El Consell estudia incorporar detectives en la lucha contra los taxis pirata

El Consell de Ibiza pretende incorporar detectives para la lucha contra el transporte ilegal, concretamente contra los taxis pirata. Así lo confirmó ayer el vicepresidente primero y conseller de la Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, tras el pleno que celebró la institución insular y tras matizar que en los próximos meses se «aumentará el músculo sancionador» en este ámbito.

Juan valoró que la incorporación de detectives en años anteriores dio buenos resultados, por lo que se quiere seguir incidiendo en este sistema de control.

Los detectives contrataban servicios de taxi pirata que, finalmente, dirigían a un lugar donde había agentes de la Policía Local para poder interceptar a los conductores ilegales. «La combinación detectives-gancho con la Policía Local ha funcionado y hemos tenido varios expedientes y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando», indicó el conseller.

Por el contrario, lo que no ha tenido frutos es la incorporación de detectives para localizar pisos turísticos ilegales. En este punto, el vicepresidente primero señaló que los datos que puede obtener el infiltrado son los mismos datos que facilitan las mimas plataformas comercializadoras, además de ser un expediente «más complejo».

«Cuello de botella»

El conseller avanzó que el objetivo de la Administración insular es evitar el «cuello de botella» con el que se encontrarán en los próximos meses tras haber incrementado la capacidad de detección de alquileres turísticos ilegales.

Este incremento de denuncias llega después de aumentar el número de inspectores, que actualmente suman nueve efectivos y se llegará a los 10 tras el verano, y después de que se haya formalizado y suscrito el protocolo de colaboración con los diferentes ayuntamientos de la isla, que aportarán una docena de agentes de Policía Local que, a través de un formulario de acta estandarizado, recogen los datos de los pisos ilegales y los remiten al Consell.

«Lo que no nos podemos permitir es que porque sea más efectista, desde el punto de vista mediático, decir que cogemos más inspectores y más inspectores, luego no tengamos tramitadores de las denuncias», indicó Juan.

Además, añadió que se está trabajando en varias vías para incrementar el número de profesionales que puedan agilizar la tramitación de expedientes.

Por un lado, se prevé la incorporación de ocho administrativos a través de la empresa pública Tragsa, que se encargarán de hacer el seguimiento de los diferentes expedientes, además de poder «delegar la parte tramitadora», especificó Juan.

A este incremento de personal a través de Tragsa, se sumará la ampliación de la plantilla de instructores que, desde el Consell de Ibiza, aún se está estudiando cómo hacer efectiva. Entre las posibilidades, se baraja que se pueda llevar a cabo mediante la reconversión de plazas ya creadas, pero que no están cubiertas.

Por último, el conseller cuenta con otra vía, que es la de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que permiten incrementar el personal, tanto de instructores como de instructores, presentando planes a dos años vista. En este caso, los fondos podrían estar destinados tanto a la lucha contra los alquileres turísticos ilegales como al transporte terrestre.

Con todas estas posibilidades abiertas, desde el Consell de Ibiza continúan con su ofensiva contra el intrusismo que, según apuntó el mismo vicepresidente primero en el debate de política general, ya ha logrado recaudar 521.000 euros en sanciones al alquiler turístico ilegal en lo que va de año.

A raíz de la petición hecha por el conseller socialista Víctor Torres, que instó a contratar más inspectores, instructores y administrativos para la lucha contra el intrusismo, Juan coincidió en que « hacen falta más recursos, pero por muchos que pusiéramos serían insuficientes», reconoció.

Otras cuestiones

En la sesión plenaria de la máxima Administración insular se llevaron para su aprobación diferentes facturas con omisión de la función interventora con el objetivo de «no demorar más el pago» .

Desde el partido socialista, su portavoz, Josep Marí Ribas, Agustinet, criticó que un procedimiento [el de abonar facturas sin el visto bueno de los servicios de Intervención] que debería ser «absolutamente extraordinario, se ha convertido en una cosa regular». Además señaló que, en contra de lo que dice la normativa, algunas de las facturas estaban fechadas en este presente ejercicio.

El conseller responsable del departamento de Hacienda, Salvador Losa, por su parte, justificó que la suma de las facturas aprobadas en la sesión plenaria de ayer asciende a 30.000 euros cuando el cómputo de facturas abonadas por la Administración en el mes de junio suma un total de 3,5 millones de euros: «Más que excepcional, es insignificante», concluyó. n

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