Que tenga que ser el Consell, tantos años después, la Administración que obligue ahora a derribar las obras ilegales que se construyeron hace casi veinte años en Cala Molí, Sant Josep. El GEN denunció esta construcción en ANEI en 2005 y dos años después el TSJB anuló la licencia. Hace apenas seis años, el entonces alcalde, el socialista Josep Marí Ribas, reconocía que no se había abierto expediente para restituir a su estado original este terreno. Desde 2018, el Consell es responsable de la disciplina urbanística en zonas protegidas y ha actuado por la denuncia de un particular ante la pasividad del Ayuntamiento. Ahora, el propietario de esta ilegalidad tiene de plazo un mes para presentar un proyecto de demolición.
El desastroso traspaso de la competencia de Costas que al parecer negoció el anterior Govern que presidió la socialista Francina Armengol. El nuevo Ejecutivo denuncia que vino mal dotado de personal y económicamente, lo que provoca que, en la actualidad, no disponga de un solo vigilante para controlar el litoral de las Pitiusas. Además, hay casi 2.000 expedientes pendientes de resolución.
