Asentamientos
Punto y final al escándalo de Can Rova
Desalojados del asentamiento ilegal de Can Rova vuelven a entrar en la finca para recuperar enseres y tratar de desmontar algunas casetas o estructuras modulares para llevárselas en camión
En muchos casos, los servicios puestos a disposición de los antiguos inquilinos ni siquiera se han utilizado; una persona no estaba durmiendo en la plaza que se le adjudicó en sa Joveria

El asentamiento ilegal de Can Rova, con el que se ha estado lucrando hasta hace apenas unos días uno de los hermanos propietarios del terreno (ahora desahuciado por el resto) y al parecer varios compinchados, está cada vez más cerca de ser una pesadilla del pasado. Este viernes fue el último día de recogida de pertenencias e incluso de algunas estructuras modulares (o similares) de los exinquilinos, a los que se les cobraba por una parte de la finca en la que pudiesen habilitar una infravivienda, caravana, chabola o caseta, y que fueron desalojados el 31 de julio por orden judicial.

Un camión de grandes dimensiones entra en la finca este viernes por la mañana. / MARCELO SASTRE
Sobre las ocho de la mañana ya hay alrededor de una docena de personas delante de la entrada principal a la finca esperando a poder acceder (y otras tantas se irán uniendo a cuentagotas). Varios comentan que tienen ganas de recoger lo que les queda y «olvidarse ya de este tema». A muy pocos metros, aproximadamente una docena charlan en círculo. Están acampadas con vehículos, nevera, mesas, sillas, colchones en el suelo, sombrillas... Están fuera de la finca, pero pegados a la valla. Pronto llegan agentes de la Policía Local de Santa Eulària y comienza la retirada. Van entrando los exinquilinos en coordinación con los trabajadores de la empresa de seguridad que hacen guardia en este terreno.
«Tengo un contenedor tipo oficina, modular. Lo compré y fue caro. Luego tuve que restaurarlo, acomodarlo, ponerle el plato de ducha y demás. Es de seis por dos metros», explica uno de los desalojados, que hizo una especie de ampliación para poder poner una cocina. Ha contratado una grúa («400 euros más IVA») para poder sacar esta caseta fuera y llevarla a su nuevo destino: un terreno que le han prestado. Finalmente sí que consigue desmontarlo en poco tiempo. Como él hay otros que entran con la intención de tratar de desmontar este tipo de estructuras y meterlas en un camión o furgoneta para poder llevárselo. Por eso hay varios de estos vehículos esperando frente a la entrada, ya sean contratados o conducidos por algún familiar, por ejemplo. También sacan enseres personales, neveras, bombonas de butano, mantas, utensilios para cocinar... En todo caso, dentro todavía se ven chabolas y vehículos. Este miércoles, una agente de la Policía Local de Santa Eulària explicó que la grúa que el Ayuntamiento puso a disposición de los exinquilinos de manera gratuita sólo cargaría vehículos con el seguro en regla. Cinco personas requirieron esta grúa, pero finalmente aquel día no se realizó ningún traslado porque ningún turismo tenía seguro.

