Sindicato de Inquilinas: «La solución a los asentamientos en Ibiza es una vivienda digna, no disolverlos»

El Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera pide no criminalizar a las personas que habitan en caravanas o que buscan alternativas parecidas, porque una parte de la población «ha llegado a la conclusión de que esta es la única forma de vivir». El coportavoz Daniel Granda hace hincapié en que llevar a cabo acciones para retirar los asentamientos solo conseguirá desplazar el problema de un punto a otro de la isla sucesivamente. Subraya que «la solución pasa por garantizar que todo el mundo» pueda acceder a «una vivienda digna».

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«Hemos conocido casos de viviendas compartidas entre siete u ocho personas, o familias enteras de cuatro o cinco miembros que se meten en una habitación que cuenta con una sola cama», en palabras de Granda. Esta organización sindical trata de primera mano con los afectados por esta emergencia habitacional.

Concluye que, por tanto, no es nada descabellado o ilógico que haya quienes lleguen a la conclusión de que es más «cómodo comprar una caravana e ir a un solar». «Y recordemos que tampoco puedes desarrollar tu vida con normalidad cuando todo tu salario se lo está llevando el rentista», añade en conversación con este diario.

«Tienen su vida en Ibiza»

«Hay quien dice que se tienen que ir de la isla, pero no lo van a hacer. Viven, trabajan y desarrollan su vida aquí. Tienen aquí a su familia y amigos», subraya Granda al hablar sobre el desalojo del miércoles (por orden judicial) del asentamiento de Can Rova, donde vivían centenares de familias o adultos solos en caravanas, vehículos similares, chabolas o tiendas de campaña. Para estar en estas infraviviendas, los residentes pagaban a uno de los seis hermanos copropietarios del terreno, que lo explotaba con un uso ilegal. La Audiencia Provincial falló a favor del resto de propietarios, que solicitaron una orden de desahucio contra el gestor del poblado chabolista.

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Al margen de este caso en particular, Granda defiende que el surgimiento de los diferentes asentamientos no deja de ser una «reacción natural» de quienes buscan un lugar en el que vivir: «Si te expulsan de tu vivienda y te maltratan de esta manera, lo único que te queda es vivir en asentamientos, como los llaman, o en caravanas, chabolas... O de la forma que uno vea para poder sobrevivir».

También aprovecha para oponerse a las críticas por motivos medioambientales: «He escuchado a gente decir que son un problema ecológico y que hay peligro de incendio, pero es que lo único que hacen es intentar tener un sitio. Si los sacas de los asentamientos a la fuerza, se irán moviendo y acabarán desperdigados por el bosque, en sitios más escondidos, donde la policía tarde un poco más en verles. Y ahí sí que puede haber problemas de incendios y ecológicos».

El Sindicato de Inquilinas movilizó a sus integrantes para que estuviesen presentes en el desalojo del miércoles en Can Rova y están en contacto con gente afectada que les pidió ayuda el día anterior: «Muchos están en situación de calle, durmiendo al raso, en algunos casos con sus hijos. Las familias nos pedían ropa para los niños y estamos intentando trabajar en ello». Explica que otras personas se han solidarizado con los desalojados, también a la hora de negociar con la propiedad para poder recuperar las pertenencias que quedaron dentro del poblado. Algo que finalmente se pudo hacer ayer, tras un acuerdo entre los abogados de ambas partes. Las autocaravanas, por su parte, podrán retirarse la semana que viene.

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Granda denuncia que la situación de los exinquilinos de Can Rova es fruto de la emergencia habitacional y de la «inacción del Ayuntamiento, del Consell y del Govern». «Tampoco podemos entender que se mande a un ejército para echar a las familias en plena crisis de vivienda», critica.

Gloria Corral, coordinadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Ibiza, explica que, en el caso de desahucios en una vivienda al uso, para paralizarlo no basta con que haya menores afectados, ya que es necesario tener un informe de vulnerabilidad, algo en lo que coincide un abogado especializado en vivienda consultado por este diario. Hay que acreditar esa vulnerabilidad. «Y en los casos con menores de por medio, hay familias que no se atreven a acudir a Servicios Sociales por miedo a lo que pueda pasar con sus hijos si finalmente se produce el desahucio», en palabras de Corral.

