Ibiza versus Eivissa: «Normalizar el topónimo Eivissa es casi una heroicidad»

Llegar a normalizar los topónimos Eivissa y Pitiüses como forma única en textos oficiales escritos en castellano «es casi una heroicidad, un hito destacable», alerta Angel Custodio Navarro Sánchez, secretario habilitado nacional del Consell de Formentera, en ‘Les lleis lingüístiques relatives a l’empara i protecció de la toponímia són veritablement lleis? (L’exemple de les Pitiuses)’, un sesudo texto publicado en ‘Toponímia d’Eivissa i Formentera i d’altres estudis d’onomàstica’, libro editado por la Societat Catalana d’Onomàstica, filial del Institut d’Estudis Catalans. El jurista analiza en ese capítulo la dificultad de implantar el uso de ambos topónimos no sólo en el ámbito privado, sino incluso en el administrativo y el judicial, pese que, como reitera en ese artículo, «los topónimos de las Illes Balears tienen como única forma oficial la catalana». No tira la toalla, pero casi. 

Navarro reconoce que es difícil pretender que Eivissa desbanque a Ibiza, porque la fuerza del topónimo castellano «es tan grande que, en el fondo, no es solo un nombre de lugar, sino que también actúa como marca comercial de alcance mundial, de fama planetaria». 

La fuerza del topónimo castellano «es tan grande que, en el fondo, no es solo un nombre de lugar, sino que también actúa como marca comercial de alcance mundial, de fama planetaria

Circularidad y lengua

Ocurre, se queja, hasta con las iniciales IBZ, más famosas que el topónimo que considera genuino. Y si en catalán es complicado, en español es tarea casi imposible: «Es muy difícil intentar que se escriba de manera sistemática, en textos en castellano, siempre Eivissa», sobre todo en lo que respecta a la denominación más conocida turísticamente, lamenta. Cree, no obstante, que hay una solución que podría conducir a un progresivo aumento del uso del topónimo en catalán, la que se deriva de la Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo en la Comunitat Autònoma: «En el artículo 2 se han introducido unas ‘Modificaciones en la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears (art. 69)’ a propósito de las marcas turísticas en Balears, con una redacción que podemos calificar de histórica en cuanto a la isla de Eivissa, en que la marca en catalán Eivissa o la marca bilingüe Eivissa-Ibiza pasa a ser también oficial, además de la castellana Ibiza». Pero la realidad es implacable: en las ferias turísticas Fitur, WTM o ITB, ni de tapadillo se usan. 

El castellano, aunque también sea lengua oficial, no lo es «para ninguno de los topónimos»

Navarro lamenta que en las Pitiüses «resulta muy difícil de materializar» la normalización plena, «en su forma catalana, única oficial», de los topónimos correspondientes. Explica, en ese sentido, que el castellano, aunque también sea lengua oficial, no lo es «para ninguno de los topónimos (…) Es decir, la lengua propia y oficial de los topónimos es exclusivamente y únicamente la catalana». No son legales, de cara al uso oficial, «los topónimos en lengua castellana, ni pueden ser empleados», insiste. Eivissa sí o sí, aunque en la práctica se haga caso omiso.

El autor llama la atención al hecho de que ni siquiera el propio Estatut d’Autonomia de las islas fije y dé esplendor en este asunto: sí incluye el topónimo Illes Balears tanto en su versión catalana como castellana (en este caso, hasta 355 veces; las ha contado), pero no así Eivissa, que en castellano «no emplea la forma en catalán y dice Ibiza (sic), ejemplo manifiesto de dejadez y de inconsistencia interna». 

Incumplimiento «generalizado»

Ni los legisladores, vamos. «El grado de incumplimiento de la legalidad» a la hora de usar el topónimo catalán es «generalizado» en los textos oficiales publicados en castellano en el BOIB e incluso por parte del Parlament balear, el Govern y el Consell de Eivissa: «En la versión oficial castellana del BOIB, si bien se ha avanzado, nos encontramos con la evidencia de que el ‘paisaje lingüístico en catalán’ no se acaba de conseguir: es como si nadie se preocupara de esto. De este modo, salen retahílas de inconsistencias, cuando habría que hacer un control efectivo para que al menos el nombre de las instituciones y de los mismos órganos administrativos salieran siempre en catalán». 

Y lo mismo sucede con el topónimo Pitiüses, que no tiene manera de imponerse a Pitiusas (quién sabe si por economía de diéresis), de ahí que considere que «llegar a normalizar los topónimos Eivissa y Pitiüses en la forma catalana, como forma única, en textos oficiales en castellano es casi una heroicidad, un hito destacable».

Navarro culpa a «determinados medios de comunicación y al personal que los sirve o que trabaja, en particular en la prensa escrita, en papel y en internet», de obviar la toponimia correcta

Es mejor, comenta, la situación de los microtopónimos, más que nada «porque no hay otros, salvo que se hayan tomado prestado o se hayan inventado, cosa que también ha sucedido», como ocurre con el summum de la invención toponímica pitiusa, Atlantis, aberración de sa Pedrera: «La anarquía sigue existiendo y la normalización lingüística del catalán es inexistente, de manera directa y flagrante, o bien es tal el grado de incorrección lingüística que da grima transcribir los ejemplos, incluida la toponimia turística y sus inventos». El problema es que la plasmación escrita de la microtoponimia pitiusa «no logra en determinados ámbitos formales el grado de corrección y de protección efectiva que le corresponde», como ocurre en el catastro, en los registros estatales (civil, de la propiedad, mercantil y de bienes inmuebles) o en las actuaciones judiciales: «La normalización lingüística del catalán en esos ámbitos no llega o es casi un desiderátum imposible». Navarro culpa a «determinados medios de comunicación y al personal que los sirve o que trabaja, en particular en la prensa escrita, en papel y en internet», de obviar la toponimia correcta, con las consecuencias que ello comporta: si el lector lo ve mal escrito reiteradas veces, concluirá que es así como debe referirse a ese topónimo.  

