El PSOE recurre el decreto para legalizar viviendas en suelo rústico

El PSOE de Ibiza anunció ayer la presentación de un recurso contra el acuerdo del Consell para la aplicación de la Disposición Adicional Séptima del Decreto Ley 3/2024, de 24 de mayo, la «amnistía urbanística del Govern». Este mismo recurso se presentará en el resto de islas, según avanzaron ayer tanto en Mallorca como en Menorca los socialistas de estas dos islas.

Según señaló en Ibiza el PSOE en rueda de prensa, el acuerdo del Consell permite la legalización «indiscriminada» de edificaciones o instalaciones vulnerando principios normativos y jurídicos, así como la Constitución.

Por ello, el PSOE lamenta que, cuando gobierna el PP, se pueden legalizar los «desastres» cometidos durante mucho tiempo.

La rueda de prensa fue ofrecida por el exsecretario general de los socialistas ibicencos, Josep Marí Ribas, la recién nombrada responsable de la Agrupación de Ibiza, Elena López, y la diputada Pilar Costa. «Creemos que no es una vía que necesita Ibiza, que ya está suficientemente llena y masificada, faltando muchos recursos naturales y, por tanto, no podemos seguir aumentando la presión sobre el territorio», afirmaron ayer.

Los socialistas recordaron que ya advirtieron sobre las consecuencias que esta amnistía podría tener para el territorio de la isla. «No conocemos el impacto, no sabemos cómo acabará esto y, en cambio, el PP lo ha aceptado con los ojos cerrados, dando el visto bueno al decreto de Marga Prohens», señalaron.

Según reiteraron, el PP «desprotege el territorio una vez más, con la amnistía más brutal y peligrosa». Además, entre otras cuestiones, el PSOE argumenta en su recurso que la aplicación de la «amnistía urbanística» infringe el principio de jerarquía normativa y de especialidad normativa puesto que el Decreto no regula de manera especial procesos de legalización en suelo rústico, sino que se limita a establecer medidas de simplificación administrativa.

El PSOE solicitará al Tribunal que eleve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Disposición Adicional Séptima del Decreto Ley 3/2024 ante el Constitucional y pedirá la suspensión cautelar del acuerdo del Consell para evitar un «perjuicio irreparable» sobre el medio ambiente y para la ordenación urbanística territorial.

Contra el decreto del Govern

Además de las acciones judiciales contra el acuerdo del Consell, el PSOE dice que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley del Govern.

En cuanto a la posible inconstitucionalidad, indican que se basa en el artículo 13.1 de la Ley de Suelo estatal que, según dicen, establece que sólo se pueden implantar en suelo rústico usos agrarios o que necesariamente estén ligados al suelo rústico. Este artículo se declaró básico por el Tribunal Constitucional en 2018 y, por ello, «por mucho que las competencias de ordenación territorial sean de las CCAA, el artículo se tiene que cumplir».