Vicent Marí plantea un pacto social para revertir el impacto negativo del turismo

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, anunció ayer el impulso por parte de la institución insular de un gran pacto social «para que los beneficios del turismo reviertan en el bienestar de los residentes», de forma que «se pueda vivir de una forma digna y el crecimiento económico no sea sinónimo de precarización».

La propuesta la planteó durante su discurso inicial del debate de política general, cuando se cumple un año del inicio del mandato. Marí señaló la dicotomía del modelo turístico, que ha supuesto progreso y riqueza, pero al mismo tiempo ha llevado a que «muchos ciudadanos padezcan los efectos de una crisis habitacional y el aumento de la carestía de vida».

Aseguró que «uno de los grandes objetivos» de la institución «seguirá siendo impulsar medidas que faciliten que los pisos residenciales vuelvan al mercado del alquiler». En este sentido, recordó su intención de presentar una enmienda al decreto de simplificación administrativa para incrementar las sanciones contra el alquiler turístico y el transporte ilegales.

También anunció que «están muy avanzados» los trámites administrativos para poder aplicar el precinto de pisos turísticos ilegales, una medida que el Ejecutivo insular anuncia que pondrá en marcha desde el inicio del pasado mandato, hace cinco años, algo que se le recordó desde la oposición. Marí aseguró que ahora será posible gracias al decreto ley de vivienda y de simplificación administrativa.

Recordó que en los últimos años han disminuido en 10.500 las plazas legales existentes, debido a bajas de establecimientos y reformas de modernización, por lo que «es en la actividad no reglada y en la comercialización de plazas sin licencia donde se debe incidir».

En materia de sostenibilidad, el presidente hizo referencia a la iniciativa parlamentaria para regular la entrada de vehículos en la isla, que dio por sentado que se aplicará ya en 2025. Una medida que relacionó con la puesta en marcha del futuro contrato de transporte insular por valor de 11 millones de euros y para el que pidió el apoyo de otras instituciones.

Planteó también la necesidad de incidir en el reto de la sostenibilidad ambiental e indicó que se trabaja en proyectos de mejora por valor de 14 millones de euros en el vertedero de Ca na Putxa y en la planta de transferencia de residuos.

El presidente también hizo referencia al esfuerzo que se ha hecho en materia de colaboración con las instituciones locales, tanto económica (destacó la aportación de 14,4 millones para proyectos a través del Pla de Cooperació), como en materia de impulso a diferentes iniciativas. Entre otras, hizo referencia a la aprobación del PGOU de Vila, el derribo de las ruinas de Cala d’en Serra, la nueva rotonda de entrada a Sant Josep y la reconversión de la E-10.

También resaltó el esfuerzo de la institución en materia de servicios sociales. Indicó que más del 50% del presupuesto se dedica a políticas de atención y asistencia a las personas con la aprobación de la Cartera de Servicios y resaltó los pasos dados hacia la concertación.

Oposición

El portavoz del PSOE, Josep Marí, indicó que Ibiza ahora es mejor «para los infractores, los especuladores y los que hacen negocios aprovechándose del sistema». «Tenemos una isla que de puertas hacia afuera da una imagen de opulencia mientras de puertas hacia adentro esconde a personas malviviendo en tiendas de campaña, con trabajo y nómina, que no encuentran un sitio digno en el que vivir», lamentó.

Auguró que las medidas impulsadas por el Govern en materia de vivienda «no serán suficientemente rápidas», y criticó que se destinen a beneficiar al sector privado «que seguramente preferirá seguir operando con las reglas del mercado». Exigió la aplicación de la limitación del alquiler que permite la ley estatal de vivienda, una medida que recordó que han reclamado que se implemente algunas entidades sociales de la isla. Censuró las «prisas» para poner en marcha el decreto de amnistía urbanística, «que es una aberración desde todos los puntos de vista que permitirá la legalización de atentados paisajísticos y urbanísticos», mientras temas como la contrata de transporte o la cesión de las competencias en materia de agua o de residencias, siguen sin desarrollarse.

Por su parte, Óscar Rodríguez, conseller de IU en el grupo de Unidas Podemos, aprovechó la reciente victoria de España en la Eurocopa para señalarle al equipo de gobierno que los problemas de los ibicencos han cambiado poco desde la anterior victoria en el mismo torneo, hace 12 años. «Trae un discurso que parece de primer año de legislatura cuando ya llevan cinco años gobernando», le recordó a Marí, al que reprochó que sigan trabajando en el diagnóstico de problemas, «que siguen siendo los mismos, en muchos casos peores que hace cinco años. ¿En qué momento empezará a ser responsable de alguna de las cosas que pasan en esta isla?», preguntó.

Respecto a la saturación turística, Rodríguez indicó que sirve de poco que se limite el alquiler turístico en rústico, como indica la nueva modificación del PTI, cuando se autorizan las estancias turísticas en casas payesas, una medida aprobada a nivel balear por el Govern de PSOE y Podemos.

Desde Vox, Jaime Díaz agradeció el tono poco triunfalista del presidente, si bien exigió más ambición por parte de la institución en la lucha contra los alquileres turísticos ilegales, con más medios humanos y materiales.

Se mostró crítico con la colaboración con el tercer sector, para el que pidió una mayor fiscalización de contratos; y con la inversión del Consell en materia de atención a menores migrantes, que consideró una forma de plegarse «a las exigencias de Madrid».