El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha recurrido ante la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears el estatuto de protección como denunciante que ha otorgado a la interventora de la institución, Marian Tur, y ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 4, el que instruye el caso ‘La vida Islados’, en el que advierte de que se están vulnerando sus derecho a la presunción de inocencia y a defenderse, debido a que en la orden «se da por supuesto que existen tentativas de represalias y un trato desfavorable, que no existe».
La interventora ejerce la acusación particular en el caso ‘La vida Islados’ y atribuye al presidente la supuesta comisión de un delito de coacciones debido a su oposición al pago de la factura de cerca de 165.000 euros a Fuera de Escena Ibiza SL por el rodaje y la producción del spot de promoción turística, en verano de 2020, mediante un contrato a dedo por la vía de emergencia por el covid.
A petición de Tur, la Oficina Anticorrupcion, que depende del Parlament balear, le ha concedido el estatuto de protección, con el visto bueno de la Fiscalía, para evitar posibles represalias contra ella. Se basa en la existencia de «indicios de unas presuntas tentativas de represalias consistentes en intimidación o discriminación y especialmente en un trato desfavorable que la sitúa en desventaja laboral». En concreto, el informe de la oficina señala como «indicios» la falta de respuesta a una solicitud de la interventora para reorganizar su departamento y al encargo que recibió a las 15.01 horas para elaborar un informe para el día siguiente a las 8.30 horas.
En el escrito al juzgado, el presidente sostiene que la Oficina Anticorrupción «carece de competencia» para dictar la orden, ya que este asunto se está instruyendo en el juzgado. Así, Marí considera «completamente irregular» que, como el juez denegó la orden de alejamiento solicitada por la funcionaria, ésta ahora pida otras medidas en la oficina y ésta, la acuerde, «suplantando así las competencias del juez instructor».
Además, el presidente afirma que, al igual que cuando la oficina abrió el expediente del caso ‘La vida Islados’, se ha dictado la orden sin escuchar ni permitir a la otra parte la presentación de alegaciones. De hecho, ni siquiera tuvo conocimiento de la petición hasta que recibió la notificación de la orden de protección.
Ningún contacto con Tur
Por su parte, Marí destaca que «desde hace años» no tiene ningún contacto con la interventora y, además, esta ha solicitado un cambio de destino en comisión de servicio. «Esto evidencia que no se pide [la orden de protección] porque se dé una situación de riesgo, sino con la única finalidad de preconstituir una apariencia que no se corresponde con la realidad y utilizarlo como prueba en este proceso, que para eso lo ha aportado», indica en el escrito dirigido al juez instructor.
Por otra parte, en el recurso de reposición presentado ante la Oficina Anticorrupción (previo a un contencioso en los juzgados), el presidente critica que haya dado pie a «un juicio paralelo, fuera del control del juez instructor», y que la interventora puede utilizar «de forma interesada» en el proceso penal de ‘La vida Islados’ para «obtener un rédito o beneficio».
También lamenta que la oficina se ampara en dos supuestos expedientes que no se especifican ni se le ha dado parte, con lo cual «se posiciona» en su «contra sin la más mínima contradicción». Así, advierte de que «las rápidas y precipitadas conclusiones» que alcanza el informe de la Oficina Anticorrupción son «serias».
«En ningún momento he realizado ningún tipo de represalia contra la señora Tur ni he permitido ningún tipo de actuación lesiva contra ella. No es lógico que siendo investigado por supuestas coacciones y otros delitos ante el juez instructor, en un asunto que, además, está bajo el foco mediático, me dedique a vengarme de esta persona», subraya el recurso de Marí, en el que reclama a la oficina, a la que acusa de vulnerar sus derechos, que anule la orden de protección dictada.
