Los hoteleros de Ibiza recelan de una amnístía pensada para casas de Mallorca

Una amnistía en suelo rústico que premiará a los propietarios de viviendas turísticas con irregularidades urbanísticas, así como una oportunidad perdida para rebajar la masificación o aumentar la oferta del mercado residencial en un momento de acuciante crisis habitacional. Estas son las principales contradicciones que los hoteleros achacan al Goven balear por incluir la conocida como ‘enmienda March’ al decreto ley de simplificación administrativa.

Con este decreto, el Govern pretendía regularizar las casas fuera de ordenación en suelo rústico cuyas irregularidades hubieran prescrito. Pero una de las condiciones iniciales que más se destacaron va a modificarse en la fase final de su tramitación.

En principio, las viviendas que contaran con licencia de actividad turística, a pesar de carecer de legalidad urbanística, iban a perder este permiso para desarrollar su negocio si se acogían a esta moratoria. El sector de las viviendas vacacionales de Mallorca puso el grito en el cielo y arropado por el alcalde de Pollença, el socialista Martí March, presentaron la enmienda que ha hecho recular al Ejecutivo autonómico.

Los propietarios afectados aducían que, en su momento, la ley les permitió obtener la licencia de actividad. Por su parte, el Govern defendía que, con su cambio de postura, no iba a crearse ninguna nueva plaza turística, puesto que ya formaban parte del mercado las que ahora se van a amnistiar.

Modificación

Este cambio de última hora ha desconcertado a todo el sector hotelero de Balears, pero especialmente en Ibiza, donde se desconocía este fenómeno de Mallorca. «Al margen de la amnistía, leer que las viviendas ilegales tienen licencia turística ya es bastante chocante», confiesa el gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, Manuel Sendino. «Si, además, legalizan la irregularidad y mantienen una licencia que jamás debería haber recibido, pues ya no entendemos la lógica», apostilla.

De hecho, para que la Administración permita la actividad turística en una vivienda es obligatorio disponer de la cédula de habitabilidad. No obstante, según explicó la Federación balear de viviendas turísticas (Febhatur), las propiedades afectadas, ubicadas mayoritariamente en Pollença, Santanyí y Alcúdia, habían obtenido sus licencias de actividad hace unos veinte años.

El Consell desconoce si existe algún caso de estas características en Ibiza. Manuel Sendino también cree que «si hay alguna, no serán muchas». «Si hay que buscar alguna solución excepcional para Pollença, no se puede convertir la excepción en norma», sentencia Sendino.

Además, su crítica se agrava ante «el contexto de los últimos años, con el precio de las viviendas por las nubes». «Ya que van a legalizar esas casas fuera de ordenación, lo propio es que se dediquen al mercado residencial».

Premiar la irregularidad

En la misma línea se expresa la presidenta en Balears de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), la ibicenca Alicia Reina. Por un lado, tiene en cuenta que esos propietarios afectados pueden tener algún derecho adquirido que explique la postura del Govern. No obstante, «con las viviendas que siempre han estado fuera de ordenación y son ilegales de raíz, la posición de AEDH es clara y contraria a que puedan tener o mantener la licencia turística».

De igual manera, Reina pone el acento en cómo es posible que pueda disponer de licencia de actividad un negocio que está fuera de ordenación urbanística. «Estas viviendas no deberían beneficiarse por acogerse a la amnistía, porque supone premiar la irregularidad que hubo en su día», añade.

Para Reina, el Govern balear obraría de manera más coherente si favoreciera un descenso de la actividad turística en casas particulares, sobre todo cuando se habla de que «debe existir un equilibrio para que no se masifique el destino». «Este tipo de viviendas son una de las causas de la escasez de oferta residencial y del intrusismo turístico que padecemos», subraya. n

Suscríbete para seguir leyendo