Alquiler turístico ilegal: un negocio también de inquilinos que subarriendan

No es para nada anecdótico o puntual que quienes comercializan ilegalmente una vivienda a turistas sean los inquilinos en vez de los propietarios. O que sean los arrendatarios quienes, como mínimo, publican el anuncio. En ocasiones, los dueños se enteran de lo que está ocurriendo cuando les llega la notificación del Consell de Ibiza, la autoridad turística. «Hay una proporción importante de casos en los que son los inquilinos quienes infringen. Normalmente en los contratos se especifica que está prohibido realquilar, pero eso no quita que ocurra mucho», confirma Mariano Juan, vicepresidente y conseller de Lucha contra el Intrusismo.

Habitaciones realquiladas en Ibiza: el negocio de los inquilinos que especulan

«Muchas veces el propietario es una víctima más. Nos encontramos bastantes casos en los que, cuando le notificamos que pensamos que es él quien alquila ilegalmente, nos dice que se acaba de enterar. A veces el propietario ya lo sabe y está intentando desahuciar», añade Juan, quien explica que no hay porcentaje de casos en los que el infractor es el propietario y de cuándo lo es el inquilino, ya que las multas no se clasifican de esta manera.

En todo caso, reitera que no es para nada puntual que los autores de esta ilegalidad sean los arrendatarios. Es más, destaca que «cazar al propietario es muy fácil porque el piso está a su nombre», mientras que «el inquilino, o incluso el okupa que subarrienda, se siente falsamente indemne».

«¿Volverá a alquilar su piso?»

«¿Ese propietario volverá a alquilar su piso?», se pregunta el conseller. «Por eso hablamos de seguridad jurídica para el propietario. Tiene que poder echar de una manera mucho más rápida al inquilino que incumple, porque si no no estamos incentivando el alquiler, todo lo contrario». ¿Y qué pasa si el propietario descubre esta ilegalidad? Debe ponerlo en conocimiento del Consell, aportar los datos del arrendatario y el contrato. También debe facilitar pruebas, si es que las tiene. «Hay gente que viene con el anuncio porque algún amigo le ha avisado de que su piso está en Airbnb. Esto ha ocurrido».

En segundo lugar, Mariano Juan hace hincapié en que debe interponer una demanda por la vía civil para echar a esa persona, dado que ha incumplido el contrato. Ambas cosas son imprescindibles: «No vale desentenderse. Tienes que hacer tu parte del trabajo». Si el dueño sigue estos pasos, «debe quedar relativamente tranquilo», porque demuestra que está colaborando. En caso contrario, puede recibir una sanción por obstruir la labor inspectora del Consell. «Nos hemos encontrado casos en los que pedimos información para poder instruir el caso contra el inquilino, pero el propietario no nos la proporciona, o no nos da la información correcta, o nos marea. Igual nos dice que vendrá un día al Consell y no lo hace».

La Administración puede pensar que el dueño «está metido en el ajo». «No sería la primera vez que multamos al inquilino y al propietario porque hemos obtenido pruebas que demostraban que había un entendimiento entre ambos y que uno y otro se lucraban». Ante esto, hay quien ha intentado engañar «fabricando contratos de alquiler con fecha de hace tres años».

El conseller destaca que recientemente el Tribunal Supremo «ha considerado que el alquiler turístico dentro de una comunidad de vecinos es una actividad económica», por lo que «basta con que los estatutos prohíban el desarrollo de actividades económicas» para que la comunidad también pueda demandar por lo civil. El Consell facilita todas las pruebas, informes, actas e inspecciones pertinentes (cuando el juzgado lo solicita) para que las demandas civiles del arrendador legal o de la comunidad puedan salir adelante.

José Antonio Verdugo, codelegado en Ibiza del colegio oficial de Administradores de Fincas de Balears, confirma que hay casos de inquilinos que «hacen negocio» al subarrendar a turistas. «En casi todas las comunidades a las que vamos, cuando hacemos las juntas ordinarias nos piden poner el cartel del Consell que indica que está prohibido el alquiler vacacional» y que avisa de las multas, que pueden ir de los 40.001 euros a los 400.000.

Verdugo señala que tiene un efecto disuasorio. Como el conseller, relata que a veces el propietario no tiene conocimiento de la actividad ilegal hasta que recibe la notificación del Consell, y coincide en que el dueño «no debe no hacer nada»: «Debe enviar un burofax al inquilino para recordarle que es motivo de resolución contractual. También debería poner una demanda en el juzgado», aparte de informar al Consell. Estos alquileres ilegales, añade, a menudo generan quejas del resto de propietarios, que ven deteriorada la convivencia por los ruidos, la música alta por la noche, etcétera.

La pasada semana, este diario recogía el testimonio de cuatro propietarios de la isla que alquilaban sus viviendas por precios por debajo del mercado (desde un loft por 450 euros al mes a un piso de 145 metros cuadrados por 1.000), lo que, sin embargo, no sirvió para evitar que les entrasen a vivir muchas más personas de las que contemplaba el contrato o incluso que el arrendatario, en uno de estos cuatro casos, comercializase turísticamente un piso en Vila.

El arrendatario del loft lo ofrecía por días a una persona que venía varias veces al año a Ibiza. En estas cuatro experiencias, el inquilino ganaba más dinero que el propietario con la vivienda. «Un día una amiga mía fue a un locutorio y vio la habitación que había sido de mi madre en una foto que decía: ‘Se alquila habitación: 800 euros’», relataba una propietaria que por todo el piso (el de 145 metros cuadrados) cobraba 1.000 euros. En teoría era para una mujer, su hija y un matrimonio, pero la dueña calcula que allí acabaron viviendo más de 12 personas.

Subarriendo a trabajadores

También se subarrienda a residentes y trabajadores de temporada. Verdugo explica que esto también ha ido a más, al compás «del aumento de las rentas de los pisos»: «Tal vez por un piso de dos habitaciones te piden 1.800 y el matrimonio que vive ahí lo subarrienda parcialmente para poder pagar la mensualidad. No digo que esté bien, pero esto es un poco lo que está ocurriendo».

Sin embargo, confirma que hay casos en los que esto ha ocurrido aun cuando el propietario ha puesto un precio razonable, y en los que entran muchas personas a vivir. «Aconsejamos que el contrato ponga el máximo de personas que pueden estar en el piso y que en caso de detectarse que hay más, será motivo de resolución contractual». Verdugo cuenta que han llegado a ver «barbaridades», como el subarriendo de una terraza o del salón. Añade que si tanta gente vive en un espacio reducido, puede haber conflictos entre arrendatarios y subarrendados. También si los primeros deciden duplicar el alquiler a los segundos, quienes, al no contar con un contrato legal, quedan desprotegidos ante estos abusos. «Hay gente que a lo mejor viene a trabajar en verano, no encuentra un sitio y al final pasa por el aro».

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