La ley de Formación Profesional aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez determina que los estudiantes de FP de grado medio y superior deben hacer prácticas curriculares en una empresa ya desde el primer curso y, según la reforma de las pensiones del pasado marzo, deben ser dados de alta en la Seguridad Social. El Gobierno asume la mayor parte del coste (el 90%), pero aun así queda una parte que debe abonar la empresa. Dado el problema que ya tiene Educación ahora para encontrar empresas dispuestas a acoger alumnos en prácticas, la conselleria pagará el coste de esa afiliación.
Según ha explicado a este diario, a partir del próximo curso el departamento que dirige el conseller Antoni Vera destinará dos millones de euros a esta bonificación. Vera sigue así el ejemplo de otras comunidades como Madrid y lamenta que el Gobierno central haya dejado a las gobiernos autonómicos a su suerte con este tema.
Asimismo, la conselleria de Educación establecerá mecanismos para que el proceso para dar de alta y baja a los estudiantes sea asumido desde la conselleria, todo con el objetivo de facilitar al máximo el trabajo a las empresas, quitarles de encima ese trabajo burocrático y que se animen a acoger estudiantes en prácticas.
El conseller dice entender que haya cierto recelo entre las empresas para integrar en sus plantillas como aprendices a chavales de primero, cuando tienen 16 o 17 años. Él personalmente no se muestra partidario de que empiecen tan pronto, pero al ser normativa básica estatal asume que hay que cumplir. Según Vera, ya hay dificultades para encontrar empresas que acojan estudiantes de segundo curso y que las prácticas sean obligatorias ahora también para los de primero cree que generará «un problema grave».
