El Consell pide al Govern que elimine la exigencia del catalán a los funcionarios

El pleno del Consell de Ibiza aprobó, entre las propuestas planteadas por el Partido Popular en el Debate de Política General , instar al Govern a que haga los cambios necesarios para que el catalán pase a ser un mérito y no un requisito para acceder a la función pública. Desde PSOE y Podemos mostraron su sorpresa por la propuesta, que indicaron que va más en la línea política del partido Vox, que apoyó la petición.

En la sesión, los partidos aprobaron 62 de las 181 propuestas planteadas por los grupos. Por parte del PP, que al tener mayoría absoluta pudo aprobar todas las ideas que planteó, recibió el apoyo unánime para doce de ellas. Entre otras, destaca la solicitud para endurecer las sanciones por incumplimientos en las residencias de mayores, la creación de un registro único de viviendas turísticas legales que se puedan publicar en plataformas turísticas, o la solicitud al Estado para dar un nuevo impulso a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) en el solar que hay junto a la comisaría de la Policía Nacional. También se aprobó la solicitud al Estado de un nuevo convenio de carreteras que el Consell estima que debe recoger proyectos por valor de 129 millones de euros.

De las 51 propuestas planteadas por el PSOE se aprobaron nueve, entre las que está el compromiso del Consell de adquirir suelo para cederlo al Ibavi para construir VPO, reforzar las medidas de control del alquiler turístico y el transporte ilegal o realizar un estudio de alternativas a la circulación en el interior del pueblo de Sant Josep.

De las 46 propuestas de Vox se aprobaron 16, ninguna de ellas apoyadas por el PSOE, pero sí por Unidas Podemos. Entre otras, la habilitación de más plazas de inspección, la solicitud de un juzgado centrado en asuntos de vivienda o la obligación de que todos los tejados en suelo industrial cuenten con placas solares.

En cuanto a las 60 propuestas de Unidas Podemos, 13 recibieron apoyo, entre las que está instar al Estado para usar la residencia militar Héroes de Filipinas como alojamiento para funcionarios, la construcción de la estación de autobuses de Santa Eulària o la prohibición durante tres años para poder iniciar actividad turística de aquellas empresas que incumplan los requisistos fijados por la ley.