Prohens afirma que la victoria del 9J avala su amnistía urbanística en Baleares

La presidenta del Govern balear defiende el decreto ómnibus ante las críticas de toda la oposición en la sesión del Parlament: «¿Sabe dónde lo he llevado? A las urnas»

Marga Prohens, durante el pleno de ayer en el Parlament balear. | CATI CLADERA/EFE

Marga Prohens, durante el pleno de ayer en el Parlament balear. | CATI CLADERA/EFE

«¿Sabe dónde he llevado este decreto? A las urnas». La presidenta del Govern, Marga Prohens, considera que los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado domingo, en las que consiguió la victoria con el 35,78 por ciento de votos, han servido para «validar» todas las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo autónomo en el último año, incluso el decreto ley ómnibus que incluye la amnistía urbanística en suelo rústico.

Los comicios, en los que solo participaron cuatro de cada diez ciudadanos con opción a voto, han sido utilizados por el Partido Popular como aval a todas sus decisiones, desde la supresión del Impuesto de Sucesiones hasta la aprobación de la amnistía urbanística. El portavoz popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, se pronunciaba ayer en la misma línea que la presidenta: «Los ciudadanos han refrendado en las urnas la gestión del Govern, que incluye este decreto que incorpora medidas de simplificación, de racionalización y para evitar el exceso regulador, acabando con los cuellos de botella y la exagerada burocracia».

Sobre el decreto, Prohens insiste en que «no va dirigido» a especuladores, grandes bancos o fondos buitre como denuncia la oposición y las organizaciones ecologistas, sino que busca «dar una solución a las familias para que puedan arreglar un techo o una instalación eléctrica». Además, insiste en que «lo único» que permite este decreto es «quitar burocracia y clarificar la telaraña normativa» del anterior Govern del Pacto «que daba más poder a las Administraciones públicas».

Desde el PSOE rechazan por completo el decreto de «depredación administrativa y urbanística» y anuncian que recurrirán «con todas las fuerzas» para pararlo ante el Tribunal Constitucional.

Reproche de Vera a la UIB

El conseller de Educación, Antoni Vera, reprochó a la dirección de la Universitat de les Illes Balears (UIB) su negativa a contratar con empresas israelíes por la guerra de Gaza, tal como acordó la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). La diputada de Vox Patricia de las Heras criticó a la UIB por acordar no establecer convenios, contratos o acuerdos con empresas de Israel, como «xenófoba y discriminatoria por plegarse a las presiones de los colectivos antisemitas».

En este sentido, el portavoz de los socialistas, Iago Negueruela, acusa a la presidenta de tramitarlo como proyecto de ley para intentar que cuando acudan al TC no les puedan decir que no se ha tramitado como proyecto de ley: «Están cometiendo un fraude democrático, con la modificación de 50 leyes sin ningún dato, ningún informe, ninguna consulta ni ninguna alegación de ninguna entidad».

Negueruela denuncia que en un momento en el que «la fragilidad de nuestro territorio, limitado y más sensible que otros a las consecuencias del cambio climático» reclama medidas de protección y conservación, el Govern ha decidido dar «más gasolina a los sectores que le piden una medida ultraliberalizadora, ya sea para quemar la Comisión Balear de Medio Ambiente o para satisfacer a promotores, constructores y grandes inmobiliarias».

Més per Mallorca también se posicionó en contra y el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, lanzó un dura crítica a Prohens tras su defensa del decreto: «Usted dice que no incrementa la presión sobre el suelo rústico, pero permitirán construir en áreas de prevención de riesgos. ¿Y por qué aumentan la superficie edificable? ¿Por qué es necesario que las viviendas aumenten de 300 a 500 metros cuadrados? ¿Esto es para los pequeños propietarios que tienen dificultades para llegar a final de mes y necesitan ampliar sus chalets?».

Por su parte el GOB pidió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recurra el decreto ante el Tribunal Constitucional porque la impugnación por parte del Gobierno central produciría su suspensión: «Implica consecuencias graves en cuanto a las garantías de protección de los recursos naturales y del suelo, además no se justifica en absoluto la urgencia más allá de la evitación del debate social y político de un cambio sin precedentes en la regulación del marco normativo».

«Aspectos como la eliminación de la Comisión de Medio Ambiente, la legalización de edificios en rústico, los nuevos aparcamientos en playas saturadas, la modificación de la Ley de Reserva de Biosfera, la desarticulación de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el GOB sobre el Bienestar de las Generaciones presentes y futuras, la posibilidad de construir en zonas de Prevención de Riesgos, o aumentar la edificabilidad del suelo rústico de manera que se puedan levantar y consolidar edificaciones de grandes dimensiones , ni tienen urgencia ni son simplificación administrativa, sino pura desprotección de los valores territoriales de las islas y un deterioro democrático», denuncian.

En su intervención, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, defendió la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente «únicamente para despolitizar y priorizar el carácter técnico y garantista de la evaluación ambiental».

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