El PSOE denuncia el gasto de 800.000 € en un local de la empresa del primer teniente de alcalde de Santa Eulària

El Ayuntamiento contrató el alquiler de un inmueble destinado a Servicios Sociales con Tur Rubio SL, de la que el primer teniente de alcalde es propietario en un 17,35%

Centro de Servicios Sociales de Santa Eulària

Centro de Servicios Sociales de Santa Eulària

Isaac Vaquer

Isaac Vaquer

La empresa Tur Rubio SL, propiedad en un 17,35% del primer teniente de alcalde de Santa Eulària, Miguel Tur, alquiló al Ayuntamiento del municipio un local por 499.590 euros a quince años al que el Consistorio ha destinado otros 334.000 euros para su reforma integral para habilitarlo como centro municipal de servicios sociales.

El grupo PSOE de Santa Eulària denunció ayer que se trata de un hecho que supone la nulidad del contrato y la obligación de Miguel Tur de renunciar a su cargo «conforme a la legalidad vigente».

Por este motivo, el portavoz de los socialistas de Santa Eulària, Alan Ripoll, explicó en rueda de prensa que presentarán hoy un escrito ante el Ayuntamiento en el que solicitan que la Administración municipal proceda a tramitar la revisión de oficio del contrato, además de la declaración de incompatibilidad del primer teniente de alcande para su posterior renuncia al cargo. «Exigimos que se tomen medidas inmediatas para que sea corregida esta situación», indicó Ripoll, que calificó de «muy graves» estos hechos.

Contrato en pandemia

El Ayuntamiento de Santa Eulària inició en marzo de 2020 el proceso para alquilar un local destinado al Departamento de Bienestar Social mediante un concurso público. El concurso se inició en julio, motivado entre otros aspectos por la necesidad de espacios que requería la pandemia del covid, aunque las oficinas no entraron en funcionamiento hasta 2023.

El contrato se adjudicó en septiembre de 2020 a la empresa Tur Rubio SL, formalizándose el 23 de noviembre de aquel año. La empresa del concejal presentó la única oferta para un contrato que requería un local de entre 280 y 350 metros cuadrados ubicado en una planta baja dentro del pueblo.

Posteriormente, el Ayuntamiento invirtió un total de 333.815,22 euros en la reforma integral de este local. «Unas mejoras que quedarán, obviamente, en beneficio de esta empresa al finalizar el contrato de arrendamiento», añadió a este respectó el portavoz socialista.

Denuncia en anticorrupción

El grupo Socialista presentó en su momento una denuncia ante la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears. Este organismo, cerrado hace pocos meses por el Govern de la popular Marga Prohens, recoge en la memoria de 2023 que el concejal incurría en un conflicto de intereses. Consideró que la empresa adjudicataria estaba en una situación de prohibición de contratar a causa de los vínculos familiares y económicos del concejal.

Una vez conocido el informe de la Oficina Anticorrupción, se confirmó que Tur Rubio SL era propiedad del primer teniente de alcalde en un porcentaje del 17,35%. Según explicaron ayer desde el PSOE, la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establecen claramente la incompatibilidad de un concejal de ser contratista del Ayuntamiento si es propietario de más del 10% de la empresa con la que pretende contratar con la corporación de la que forma parte.

El portavoz socialista calificó estas irregularidades de «una muestra más de la forma clientelar de funcionar del Ayuntamiento de [la alcaldesa] Carmen Ferrer y anteriormente de Vicent Marí. Un Partido Popular que hace años, muchos años, que utiliza el Ayuntamiento de Santa Eulària en beneficio de unos cuántos, los suyos, y en detrimento de los intereses de la mayoría» de la población.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària lamentaron, poco después de la rueda de prensa del PSOE, que «un asunto de 2020 y cerrado por la Oficina Anticorrupción el año pasado quiera ser aprovechado con fines partidistas por el PSOE».

Recordaron que Anticorrupción ni denunció el contrato a Fiscalía ni obligó a resolver el contrato y que sólo estableció que se debía contar con un Plan de Medidas Antifraude, que ya existía, y la obligación de que la alcaldesa no forme parte de la Mesa de Contratación en aquellos acuerdos cuyo órgano de contratación es Alcaldía, «algo que ya hace tiempo que se viene cumpliendo».

Señalaron que en su momento, y atendiendo a la posibilidad de que surgiesen suspicacias en referencia al procedimiento, se ofreció a los representantes del PSOE y de Unidas Podem el veto al alquiler de dicho local, derecho que no ejercieron ninguno de los dos partidos.

«La transparencia ha sido total y absoluta en este procedimiento. Empezando por el hecho de que se hiciera una licitación para una contratación que, según la normativa, se podría haber hecho de forma directa», aseguran desde el Consistorio, lo que abrió la posibilidad de que cualquier propietario con un local que pudiera cubrir las necesidades de espacio de Servicios Sociales, presentara una oferta.

Informaron además de que desde Servicios Sociales se analizaron 12 locales de los que se tenía conocimiento que estaban en alquiler y se estimó que ese era el más adecuado, «pero, aun así, se realizó un procedimiento abierto para que cualquiera pudiera presentarse y conseguir así el mejor espacio para los usuarios de este departamento y sus trabajadores». Durante dicho procedimiento, así como el de su adecuación, no se presentaron alegaciones en contra, lo que da idea también de la falta objetiva de irregularidades, indicaron.

En cuanto a la reforma, explicaron que estas eran necesarias para «cumplir con los requisitos mínimos de unas oficinas que acogen a cerca de una quincena de personas, que deben ofrecer una atención al público variada garantizando cuestiones como la privacidad y la dignidad en todo momento, además de cumplir con las condiciones suficientes para que los trabajadores cumplan sus funciones en las condiciones mínimas exigibles».

El Consistorio insistió en la defensa de la honorabilidad de todos sus miembros, tanto de los directamente afectados en este caso, como la de los técnicos y trabajadores de la casa.