Sobre el caso concreto de Can Rova, la coordinadora de la PAH señala que seguramente muchas de estas personas «se van a escampar por donde puedan». Por otro lado, hace hincapié en la necesidad de acabar con todos los pisos turísticos ilegales: «Es lo que ha tensionado el mercado en Ibiza y en el resto de zonas turísticas. Mientras haya propietarios que se puedan sacar 25.000 o 35.000 euros al año alquilando a turistas y menos de la mitad con una familia de la isla, está clarísimo lo que va a continuar ocurriendo». Cree incluso que «debería intervenir Europa» y se muestra favorable a considerar como «singulares» los territorios insulares. Recuerda que en una gran ciudad de la península, aunque los precios también sean altos, hay un plan B en las afueras, donde se pueden encontrar inmuebles más asequibles, y que además estos barrios están bien comunicados con el centro. Unas circunstancias que no se dan en Ibiza, ya que los alquileres están disparados en todos los municipios. «El problema de los altos precios es que no hay alternativa», concluye Corral.

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Por otra parte, un abogado especializado en vivienda señala, sobre las preocupaciones de los padres con sus menores a la hora de acudir a Servicios Sociales por este tipo de casuísticas, que «la privación de tutela no es tan sencillo porque debe haber un riesgo real». «Si no, supongo que desde Servicios Sociales ya habrían actuado antes. Es una situación compleja y en la que el menor lógicamente no está en la mejor posición, pero entiendo que en principio no se dan las circunstancias para que haya una privación de tutela. Otra cosa es algún caso en concreto en el que hayan podido acabar en la calle, pero no por estar en una caravana», explica.

En este sentido, la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, explicó que el departamento de Protección de Menores no detectó en el desahucio a ningún menor de edad sin familia. El Ayuntamiento de Santa Eulària señaló que llevaban semanas trabajando con estas personas; en concreto, con 13 familias. La segunda teniente de alcalde y concejala de Acción Social, Antonia Picó, aseguró: «Desde que se supo que iba a producirse este desalojo, las trabajadoras sociales han estado yendo allí muchísimo. Han estado trabajando con 13 familias».

Visitas a Can Rova

Las visitas también se hacían para controlar la situación: ver si había más familias, niños incluidos, y para estudiar qué recursos tenían para que no estuviesen allí el día del desahucio, y algunas personas se reubicaron, a través de Servicios Sociales, en el Centro de Acogida Natzaret de Cáritas, en el centro de Sa Joveria o en el polideportivo del colegio S’Olivera.

En la misma línea que Gloria Corral, el abogado explica que para paralizar un desahucio en un inmueble al uso en el que residan menores, «normalmente debe acreditarse la situación de vulnerabilidad delante del juez», y recuerda que en el caso de Can Rova no había viviendas como tal y que el desahuciado es uno de los propietarios.

«Al parecer había caravanas y chabolas de todo tipo que no reunían las condiciones de una vivienda. Supongo que desde la Justicia se ha tenido en cuenta el hecho de que había un riesgo en ese solar, porque allí podría haber pasado cualquier cosa», apunta.

Sobre los temores de algunos asentados a pedir ayuda a la Administración por tener hijos a su cargo o por estar en una situación administrativa irregular, también indica que «en principio la asistencia social es independiente de la situación administrativa de cada uno» (algo que ha confirmado el Ayuntamiento de Santa Eulària), pero que entiende ese temor en una situación tan desesperada. Al mismo tiempo, constata que «realmente tampoco hay un parque inmobiliario a disposición de las administraciones para absorber a toda la gente del campamento de Can Rova, que era mucha». Finalmente, afirma que, al margen del desahucio, podría haber consecuencias judiciales para quien cobraba alquiler a los asentados, ya sea por llevar a cabo una actividad ilegal o por la cuestión de los residuos: «Una cosa es el desalojo y otra las infracciones que haya podido cometer».

29 realojados en s’Olivera

Desde el Ayuntamiento, preguntados por si entre los desalojados había certificados de vulnerabilidad, indican: «No podemos hablar de las personas que han sido desalojadas en general, lo que sí que podemos confirmar es que de las 29 que están en el polideportivo del colegio S’Olivera no hay ninguna que haya sido catalogada como vulnerable por los servicios técnicos. Son un perfil muy diferente al que se atiende en los Servicios Sociales durante el año, dado que aquí la emergencia común es la vivienda y no situaciones de vulnerabilidad como otros casos, donde pueden ser problemas económicos o de situaciones de violencia de género, etc».

Las mismas fuentes municipales añadían ayer que, con la información obtenida hasta el momento, en la que «no hay ninguna persona considerada vulnerable por los técnicos», «el operativo ha sido correctamente dimensionado en lo que se refiere a las competencias municipales derivadas de este desahucio». Pero añaden: «La situación es cambiante y puede serlo también la valoración». Ayuntamiento y Consell afirman que se puso en marcha toda la maquinaria para atender a estas personas y que, mientras permanecen en las instalaciones donde han sido reubicados, se buscará una alternativa. Algunos, desde antes del desahucio, encontraron un techo por sus propios medios.

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