Hombres dentro de la finca, ayer con un trabajador de seguridad. / MARCELO SASTRE
«Esta ya es la cuarta temporada que vengo a Ibiza a trabajar. Vivo en Madrid y el resto del año estoy en paro. Si encuentro algo, también trabajo, si no, tengo que esperar a la siguiente temporada para volver aquí. Ahora ya terminaré la de este año, y si sigo así ya no sé si voy a volver, porque no se puede vivir», relata una mujer que trabaja como camarera de pisos y quiere intentar sacar su caseta de madera, de la que enseña un vídeo con su móvil a este redactor. Cuenta que por ella pagó 4.000 euros y que aún guarda el recibo. «Como no conseguí un sitio en el quedarme, me compré esto. Tengo a mis hijas en la isla y han conseguido una habitación por la que están pagando 1.200 euros», añade.
Un matrimonio que vivía en Can Rova explica delante de las técnicas de los Servicios Sociales que cerca de este asentamiento hay una familia desalojada acampada en una chabola con un bebé. Las funcionarias enseguida les preguntan más detalles para poder dar con esta familia (a los pocos minutos consiguen el teléfono) y explicarles algo que vienen repitiendo durante todo este tiempo: que para todas las familias que estén en la calle con niños a su cargo se busca una solución, a través, principalmente, del Centro de Acogida Natzaret de Cáritas. Aceptar esta mano tendida no es obligatorio, pero estas trabajadoras del Ayuntamiento insisten en ello. De hecho, uno de los portavoces de los inquilinos de Can Rova confirma que «aquí todo el mundo está informado» de estas alternativas que ha ofrecido Servicios Sociales. Sin embargo, hay casos en los que no se aprovechan. O peor. Ayer estas técnicas pudieron confirmar que una de las personas desalojadas a las que se le había proporcionado una plaza en el centro de baja exigencia de sa Joveria no estaba utilizando este recurso, ocupando, así, una cama que seguramente podría haber servido para otro desahuciado. «Pierde inmediatamente la plaza», dijo la concejala de Acción Social, Antonia Picó.
El jueves, otra madre y su bebé fueron acogidos en el albergue de Cáritas después de que los Servicios Sociales detectase esta situación, pero al parecer esta otra familia no acudió para pedir ayuda. «Nosotros llevamos desde mucho antes del desalojo informando a la gente y poniendo todos los recursos a nivel municipal e insular. Vamos a hacer un seguimiento de este caso. Aunque ellos no quieran ningún recurso municipal, hay un menor y tenemos la responsabilidad de saber cómo está», añade Picó.
Lali Guasch, coordinadora del área de Servicios Personales del Ayuntamiento, presente en la zona este viernes junto con una educadora social municipal, hace hincapié en que los Servicios Sociales «vienen a ayudar, no a causar ningún problema». También valora que, en caso de que quedase algo más para recoger a partir de hoy, «hay muy buena predisposición por parte de la propiedad», pero que este viernes ya parecía que todo estaba listo.
Aunque la hora para terminar de recoger los enseres era, en un principio, las 11 de la mañana de ayer, finalmente se alarga. Pasadas las 12, la concejala Picó explica a este diario por teléfono que el operativo sigue en marcha y que en principio tiene que quedar todo finiquitado el mismo día. «Nosotros hemos tenido allí hasta hace un momentito a una empresa que ofrecía el servicio de trastero, porque nos dijeron si podíamos contratar algo de almacenaje para que no tengan sus enseres según donde. Me comenta la trabaja social que está en el lugar que hasta el momento nadie la ha solicitado», explica la edil en la llamada de las 12.10 horas. Otro recurso que tampoco se utiliza, al menos hasta ese momento, unas cuatro horas después del inicio de la recogida de enseres.
Los desalojados que carezcan de servicio de lavandería, aseo y duchas pueden ir a los Servicios Sociales para que se les derive, si es el caso, al centro de sa Joveria, donde se ofrecen todos estos servicios. Sin embargo, por la mañana sigue entrando gente a una ducha improvisada que hay en la calle, justo delante de la entrada principal a la finca de Can Rova.
El gimnasio del colegio S’Olivera, donde 13 personas habían pasado la noche, cerró ayer sus puertas. En total, el Consistorio ha pagado la fianza de tres alojamientos y seis billetes a personas para volver a sus lugares de origen. «El Ayuntamiento sigue manteniendo una persona en las oficinas de Puig d’en Valls y otros servicios activados, como el de psicología para menores. Solo una persona ha acudido a las oficinas desde su puesta en funcionamiento», señala el Ayuntamiento.
Ayer también pudo acceder a la finca una voluntaria de la asociación Care 4 Cats. «Nos avisaron hace una semana de que se habían quedado unos gatitos pequeños por aquí. Nosotros nos dedicamos al método CER: captura, esterilización y retorno, y también buscamos familias para los gatitos pequeños de la calle. Mientras, están en casas de acogida», detalla Patricia Pérez, la voluntaria.
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