarar piscinas.