Satisfacción entre los afectados por la anulación del reglamento de Costas por parte del Supremo en Formentera

Los afectados por el deslinde de Costas de Formentera recibieron ayer con satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el real decreto de 2022 que modificó el reglamento general de Costas «por omisión del trámite de consulta pública» en un dictamen en el que el alto tribunal estima el recurso presentado por la plataforma que crearon para defender sus intereses.

Este colectivo lleva luchando desde hace más de dos décadas para lograr «un deslinde justo», que proteja y conserve la franja litoral y a la vez mantenga la titularidad de los bienes inmuebles afectados por el deslinde de la franja de uso y dominio público marítimo terrestre.

Los representantes de la plataforma de afectados, Vicent Tur y María José Mayans, no dudaron ayer en transmitir su alegría tras conocer el fallo del Supremo, aunque matizaron que «seguiremos luchando hasta conseguir un deslinde justo, esto es ganar una batalla en una lucha de David contra Goliat», manifestó Tur, quien añadió que, en la práctica, esa sentencia significa «que volvemos al reglamento de 2014». Mientras, la presidenta del colectivo, María José Mayans, manifestó: «Ahora vamos a por todas».

Los afectados contraron al despacho Cuart abogados, de Palma de Mallorca, que es el que ha llevado todo el contencioso-administrativo.

El Supremo señala que para poder prescindir de dicho trámite en el supuesto de reglamentos de la administración general del Estado, «han de concurrir las circunstancias acumuladas de que se trate de normas presupuestarias u organizativas y además de razones graves de interés público que lo justifiquen, no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios, o regulen aspectos esenciales de una materia».

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Añade que el decreto impugnado por los afectados de Formentera «en modo alguno tiene naturaleza organizativa o presupuestaria y en modo alguno cabría infravalorar los efectos de la reforma».

Dos votos en contra

La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados que la han dictado, partidarios de desestimar la petición de nulidad del decreto solicitada por los afectados por omisión del trámite de consulta pública.

Consideran que la nulidad absoluta del reglamento es una consecuencia desproporcionada cuando hubo una «amplia participación ciudadana y de organizaciones representativas de los intereses afectados» que realizaron alegaciones aunque fuese en un momento posterior a la elaboración del proyecto.

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Cambio climático

El Supremo explica que a tenor de lo que se razona en la exposición de motivos del real decreto, su finalidad es incorporar al reglamento general de costas originario la última normativa nacional, comunitaria e internacional sobre el cambio climático habida cuenta de que «el dominio público marítimo-terrestre y, en particular la ribera, es especialmente sensible a la subida del nivel medio del mar».

El decreto añade que «la exposición de la población y de los bienes a riesgos costeros se incrementa cada vez más y se prevé que esa tendencia continúe».

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La norma anulada afecta a deslindes y concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, por lo que los miembros de la citada plataforma se consideran afectados.

Vicent Tur precisó que es «un hito» haber logrado esta sentencia del Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que «esto solo es la primera parte, que se basan en errores de forma, pero los argumentos de más peso siguen vigentes y recurriremos a ellos con cartuchos que no hemos gastado».

Para el representante de la plataforma de afectados, esta sentencia «reconoce todo lo que venimos reivindicando». Tur indicó que ahora la situación es la misma que en 2014, cuando se aprobó el anterior reglamento nacido del deslinde de Costas de 2023.

Este portavoz señala que la «filosofía que defienden es que Formentera vive de la costa, en vez de la filosofía de que hay que dejar la costa sin ninguna actividad humana».

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