El equipo de gobierno de Sant Joan, del PP, aprobó de forma provisional el martes de la semana pasada, en un pleno extraordinario, una subida de la tasa de basura del 28% porel incremento de costes tras la puesta en marcha de la nueva concesión de este servicio. El Consistorio ni anunció la convocatoria del pleno extraordinario ni informó posteriormente de la subida de esta tasa, aprobada con los votos del PP y la abstención de los grupos de la oposición. El primer teniente de alcalde, Andreu Roig, justifica que el Ayuntamiento «no tenía más remedio» que subir el recibo que abonan los ciudadanos por el servicio de retirada y tratamiento de la basura.
Así, los propietarios de una vivienda con valor catastral por debajo de 90.000 euros pagarán el año que viene 98,56 euros (21,56 euros más), y los de las que superan dicho valor, 198,40 euros (una subida de 43,40 euros). La tasa de basura de un restaurante pasa de 1.020 a 1.305 euros y una vivienda turística (por habitación) de 93 a 119 euros.
Con el incremento acordado, el Consistorio proyecta, en 2024, ingresar 1,2 millones de euros, lo que cubrirá el 56,2% de los costes netos del servicio (2,2 millones de euros). En todo caso, si se añade el ingreso de las subvenciones del Consell de Ibiza (200.000 euros para compensar el sobrecoste del tratamiento en la planta de triaje del vertedero y 40.000 euros por reciclaje) y la Unión Europea (60.000 euros de los fondos Next Generation), más los de venta de material reciclado, como envases o plástico (casi 167.000 euros), el servicio queda cubierto en un 77,3%.
Recogida selectiva
Roig sostiene que «en breve» la tasa debe cubrir el cien por cien del coste del servicio, como marca la normativa. «Vamos por este camino», indica, al tiempo que justifica el incremento del coste por las nuevas condiciones de la contrata, entre las que destaca «el aumento del número de frecuencias de la recogida selectiva o la recogida de los productores singulares, con lo cual se han mejorado las cifras de reciclaje, al pasar del 13% a principios de año a, actualmente, un 29%. «Espero que el año que viene lleguemos a un 40%. No llegaremos al 50%, porcentaje sobre el que deberíamos estar, pero estamos mejorando a marchas forzadas», destaca.
La nueva ley balear de residuos contempla el pago por generación; es decir, que los ciudadanos paguen en función de la cantidad de basura que depositan en el contenedor. Ningún ayuntamiento de la isla lo aplica, aunque, según el informe técnico municipal de Sant Joan, se ha ampliado el plazo para hacerlo hasta abril de 2025. En este sentido, el informe resalta que la nueva concesión permitirá avanzar en ello al proporcionar datos de la producción de residuo de los domicilios por sectores y zonas. En concreto, los nuevos contenedores cuentan con un chip para identificar el volumen de cada uno y permitirán establecer sistemas de identificación individual. Roig reconoce que este sistema permite conocer con detalle lo que produce cada productor singular (restaurantes, supermercados,…), pero será «mas complicado» en el caso de los ciudadanos.
Críticas de la oposición
Por su parte, el portavoz de Sa Veu des Poble, Javier Torres, asume que la subida de las tasas es necesaria porque «la ley obliga a ello». En todo caso, Torres se quejó en el pleno de que, para «algo que ya se sabía», el equipo de gobierno convocase a los grupos de la oposición con menos de 24 horas de antelación. Pasadas las 15 horas del lunes de la semana pasada, los tres grupos recibieron la convocatoria para las ocho horas del día siguiente, por lo que la oposición, critica Torres, tuvo «poco tiempo» para revisar la documentación con los informes técnicos.
La misma queja eleva el portavoz de la Agrupación de Electores de Sant Joan, el expopular Santi Marí, que, según su criterio, la convocatoria precipitada del pleno tenía la intención de que «los concejales que trabajan por la mañana no pudieran acudir», aparte de que lamenta los problemas que tuvieron para acceder a la información del pleno en tan poco tiempo.
El primer teniente de alcalde justifica que se tuvo que convocar el pleno de urgencia porque, para aplicar la subida en 2024, se debe aprobar definitivamente antes de final de año (desde el lunes se ha abierto un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones). «Se nos ha retrasado todo por problemas de salud de un técnico», explica.
Santi Marí considera «injusta» esta subida de tasas porque afecta a «todo el mundo por igual». «Si la nueva contrata ya tiene un sistema de pesaje de los contenedores, ya se puede saber quién genera más residuos. Se debería aplicar una subida en función de lo que se produce». Asimismo, Marí destaca que «no es el momento» con el precio de la cesta de la compra «disparado» y lamenta que el PP haya tratado de «esconder esta subida de tasas».
La concejala del PSOE, Carmen Roig, ve «injusta» también este incremento porque se aplica de forma homogénea, en vez de hacer «pagar más a los que más residuos producen».
