Santa Eulària estudia si debe anular el alquiler del local del primer teniente de alcalde

Los departamentos de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Santa Eulària estudian la posible nulidad o anulabilidad del contrato entre el Consistorio y la empresa Tur Rubio SL, de la que es socio el primer teniente de alcalde Miguel Tur, para el alquiler de la sede de Bienestar Social. En el momento de la contratación, Tur era propietario del 17,35% de la empresa familiar. La ley fija en el 10% la participación máxima que puede tener un alto cargo en empresas que contraten con la Administración, por lo que el concejal incurrió en incompatibilidad con su cargo desde noviembre de 2020 hasta la actualización de su participación el 20 de junio de este año.

En el último informe de la Oficina contra la Corrupción, antes de su cierre este año, advertía de que el contrato podía implicar una situación de conflicto de intereses dado que la condición del cargo de Miguel Tur podía haber «influido para obtener un beneficio indebido para la empresa familiar», una infracción muy grave de la ley 19/2013. La Oficina instó al «Ayuntamiento de Santa Eulària para que inicie los procedimientos administrativos de cualquier naturaleza que corresponden de acuerdo con las conclusiones anteriores». El Ayuntamiento no llegó a actuar al respecto.

La revisión del contrato se lleva a cabo tras la presentación el 12 de junio de un escrito por parte del Grupo PSOE para instar al Ayuntamiento a estudiar de oficio la legalidad del mismo. En el escrito consideran que el contrato es nulo de pleno derecho.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, explicó ayer a este diario que los servicios municipales están en proceso de elaboración de este informe y que, en caso necesario, se solicitará el criterio del Consell Consultiu para «que indique la forma adecuada de proceder» y aseguró que se actuará para regularizar la situación conforme a la legalidad.

Ferrer reconoció así la situación irregular, al tiempo que aseguró que «si en aquel momento se hubiese detectado esta incompatibilidad el contrato se hubiese parado». Aseguró que en todo momento se cumplió con la legalidad, conforme al criterio de los técnicos municipales.

El PSOE tenía previsto solicitar la destitución del primer teniente de alcalde en el pleno municipal celebrado ayer. Finalmente decidió no presentar la moción al conocer que, días después de la presentación del escrito en el que denunciaba esta situación, Miquel Tur regularizó su situación como socio de la empresa familiar para no incurrir en incompatibilidad con su cargo.

Debate municipal

En el pleno municipal, el PSOE planteó una serie de preguntas respecto a la situación tanto del contrato como de la incompatibilidad en la que incurrió durante casi cuatro años el primer teniente de alcalde. El portavoz socialista, Alan Ripoll, se limitó a plantear las preguntas con una breve exposición del escrito presentado ante el Ayuntamiento.

Respecto a la situación de incompatibilidad y la prohibición de contratar con la empresa en la que participa Tur, la alcaldesa le recordó que el impulso a este contrato fue una decisión aceptada «por todos los partidos políticos y a partir de ese momento todo ha seguido un proceso técnico» en el que aseguró que no había intervenido.

Señaló, respecto a la revisión de oficio del contrato, que se está llevando a cabo y que el Consistorio actuará «en el marco estricto de la legalidad». Recordó que el PSOE había tenido acceso desde 2020 a toda la tramitación y los acuerdos de la Junta de Gobierno, «es más, debido a la situación del primer teniente de alcalde dentro de la empresa con la que se contrataba, se hizo un concurso público cuando los contratos de alquiler son temas patrimoniales que no tienen por qué ir a concurso».

Añadió que todo el proceso se hizo con la máxima transparencia, llegando a celebrar una reunión con los partidos políticos para informar de esta alternativa. «La necesidad existía y la única decisión política fue buscar un local para Bienestar Social y todo el proceso ha seguido el máximo rigor», insistió. Dicho esto, aseguró que «se rectificará si se tiene que rectificar o se hará lo que haga falta hacer».

Ripoll también le preguntó al primer teniente de alcalde, con nombres y apellidos como si fuera un abogado en sede judicial, si había mentido en la declaración patrimonial y de actividades del año 2019. Tur le respondió con una pregunta: «¿Pero usted es juez?».

En la declaración entregada a la Oficina contra la Corrupción en 2019 figuraba la empresa familiar Tur Rubio S.L como sociedad en la que tenía intereses, pero la participación indicada era del 0%. En la declaración de 2023 sí aparecía una participación del 17,35%.

Contrato en pandemia

El expediente del contrato de alquiler del local de la empresa Tur Rubio S.L para su uso como sede del departamento de Servicios Sociales se inició en marzo de 2020. A la necesidad que ya existía de unas nuevas dependencias se sumó la situación de la pandemia.

En una reunión con los grupos políticos se puso de manifiesto la dificultad para encontrar un local, se señaló que este podía ser el único apto disponible y se ofreció la posibilidad de vetarlo.

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El procedimiento se llevó a cabo mediante licitación pública a la que no se presentó ninguna otra empresa. A pesar de la supuesta idoneidad, fueron necesarias una serie de reformas que hicieron que las oficinas no se abrieran hasta marzo de 2023.

El precio mensual fijado para el alquiler fue de 2.447 euros más IVA, según figura en el contrato que tiene una duración de 15 años.

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