Siete años de espera sin poder cumplir el derribo de una mansión ilegal en Ibiza

La farragosa lentitud de la Justicia y la Administración es un gran trampolín para la gente sin ningún escrúpulo a la hora lucrarse. En Eivisa ya son muchos los casos, con el claro exponente de Francisca Sánchez Ordóñez, Paquita Marsan, al frente de Casa Lola y de Casa Paola. Otro personaje, Anasse Z., va camino de igualar su ejemplo, también en el municipio de Sant Josep, donde explota abiertamente un complejo turístico ilegal pese a que cuenta, incluso, con una orden de demolición desde 2017.

Como informó este diario el lunes, Anasse Z. vuelve a comercializar sus alojamientos sin licencia turística en su finca de la calle Formentera (o Camí de les Oliveres), en el Puig des Corb Marí. Allí explota una villa ampliada ilegalmente y los estudios adosados a esta edificación. Estas construcciones se encuentran en una parte del terreno que tiene la categoría de suelo urbano.

También alquila, sin ningún tipo de autorización administrativa, dos bungalows construidos en la misma parcela, pero en suelo rústico protegido al estar dentro del perímetro del Parque Natural de ses Salines. Esta doble clasificación complica cualquier intento de obtener información. Así, dentro de una misma propiedad, la zona urbana es competencia del Ayuntamiento de Sant Josep, mientras que la parte rústica protegida depende del Consell de Ibiza.

Proceso con demoras

Tal y como consta en el archivo digital del Ayuntamiento de Sant Josep, la junta de gobierno local denegó a Anasse Z., en agosto de 2016, una licencia para legalizar las ampliaciones realizadas en su propiedad. Esto implica que, previamente, los técnicos municipales habían detectado que el propietario había cometido irregularidades, construyendo más superficie sobre la casa original.

En julio del año siguiente, la junta de gobierno local de Sant Josep desestimaba las alegaciones presentadas por Anasse Z., a través de su sociedad Damaskina SCI, y se confirmaba que era responsable de haber cometido dos infracciones urbanísticas: una tipificada como «grave» y la otra «muy grave». Esta misma resolución del expediente ordenaba que se llevara a cabo «la restauración de la legalidad urbanística infringida». Es decir, la demolición de todas las distintas ampliaciones ilegales. Según apuntan algunos testimonios recabados, el propietario podría haber llegado a cuadriplicar una edificación inicial de unos 60 metros cuadrados.

Con la Casa Lola, la primera orden demolición se dictó en agosto de 2011 y no se ejecutó hasta el verano de 2022

Este diario solicitó ayer al Ayuntamiento el listado de esas infracciones, así como los motivos que han provocado un retraso de la orden de derribo, que ya se acerca a los siete años de demora. Un portavoz municipal anunció que facilitaría los detalles a lo largo de esta semana (ayer tenía día libre la funcionaria que disponía de esta documentación, indicó el portavoz).

Cabe tener en cuenta que, en el caso de Paquita Marsan, la primera orden demolición se dictó en agosto de 2011 y no se ejecutó hasta el verano de 2022. En estos momentos, el Ayuntamiento de Sant Josep también tiene pendiente la adjudicación de los trabajos para echar por tierra las ampliaciones llevadas a cabo en Casa Paola, una orden que se tramitó en 2016.

Otras órdenes de derribo

Anasse Z. se deberá enfrentar, en principio, a otras órdenes de derribo. En este caso, por dos bungalows de madera que construyó sobre unas plataformas entre los pinos de su terreno. El Consell de Ibiza informó, en agosto de 2022, que había iniciado el expediente urbanístico contra estas cabañas, que también se alquilan ilegalmente en Internet.

El Consell no pudo facilitar ayer la información sobre el estado en que se encuentran estas tramitaciones. Tampoco sobre las medidas que se le puedan aplicar al promotor por sus alquileres turísticos ilegales, tanto en sus alojamientos en suelo urbano como en las cabañas del Parque Natural (en todos los casos, las competencias de ordenación turística corresponden a la institución insular).

De momento, Airbnb, Booking e Idealista mantenían ayer por la tarde los anuncios para reservar pernoctaciones en los negocios ilegales de Anasse Z. Se da la circunstancia de que estos dos primeros portales de viviendas vacacionales acordaron con el Consell que iban a retirar la publicidad de alojamientos que no dispusieran de la obligada licencia turística.

Entre otras demandas de sus víctimas estafadas en Ibiza, este empresario pirata está pendiente de un juicio por la vía penal y otro por la civil. Ambas denuncias las interpuso una empresa que explota viviendas vacacionales y que alquiló su villa pensando que tenía licencia turística, tal y como aseguraba el propietario. Al final, perdieron 95.000 euros al rescindir el contrato.

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