El PP se ha propuesto mantener en pie el bloque B de los apartamentos Don Pepe, en es Codolar, el que sigue todavía habitado. Para ello, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha reconocido este miércoles en rueda de prensa que «se debe hacer» una modificación legislativa para hallar el encaje legal de este edificio, en el que residen medio centenar de personas. «Persistimos en la tesis de que modificando la normativa se puede hacer. No hemos cambiado. Seguimos pensando que esto se tiene que hacer», recalcó Roig. «Hay que buscar la fórmula», agregó.
Al igual que el bloque A (el que fue desalojado), que, al haber sido declarado en «ruina inminente» ya «no es recuperable», el B se encuentra también en situación de «fuera de ordenación». En este caso, existe una licencia otorgada por el Consistorio en la década de los años 60, previa a la declaración del Parque Natural de ses Salines, pero dicho permiso amparaba cuatro plantas, en lugar de las cinco que se construyeron. Por esta planta ilegal, el edificio se encuentra fuera de ordenación, lo que impide que el Consistorio le pueda otorgar una licencia de reforma. En el caso del A, en el que, según confirmó el alcalde, no hay vuelta atrás en la decisión de derribarlo, no se ha hallado ninguna licencia que, hace 60 años, amparase su construcción.
El alcalde explicó que su partido se mantiene «con la misma postura del primer día». «No hemos engañado a nadie. Si entrábamos [a gobernar] íbamos a hacer lo posible para que nadie se moviera [de sus casas]. Si se pudiera recuperar el bloque A, se haría, pero no es recuperable», indicó Roig.
Degradación «muy rápida»
En este sentido, además de culpar al anterior gobierno municipal de «ir más allá» en la declaración de «ruina inminente» del bloque A, lo que forzó el desalojo de los residentes, Vicent Roig justificó que ya no se puede hacer nada para salvarlo después de haber estado «más de dos años vacío». Esto unido al hecho de estar «frente al mar» ha provocado, recalcó el alcalde, «una degradación muy rápida».
También dijo que «revertir la declaración de ruina inminente» «no es fácil» y supondría «una responsabilidad muy grande para la Administración». Por ello, se mantiene la hoja de ruta trazada por el anterior gobierno de izquierdas para construir nuevas viviendas para los afectados por el desalojo en un terreno que se debe reclasificar en Can Raspalls, en Platja d’en Bossa.
En cambio, los residentes del bloque B no podrán obtener una nueva vivienda en el mismo terreno, tal como se había proyectado, a pesar de que tuvieran interés en ello. Roig argumentó que los residentes «nunca han pedido una vivienda nueva, sino que se les permita reformar las suyas». ¿Y si ahora han cambiado de idea después del acuerdo que alcanzaron con el anterior Ejecutivo autónomo? «Dispondrán de una casa en ordenación [legalizada] y serán libres de venderla o hacer lo que consideren», zanjó, para insistir en que el bloque B no se toca y que el PP siempre ha defendido la misma postura. «Hemos sido muy transparentes», añadió el alcalde.
Propuesta del pasado mandato
De este modo, Vicent Roig insistió en que se debe tramitar una modificación legislativa en el Parlament para legalizar y rehabilitar el bloque B. Recordó que ya se propuso en la pasada legislatura un texto que fue rechazado por el anterior gobierno de la izquierda. La propuesta, presentada como enmienda a la ley de Urbanismo de Balears, decía lo siguiente: «En las construcciones e instalaciones que están fuera de ordenación se pueden autorizar las obras de consolidación y de reparación que exija la salubridad pública, la seguridad de las personas o la buena conservación de dichas construcciones e instalaciones, así como las obras para facilitar la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónica». Ahora, en cambio, el planteamiento del PP es distinto. La modificación legislativa pasa por legalizar el bloque B y no por permitir su rehabilitación al margen de su situación urbanística.
El alcalde anunció que el próximo miércoles se reunirá con la consellera balear de Vivienda, Marta Vidal, para tratar precisamente cómo legalizar este edificio. Roig puntualizó que, pese a que sea una medida ex profeso para salvar el bloque B, deberá tener un carácter «global» y «beneficiar» también a otros inmuebles que puedan estar en la misma situación.
«Merma económica»
También dijo el alcalde que otro motivo para mantener en pie este edificio es por el alto coste económico de la operación inicial que, según dijo, podría rondar «más de 20 millones»: la suma del derribo de los dos edificios [el anterior Govern aprobó dos millones para ello de la ecotasa], la urbanización de los terrenos de Can Raspalls y la construcción de las nuevas viviendas. «Supondría una merma económica de la Administración y el dinero sale del bolsillo de todos», dijo. De hecho, tal como publicó ayer este diario, el Govern pretende construir el centenar de viviendas previsto en Can Raspalls y que las que estaban previstas para el bloque B, sirvan para financiar las del A.