El mismo Navarro, como secretario del Consell de Formentera, se las ha visto con la Justicia para que esta aplicara los topónimos correctamente, en catalán, pero, como admite, con la Iglesia se ha topado, más bien con el sólido e impenetrable muro judicial: «Una cosa tan fácil como esta es muy difícil de plasmar en una resolución judicial si la Administración de Justicia se emperra en no aceptarlo. Es el caso del acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, de fecha 12 de enero de 2022, en un asunto administrativo iniciado por el Consell de Formentera en el que, en relación con la Administración que había propuesto el nombramiento del nuevo juez de paz de Formentera, se refiere al pleno como Ayuntamiento de Formentera en lugar del pleno del Consell», una «ilegalidad manifiesta», a su juicio. Recurrió primero al TSJB para que «citara con corrección la toponimia oficial en cuanto al mismo Tribunal Superior de Justicia de esta Comunitat», para indicar que se trata del TSJ de las Illes Balears «con independencia de que el escrito se hiciera en castellano», y para que citara correctamente que la sede del tribunal se ubica en la ciudad de Palma (Mallorca), no en Palma de Mallorca, topónimo no oficial: «Pues bien, ni una cosa ni la otra, tan sencillas, fueron aceptadas por la Sala de Gobierno». La «emperrada» Sala de Gobierno.

«Claro» que sí, pero...

Navarro insistió e interpuso a continuación un recurso de alzada (en castellano) ante el Consejo General del Poder Judicial, que estimó el recurso en la parte relativa a la cita correcta de la institución que había propuesto el nombramiento del juez de paz (el Consell, no el Ayuntamiento de Formentera), pero que en el caso de la cuestión toponímica resolvió que confirmaba el parecer de la Sala de Gobierno del TSJIB. De ahí partió un nuevo recurso, en este caso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que si bien no estimó la demanda, sí admitió en su escrito que «claro que deben usarse [los topónimos en catalán]» en las resoluciones judiciales. Faltaría más. Claro en la teoría, no tanto en la práctica.

El secretario del Consell de Formentera, que admite que nunca hubiera imaginado que este asunto acabaría en el Tribunal Supremo, al menos se contenta con que esa frase (la precedida por el ‘claro’) «establezca, de una manera incontestable e irrefutable, que las leyes lingüísticas y las relativas al amparo y protección de la toponimia en las Balears sean derecho verdadero y no un sucedáneo de derecho». Una pequeña victoria, amén de agridulce (y ya se verá si aplicable o si se tiene en cuenta a posteriori), pues el Consell fue condenado a costas (3.000 euros), lo que, a su juicio, constituye una falta de «sensibilidad hacia la toponimia y la acción ejercitada en pro de la protección de un patrimonio, como este, de cariz inmaterial».

Pequeños hitos

Pico y pala, Navarro mantiene el pulso (aunque a veces parezca un Sísifo contemporáneo). Su última batalla tuvo lugar las pasadas elecciones locales y autonómicas, en mayo de 2023. El Consell de Formentera presentó su documentación con toda la toponimia en catalán, según los cánones, pero «fue modificada completamente por la Junta Electoral Provincial» balear: «De este modo, la documentación se publicó [en el BOIB] con todo tipo de errores: sin versión catalana propiamente, y con suficientes incorrecciones e ilegalidades toponímicas en la versión castellana. Así, sin pensarlo ni imaginarlo, resultó que estábamos ante un caso digno de crítica, porque la realidad se manifestó cruda, en toda su panoplia de variedades y de sorpresas, a veces inimaginables. La reacción del Consell de Formentera fue la de exigir la corrección de la documentación, cosa que al final se consiguió». Y de esto extrae una conclusión: «Queda patente que, si se está ‘encima’ de las cosas, se acaban consiguiendo hitos o pequeños hitos en la materia. Con todo, hace falta no despistarse, aunque sea demasiado pesado y poco ágil, cuando es una cuestión que las administraciones públicas —también la Administración electoral, en este caso— tendrían que hacer de oficio».

La normalización lingüística también afecta, indica, a las denominaciones de origen: «El supuesto más significado es el de las Hierbas Ibicencas y la impugnación hecha por el Consell de Formentera en 2015 de la Orden del conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio por la cual se aprueba el expediente técnico de la indicación geográfica Hierbas Ibicencas, de 26 de enero de 2015». Y no es el único caso: «Con todo, también hay otros supuestos, como por ejemplo en materia de productos naturales, que explicitan que la normalización lingüística del catalán en estas cuestiones es problemática». 

Por ejemplo, sucede con la Mel d’Eivissa/Miel de Ibiza: «Nos preguntamos por qué no podría ser Miel de Eivissa en la versión en castellano. Es el caso también del Oli d’Eivissa/Aceite de Ibiza. Y también nos preguntamos por qué no podría ser Aceite de Eivissa».

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