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Consell de Alcaldes

Ibiza luchará contra el alquiler turístico por la vía de la normativa de urbanismo

Los cinco ayuntamientos y el Consell acuerdan consensuar un texto para incluirlo en las normativas urbanísticas y poder perseguir los alquileres ilegales con sanciones de hasta el 75% del valor del inmueble

Zona urbana de Eivissa

Zona urbana de Eivissa / F. de Lama

Isaac Vaquer

Isaac Vaquer

Ibiza

Las Administraciones ibicencas contarán con una nueva vía para luchar contra el alquiler turístico ilegal, que permitirá la implicación directa de los ayuntamientos, hasta ahora meros colaboradores del Consell en la persecución de esta actividad a través de los inspectores de turismo. El Consell de Alcaldes acordó ayer en Sant Josep consensuar un texto que se incluirá en las normas urbanísticas municipales para poder perseguir estos alquileres a través de la prohibición del uso turístico en plurifamiliares.

La ordenación urbanística de Sant Joan, Sant Josep y Sant Antoni no incluía la regulación que permite sancionar estos usos, mientras que Santa Eulària y Vila sí lo contemplaban, pero no se había desplegado con toda su intensidad.

«La prohibición de la actividad turística en plurifamiliares ya estaba contemplada en la ordenación turística insular y ahora se hace una prohibición de uso. Por tanto, ahora habrá dos vías para multar a estos establecimientos: la vía urbanística por uso indebido y la vía turística por ejercer una actividad sin la correspondiente licencia», explicó el presidente del Consell, Vicent Marí.

Recordó que el intrusismo en el alquiler turístico «es una de las causas principales de la falta de vivienda en la isla de Ibiza, por tanto esta persecución tiene que ser constante e implacable».

Multa por el valor de la casa

Las sanciones a través de la normativa urbanística, que podrán imponer directamente los ayuntamientos, pueden alcanzar el 75% del valor del inmueble en el que se lleva a cabo este uso impropio. «Son multas que alcanzan valores muy importantes, que si se suman a las multas interpuestas por el departamento de ordenación turística pueden alcanzar el 100% del valor de la vivienda», indicó Marí.

Los técnicos jurídicos de la Administración consideran que estas sanciones son acumulables y no contravienen el principio de non bis in idem, que prohíbe sancionar a un sujeto dos veces por el mismo hecho.

El presidente del Consell recordó que se ha presentado un proyecto para financiar a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) la persecución del intrusismo que servirá para reforzar los servicios de los ayuntamientos y el Consell en esta materia.

Tanto Vila como Santa Eulària ya tienen en trámite expedientes a través de esta vía. El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado 26 expedientes sancionadores, mientras que el Ayuntamiento de Santa Eulària (que retocará su ordenamiento) ha puesto en marcha cerca de una decena, cinco de ellos de cuantías «muy importantes», comentó la alcaldesa Carmen Ferrer, que suman cerca de un millón de euros entre todos.

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, anunció que las normas provisionales del municipio, «ya encaminadas hacia su aprobación», incluirán este cambio cuando se aprueben.

«Esta doble vía sancionadora tiene una clara intención disuasoria y contribuirá a aumentar el número de multas y liberar alojamiento que ahora se utiliza turísticamente», auguró Marí.

2,1 millones de euros en obras

El Consell de alcaldes también aprobó la firma de un convenio para financiar a través de fondos insulares tres proyectos municipales dentro del Pla5, el programa de cooperación insular con las instituciones locales.

El acuerdo contempla: la construcción de la red de evacuación de pluviales del núcleo urbano de Sant Miquel, a cargo del Ayuntamiento de Sant Joan, con un coste de 410.000 euros; la instalación eléctrica del barrio de Can Ramon Balançat en Santa Gertrudis, que tiene un coste de 709.000 euros para el Ayuntamiento de Santa Eulària; y la construcción de un itinerario accesible en la carretera EI-500 de conexión entre el núcleo urbano de Santa Agnès y el colegio del pueblo, presentado por Sant Antoni, que supondrá casi un millón de euros.

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