El PSOE de Sant Antoni pide el cese de los cinco cargos de confianza

El PSOE de Sant Antoni ha exigido al alcalde, Marcos Serra, que cese «de inmediato» a los cinco cargos de confianza nombrados al inicio de la legislatura «al no haber sido designados acorde a la normativa», destacan en una nota. «Los nombramientos deben aparecer en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del consistorio, tal y como refleja la reciente sentencia judicial en favor de los socialistas de Sant Antoni».

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears, en sentencia del pasado 23 de julio, anuló los nombramientos de los cargos eventuales de Sant Antoni de la pasada legislatura. Dichos nombramientos no fueron nombrados acorde a la normativa balear que exige que «los puestos de personal eventual de las corporaciones locales deben estar incluidos en la RPT, siendo fruto de la organización de la Administración de la Comunitat Autónoma en aras del interés general», destacan los socialistas.

«La reciente sentencia nos da la razón en que el nombramiento de ambos cargos, en 2019, no siguió el procedimiento administrativo que toca, de ahí su anulación», afirma el portavoz socialista, Antonio Lorenzo. «Nos encontramos con que los actuales cinco cargos de confianza (personal eventual) tampoco aparecen en la RPT, por lo que estaríamos ante el mismo caso que en 2019», añade Lorenzo.

Se trata de la jefa de Prensa, Idoia Sala (36.500€), el asesor de Urbanismo, José Torres (36.500€), la jefa de Gabinete Alcaldía, María Antonia Juan (36.500€), la asistente a Concejales y Servicios, Olivia del Cura (36.500€), y la jefa de Protocolo, Sara Parra (36.500€).

«Marcos Serra y su equipo tienen un modo de proceder irregular y este es el ejemplo de la gestión que llevan a cabo con el dinero de todos los portmanyins y portmanyines, concretamente un total de 182.500 euros anuales destinados a pagar las nóminas de cinco cargos de confianza innecesarios, además de irregulares».

Por ello, desde el PSOE exigen «el cese inmediato de todos los cargos de confianza y que estos sean nombrados acorde a la ley. De no hacerlo, estaríamos ante un grave caso de ilegalidad administrativa por parte del Partido Popular», advierte Antonio Lorenzo.