Guerra contra las fiestas en viviendas de alquiler turístico

El pleno del Parlament balear aprobó ayer por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley de Més per Menorca para prevenir la celebración de fiestas ilegales y actividades molestas en viviendas que se comercialicen como estancias turísticas, que establecerá sanciones.

El diputado de Més per Menorca Josep Castells justificó la propuesta porque el actual marco jurídico no da respuesta al fenómeno de aprovechar el alquiler turístico para una actividad «que molesta» y que se ve agravado por la dificultad de perseguirlo por vía administrativa, de manera que deja indefensos a los ciudadanos que sufren sus efectos.

La propuesta implica ampliar el concepto de fiesta ilegal e incorporarlo en la Ley de Actividades, para las que se celebran en viviendas de alquiler turístico entre las 23 y las 8 horas, detalló.

Las sanciones

Més per Menorca quiere sancionar la no adopción de medidas para evitar las molestas por parte de los propietarios de los pisos turísticos, porque «el propietario no puede lavarse las manos de esta problemática», y que se añada la reiteración como agravante.

En cuanto a las sanciones, para casos leves serían de 1.500 a 3.000 euros; y para la infracción grave, de entre 15.000 y 30.000 euros, con la sanción accesoria de posible pérdida de la declaración responsable para el propietario del inmueble y la imposibilidad de recuperarla durante tres años.

El diputado socialista Àlex Pitaluga destacó que la propuesta aborda la mayor interacción entre los turistas y residentes y uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, y ha subrayado que «no va de turismofobia, sino de residentefilia», porque la prohibición de las fiestas implica la libertad del derecho al descanso. Pitaluga planteó otro tipo de fiestas sobre las que «habría que reflexionar», que son las celebradas en playas públicas.

La diputada de Vox María José Verdú es partidaria de medidas decididas que pongan fin a los abusos, promuevan la seguridad y un turismo de calidad, pero criticó el «enfoque punitivo excesivo» de la propuesta de Més, porque el propietario no tiene por qué saber lo que sucede en la vivienda que alquila.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, destaca la vertiente económica del fenómeno y considera necesario dar prioridad a los residentes en los problemas de convivencia, algo que ha reivindicado como alcalde de Deià, municipio que tiene el doble de plazas turísticas que de habitantes.

Apesteguia considera necesario pedir responsabilidades tanto al turista como al dueño de la vivienda, pues este tiene la obligación de saber «lo que ocurre en su casa porque obtiene un beneficio económico de ello». De lo contrario, «cuando se marchan los turistas que han estado allí 2 o 3 días, se diluyen y difuminan las responsabilidades». Considera «especialmente interesante» que las sanciones contemplen la pérdida de la licencia que permite operar porque, dado que la función inspectora no basta, lanza un mensaje: «Si no eres capaz de asegurar que el alquiler turístico que ofreces no perjudica a tus vecinos, no lo puedes desarrollar».

Ocio clandestino

La diputada del PP Salomé Cabrera considera la norma necesaria y abogó por coordinarla con la Ley de Actividades y con la normativa turística vigente, lo que «requiere diálogo y puestas en común con consells y ayuntamientos para obtener el mejor resultado y el mayor consenso». Advirtió de que estas fiestas pueden implicar riesgos de seguridad y tener impacto medioambiental, además de dañar la imagen del destino porque no contribuyen al modelo de turismo responsable que promueven las instituciones y el propio sector, por reflejar «un ocio descontrolado, basado en la clandestinidad».