Transportes
Ratificada la mayor multa impuesta por infracciones a VTC en Ibiza
Una empresa radicada en Cantabria esperaba pagar 250 euros de sanción por trabajar ilegalmente en la isla, pero la Justicia ratifica la validez del procedimiento del Consell que le impone 71.856 euros

Imagen de archivo de un control conjunto del servicio de inspección del Consell de Eivissa con la Guardia Civil. | DI

Una empresa de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) que operó todo el verano fraudulentamente en Ibiza, confiando en pagar una multa de solo 250 euros, se ha topado con que deberá abonar 71.865 euros, además de las costas procesales. Se trata de la mayor sanción económica impuesta hasta la fecha en este sector por el Consell, hasta el punto de que «fue un punto de inflexión» en la proliferación de VTC de otras comunidades en la isla durante la temporada, según destaca el director insular de Transportes, Roberto Algaba.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha ratificado el procedimiento sancionador del Consell, que fue pionero en aplicar un nuevo criterio para endurecer las multas a las infracciones a las VTC deslocalizadas. Es decir, de empresas de otras comunidades autónomas que trabajaban irregularmente en Ibiza para aprovechar la alta demanda de transporte en temporada turística.
En este caso, se trata de una compañía denominada Executive and Luxury Cars Services S.L, radicada en Santander, que presentó un recurso contra la multa del Consell que acaba de ser desestimado. Se da la circunstancia de que el administrador único de esta empresa sigue operando en la isla, aunque ahora con VTC dadas de alta en Balears.
El cambio
Según consta en la sentencia del contencioso administrativo, Executive and Luxury Cars Services estuvo operando en Ibiza al menos desde julio a septiembre de 2020. En aquel momento, la ley permitía que las VTC operaran de manera temporal y reducida fuera de la comunidad autónoma donde estuvieran domiciliadas. Eso sí, este volumen de trabajo fuera de su territorio no podía superar el 20% del total de los servicios realizados durante un trimestre.
A pesar de esta limitación, era habitual que las VTC deslocalizadas se quedaran todo el verano en la isla, a sabiendas de que serían multadas en caso de ser cazadas en una inspección de transporte. La multa era irrisoria en comparación con los beneficios que llegaban a obtener.
"Logramos que cada servicio que prestara la VTC deslocalizada, fuera del plazo permitido, se considerada una infracción diferente"
La infracción a una VTC por incumplir el límite de servicios fuera de su comunidad, tipificada como leve, suponía el pago de 249,5 euros. Esta es la cantidad que esperaba abonar Executive and Luxury Cars Services por cada uno de los tres vehículos de Cantabria que gestionaba en Ibiza. Y así lo exponía en el recurso desestimado. Sin embargo, en el momento de las infracciones, el Consell había buscado una herramienta para disuadir a las empresas de la Península de esa práctica de intrusismo en el transporte.
«Cambiamos el criterio sancionador, a través de varias consultas jurídicas, para intentar endurecer la sanciones. Logramos que cada servicio que prestara la VTC deslocalizada, fuera del plazo permitido, se considerada una infracción diferente». Es decir, en vez de tomarse en consideración el trabajar fuera del plazo permitido como objeto de sanción, con lo que sería una sola multa, el Consell pasó contemplar cada uno de los viajes operados durante ese mismo periodo.
La inspección
Una de las VTC de esta empresa fue parada en una inspección del Consell. Al conductor se le reclamó el registro de servicios de la empresa y se comprobó que superaba de largo el 20% que tenía permitido en un trimestre en Ibiza. Uno de los coches acumuló 66 infracciones leves, otro 90 y 132 el tercero. Al tratarse de una infracción continuada, deja de estar tipificada como «leve» y pasa ser considerada «muy grave».
Este cambio de criterio queda avalado con la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Palma, publicada este pasado lunes, que desestima todos los intentos de la empresa infractora por librarse de la multa. Además, cuando el Consell anunció la multa, «supuso un antes y en la sensación de impunidad que tenían las VTC deslocalizadas en Ibiza», destaca Algaba.
Finalmente, el pasado mes de febrero, la Ley de mejora de la regulación de los servicios de transporte prohibió las VTC deslocalizadas en Balears. No obstante, en ese momento, ya se había pasado de 50 a 350 licencias de estos vehículos en Ibiza.
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