La reiterada concesión al Club Náutico Ibiza sin mediar concurso sustenta la prevaricación

La jueza considera que se maniobró para hacer un traje a medida para que la entidad social pudiera mantener su espacio en el puerto de Ibiza

Detalle de los pantalanes del Club Náutico Ibiza. | VICENT MARÍ

Detalle de los pantalanes del Club Náutico Ibiza. | VICENT MARÍ

Isaac Vaquer

Isaac Vaquer

De todas las diligencias practicadas a lo largo de los años que ha durado la instrucción, la jueza de instrucción Martina Mora considera que se desprende que las personas investigadas en el caso Puertos trabajaron desde el principio para ‘vestir’ la decisión ya tomada de otorgar la explotación de esta parte del dominio portuario en el puerto ibicenco al Club Náutico de Ibiza (CNI), que ostentaba esta concesión desde 1927.

Según fuentes de la instrucción, en el auto se considera que las decisiones que se tomaron no eran para preservar que esa parte del dominio público fuera ocupada por una entidad con fines deportivos y sociales que pusiera precios asequibles para los amarres, sino que se buscaba exclusivamente la continuidad del CNI en particular.

La jueza investiga por prevaricación al expresidente de la APB, Joan Gual de Torrella, al exalcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, y a los responsables del CNI como cooperadores necesarios.

La política contra la ley

La jueza recapitula desde 2009, último año de concesión legal al CNI. Ese año, el Parlament balear, el Consell de Ibiza e incluso del Congreso de los Diputados emiten declaraciones políticas que reconocen el interés estratégico y relevante de mantener la concesión al CNI. Unas declaraciones políticas que, sin embargo, apoyaban una petición que no se adecuaba al marco estrictamente jurídico.

La APB recibió dos informes, uno de la Abogacía del Estado y otro de un catedrático de Derecho Administrativo, en los que se indicaba que el CNI no reunía las condiciones para obtener la prórroga de la concesión por ese interés estratégico y relevante. A pesar de ello, cuando a finales de 2009 el CNI presenta su solicitud de prórroga, se le concede.

La jueza apunta que desde ese momento, procedimientos administrativos mediante, se mantuvieron las prórrogas al CNI desde 2010 hasta 2021, cuando este tipo de procedimiento sólo está permitido durante tres años.

En 2015, tras cinco años de situación extraordinaria del CNI en su concesión, aparece una modificación de la Ley de Puertos que introduce la figura de las concesiones llamadas de «competencia de proyectos». Según la jueza, se elige este procedimiento porque los investigados pensaban que sólo permitía la participación del CNI y, además, incluía una concesión de 35 años.

El proceso se inicia con un anuncio publicado por el propio CNI, asesorado por la APB, en el que solicita esta concesión y se da el plazo de un mes a cualquier interesado a presentar su solicitud al respecto. La sorpresa es que dos empresas concurren al proceso.

Desde ese primer momento se habría hecho lo posible por allanar el camino al CNI, según el auto. En la fase de instrucción se acredita, considera la instructora, que desde los servicios jurídicos de la APB se quería excluir a las dos entidades que se presentaron a la adjudicación por no ser clubes náuticos. Fue la Abogacía del Estado la que, a través de un informe, obligó a admitir a las tres entidades que se presentaron al proceso.

Aceptadas las candidaturas, se decide hacer un concurso a medida que incluye el factor de «arraigo» como el de mayor valor y garantía de que la concesión se hará al CNI.

Dos sentencias en contra

El consejo de administración de la APB aprobó estos criterios en 2016. La jueza considera que el exalcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, era el único consciente de que estos criterios se redactaron expresamente para que el CNI obtuviera la concesión y que su voto favorable era a sabiendas de que cometía una injusticia. Al parecer, el auto no abunda en cómo Ruiz supo que había una intención de prevaricar.

Una vez aprobados los criterios, en el auto se indica que se creó una comisión técnica favorable a la concesión al Club Náutico que la jueza considera que servía para ‘vestir’ este procedimiento. De hecho, señala que uno de los miembros de esta comisión se retiró al considerar que se favorecía indebida y arbitrariamente al CNI.

Fachada del Club Náutico Ibiza.

Fachada del Club Náutico Ibiza. / Toni Escobar

Dos sentencias de 2018 y 2020 tumbaron tanto la primera como la segunda decisión de la APB de otorgar la concesión a la entidad para la que la instrucción indica que se hizo un proceso a medida. La jueza señala que, incluso después de estos dos varapalos judiciales, se insistió en buscar una salida adecuada para el CNI, evitando en todo momento la convocatoria de un concurso.

En una conversación telefónica recogida en la instrucción entre Gual de Torrella y otro de los investigados, este último señala respecto a las actuaciones a favor del CNI que se había cometido un error y que no era posible alargar más la situación dado que se vería claramente la decisión de prevaricar. La conversación era de 2020, tras la segunda sentencia del TSJB. Es por ello que advertía al presidente en aquel momento de que no se podía seguir por esa vía.

A pesar de las reiteradas declaraciones por parte del expresidente de la APB de que estas decisiones se tomaron por el interés de la náutica social en la ComunitatAutònoma, la jueza considera que el único interés que se tenía en cuenta era el del Club Náutico de Ibiza.

Apuntes | Contexto social y político favorable

La jueza considera muy relevante el testimonio como testigo del capitán marítimo José Escalas, que indicó que todos los consejeros tenían claro que se había creado un contexto social y político de favorecimiento al CNI. Es por ello que en ese procedimiento, Escalas planteó que se extendiera ese criterio a todos los casos similares para evitar la apariencia de traje a medida para el CNI. En el auto se señalan las reiteradas peticiones de partidos y entidades locales, insulares y autonómicas a favor del CNI.

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