Caso Puertos | El auto previo al juicio oral

La concesión al Club Náutico Ibiza suponía perder más de siete millones de euros a Puertos

La instrucción concluye que existen indicios de la comisión de un delito de fraude a la Administración al rechazar dos ofertas que ofrecían mayores ingresos, una de ellas no subía las tarifas de los amarres

Gual de Torrella y Rafa Ruiz en un acto en el Club Náutico Ibiza, cuando ambos seguían en sus cargos. | VICENT MARÍ

Gual de Torrella y Rafa Ruiz en un acto en el Club Náutico Ibiza, cuando ambos seguían en sus cargos. | VICENT MARÍ

Isaac Vaquer

Isaac Vaquer

Uno de los delitos que la jueza del caso Puertos imputa tanto al expresidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Joan Gual de Torrella, como al exalcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, y a otros altos cargos de la entidad portuaria es el de fraude a la Administración, al haber otorgado al Club Náutico Ibiza (CNI) la concesión en un primer momento con la consecuente pérdida de ingresos para la APB.

Una actuación que no habría supuesto lucro para los investigados, pero que según la jueza implicaría un perjuicio para el ente portuario de más de siete millones de euros en ingresos durante el periodo concesional a través de varias prórrogas para el CNI.

La comisión de este delito se remonta al primer procedimiento impulsado por la APB para otorgar la concesión al CNI sin la realización de un concurso, al que finalmente obligaría el Tribunal Superior de Justicia de Balear (TSJB). En el auto se indica, según ha podido saber Diario de Ibiza, que las ofertas de las dos entidades que se presentaron junto al CNI ofrecían una mejora de la tasas a pagar a la Administración.

Mientras que la oferta del CNI incluía sólo el pago de las tasas mínimas, la oferta del Club Deportivo Básico Doce Millas (Cdbdm) apuntaba una mejora de tasa de actividad por importe de entre 265.000 y 448.000 euros. Por su parte, la oferta de la entidad Portocolom implicaba unos ingresos extra para la APB de alrededor de 300.000 euros al año, se detalla en el auto.

Según la jueza del caso, Martina Mora, indican fuentes de la instrucción, este hecho era conocido por los funcionarios de la APB implicados en el proceso de análisis de las ofertas, como por el propio Gual de Torrrella. Es por ello que la jueza considera que, al haber elegido la oferta del CNI, se cometió un fraude para las arcas públicas de, al menos, de 7,6 millones de euros y que podría alcanzar los 12,9 millones.

Señala, además, que todas las personas implicadas en esta concesión sabían que los cánones anuales propuestos para esta concesión no se estaban dedicando a fines deportivos o sociales.

Amarres

Según la jueza, ni siquiera se renunciaba a estos ingresos para mantener un precio inferior para los amarres, dado que las ofertas no proponían unas tarifas superiores a las que planteaba el CNI.

A este respecto, en el auto se señalan las dificultades para poder determinar cómo se definieron las puntuaciones por la propuesta detarifas. El CNI recibió la puntuación más alta en este apartado; sin embargo, al menos una de las ofertas ofrecía unas tarifas más bajas.

La jueza señala además que las tarifas del CNI eran de entre 0,1 y 0,48 euros por metro cuadrado para las embarcaciones de base y de 2,87 a 3,54 para las que estaban de paso. La entidad Cdbdm ofrecía por su parte una tarifa de 0,17 a 0,45 euros por metro cuadrado para las embarcaciones de base y de 1,15 a 3,5 euros para las que amarraban de forma puntual. A pesar de los precios aparentemente más bajos de Cdbdm, esta obtuvo siete puntos frente a los ocho del CNI.

Este es uno de los indicios que hacen pensar a la jueza en una decisión arbitraria por parte de las personas investigadas y que no cumpliría con el criterio defendido por las partes de renunciar al beneficio económico a cambio de obtener un dividendo social a través de tarifas más baratas para los usuarios.

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