Crisis habitacional

El Govern abre una consulta para una nueva Ley de Vivienda sin tope al alquiler

La conselleria balear de Vivienda publica el proceso participativo para redactar el anteproyecto de ley que busca facilitar el acceso a la vivienda o reducir la ocupación ilegal

Vistas de una zona residencial en Ibiza

Vistas de una zona residencial en Ibiza / V.M

Isaac Vaquer

Isaac Vaquer

Balears tendrá una nueva Ley de Vivienda que busca implementar las recetas del nuevo Ejecutivo para solucionar el problema de accesibilidad que existe en la Comunitat Auònoma y adaptar la norma a la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, de ámbito estatal. Eso sí, el Govern no prevé incluir una de las medidas más novedosas de la norma nacional, la declaración de zonas tensionadas que la consellera de Vivienda ha reiterado en varias ocasiones que no es la línea a seguir por el Govern.

La conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern de les Illes Balears ha abierto la consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto de la nueva Ley de vivienda. La conselleria habilita un plazo de dos meses con el fin de que la ciudadanía y las diferentes entidades y organizaciones puedan aportar todas aquellas propuestas que en el ámbito legislativo, y en materia de vivienda, sean susceptibles de incorporarse al futuro borrador del anteproyecto de ley.

Dentro de la memoria de la consulta, la conselleria señala que durante los seis años desde que se promulgó la ley vigente, 5/2018, se han realizado diversas modificaciones con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, «pero no han sido efectivas para contener el incremento de los precios», indica.

Medidas

Uno de los objetivos de la nueva norma será el de «facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles, tanto de iniciativa pública como privada». Para ello, se quiere reforzar la colaboración con el sector privado para incrementar el parque de vivienda «a precio asequible» que propicie un decrecimiento en los precios.

Desde el Govern recordaron que ya se han puesto en marcha diversas medidas y programas enfocados a aumentar la oferta de viviendas a precios asequibles para los residentes en Balears, como el Decreto ley de emergencia, con el que se ha creado la figura de la vivienda de precio limitado y que favorece también la construcción de más vivienda protegida; el programa ‘Construir para alquilar’, de cesión de suelo público a la iniciativa privada para la construcción de viviendas protegidas; y la previsión de poner en marcha el programa ‘Alquiler seguro’, basado en la intermediación del Govern para captar viviendas vacías a los propietarios con la garantía del cobro del alquiler, y subarrendar estas viviendas por debajo del precio de mercado.

La nueva norma contendrá también «medidas que indirectamente puedan ayudar a reducir la ocupación ilegal de viviendas». El texto resalta que este hecho «se ha ido agravando en los último años fomentado con políticas permisivas con este fenómeno que no han hecho sino agravar la problemática», sin detallar a qué políticas se refiere o dar datos.

A este respecto, cabe señalar que en una consulta del PP sobre datos de okupación en Balears actualizada a 2022, las cifras anuales oscilaban entre los 221 delitos y faltas de 2015 a los 373 de 2022 con un pico de 509 en 2021 tras la pandemia. En 2022 había 564.426 bienes catastrales de uso residencial en suelo urbano.

El texto también prevé agilizar trámites como la declaración de vivienda de protección oficial (VPO) y clarificar algunos procesos en relación con esas viviendas como la concesión de autorizaciones para el arrendamiento o las reformas. También está previsto establecer un nuevo régimen de infracciones y sanciones «adaptado a la realidad actual».

La consulta pública se abre de forma telemática a través del portal de Participación Ciudadana del sitio web del Govern.