Decreto de Amnistía Urbanística

Ataque ampliado a las torcaces y otras medidas del decreto de simplificación del Govern

La norma de simplificación administrativa publicada esta semana incorpora, además de la amnistía urbanística, toda una serie de medidas en muchos ámbitos, algunas directamente orientadas a Ibiza

Isaac Vaquer

Isaac Vaquer

El decreto de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativa, que entró en vigor el pasado 29 de mayo, ha dado que hablar sobre todo por la medida de amnistía urbanística. Una normativa que, por cierto, todavía no está vigente en Ibiza. El Consell debe aprobar en pleno la medida para que aquellos que construyeron de forma ilegal puedan beneficiarse de la norma.

Pero, además de esta relevante medida, que permite legalizar esas obras que no cumplen con la norma con un recargo del 10% del coste de la obra a modo de sanción - el 5% si el interesado tiene una renta inferior a 33.000 euros anuales y del 7,5% si sólo percibe una renta de 52.800 -frente al 250% que llega a imponer la ley de Urbanismo de Balears, la norma contiene un rosario de medidas que abarcan desde la agricultura hasta la energía pasando por la asistencia social.

Este artículo no hace un análisis exhaustivo de la ley, con 67 artículos, ocho disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias y una derogatoria. Es imposible hacerlo en una página de diario. Simplemente recoge algunas medidas de las que, o no se ha hablado, o sencillamente se han mencionado de pasada y pueden tener un impacto en la vida de los ibicencos.

Caza extra a las torcaces

La ley de caza y pesca fluvial ya incorporaba la declaración de emergencia cinegética cuando la abundancia de una determinada especie resultase perjudicial para la actividad del sector primario.

El decreto incorpora, en su artículo 12, la posibilidad de ampliar los periodos de caza, permitirla en épocas de veda o la ampliación de cuotas, además de otras medidas excepcionales «incluidas las prohibidas con carácter general» si se consideran oportunas.

Una medida que parece pensada para el impacto del aumento poblacional de las palomas torcaces sobre cultivos como la viña o los cereales.

Cargador privado en la calle

El decreto también incluye una medida para la ampliación de la red de carga de vehículos eléctricos a través de particulares o empresas, que podrán instalar sus puntos de carga en la vía pública.

Dado el coste de los postes para conectar vehículos a la red, no será cualquiera el que los instale. El conseller de Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, anunció la medida indicando que estaba pensada principalmente para empresas que quisieran contar con puntos de carga en la vía pública.

Previo convenio de instalación y explotación con el Ayuntamiento o el Instituto Balear de la Energía (IBE), podrán instalarlos junto a plazas de aparcamiento. Serán de acceso público y estarán integrados en la red Melib y podrán cobrar por la recarga.

Derribo en cala d’en Serra

La estructura inacabada de cala d’en Serra, en Sant Joan, que lleva años levantada en pleno paraje natural, podría tener sus días contados.

Al menos esa es la intención de la declaración de su derribo como de utilidad pública «así como la necesidad de ocupación de los terrenos donde se ubica esta construcción en ruinas al efecto de que la administración pública insular o municipal obtenga los terrenos».

Una actuación que la norma exige que se haga «con vistas a la recuperación ambiental de los terrenos naturales y para que el espacio vuelva a su estado original».

Residencias de difícil cobertura

La sobrecarga de trabajo, con dobles turnos y dificultades para cubrir vacaciones, es uno de los problemas que llevan años sufriendo los trabajadores de las residencias dependientes del Govern en Ibiza: Can Raspalls, Can Blai y Sa Serra.

Entre los motivos, los bajos sueldos que hacen poco atractivo el sector y llevaron a los trabajadores a la huelga el año pasado. La disposición adicional primera del decreto declara de «difícil cobertura» los puestos estructurales o coyunturales que desarrollen funciones para las residencias de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal de Balears.

La declaración será durante cuatro años y ahora el Consell de Govern deberá definir a qué puestos están afectados por esta declaración y a cuánto asciende la subida de sueldo que va asociada a esta figura. En cualquier caso será una solución temporal a un problema que parece enquistado en muchos sectores en Ibiza.

Suscríbete para seguir leyendo