Caravanas. La propuesta de Pimeef

Pimeef pide habilitar ‘parkings’ temporales de caravanas para gente con contrato en Ibiza

La patronal de la pequeña y mediana empresa pide habilitar zonas de aparcamiento para estos vehículos durante la temporada con servicios y control

Toni Escandell Tur

Toni Escandell Tur

Ibiza

La patronal de la pequeña y mediana empresa, Pimeef, ha vuelto a incidir en su propuesta de contar con zonas de aparcamiento para caravanas durante la temporada para trabajadores con contrato laboral. Se trata de habilitar espacios desde el 1 de abril al 30 de octubre, como medida excepcional. «Es para que esta gente no tenga que estar en cualquier parte y cogiendo agua de donde sea, pero desde la Administración se nos dijo que eso no se podía hacer con las normas actuales, y que iba a generar un efecto llamada», indica Alfonso Rojo, presidente de Pimeef. «¿Solución para el año que viene? No la tengo, la única es que esa gente pueda alojarse en un sitio en el que estén controlados, con unos servicios mínimos, desagües, duchas y acceso a agua y electricidad, porque la realidad ya es esta. Una situación excepcional requiere medidas excepcionales y, por desgracia, tenemos el ejemplo reciente del covid», añade.

Rojo comenta que, aunque una parte importante de quienes viven en asentamientos tienen trabajo, con motivo del desalojo de Can Rova Pimeef lanzó un mensaje a los empresarios para saber si tenían a trabajadores suyos viviendo allí. Afirma que no recibió una respuesta en este sentido. En todo caso, Rojo hace hincapié en la necesidad de acabar con «la especulación del alquiler, el alquiler vacacional ilegal y el escarnio con los subarriendos». Subraya que el objetivo de su propuesta no es instalar macroaparcamientos de caravanas, pero sí habilitar algún espacio para estos vehículos de manera puntual.

Lamenta que, debido a esta emergencia habitacional, al final «el personal cualificado no vendrá a Ibiza, y lo hará quien no tiene otra opción y sabe que le va a tocar vivir en un infra alojamiento». Sobre la posibilidad de exigir a los empleados que tengan una vivienda legal para poder contratarles, dice que es una de las medidas excepcionales que se podría adoptar, pero señala que «por un asunto de protección de datos, no se puede pedir a los trabajadores según que cosas por obligación»; pero indica que podría ser una medida opcional a estudiar.

Sobre Can Rova, explica que en la Mesa de Diálogo Social se les dijo que dentro había como máximo unas 300 personas, más de la mitad sin papeles. «Si esa gente trabaja, es en negro, y no lo podemos permitir porque esto acaba pervirtiendo el mercado».

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