El decreto de emergencia habitacional anunciado ayer por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y que permitirá el aumento de alturas y la reconversión de locales comerciales en viviendas, así como la cesión a la iniciativa privada de terreno público para que construya inmuebles a precio limitado, ha sido bien acogido por la patronal, los agentes de la propiedad inmobiliaria, los arquitectos y los constructores ibicencos, si bien todos avisan de que serán precisas más medidas para resolver este grave problema.
El vicepresidente de la CAEB, José Antonio Roselló, considera positivo, por ejemplo, que se pueda reducir el tamaño de los inmuebles, pues «supone adaptarnos al estándar europeo». Afirma en ese sentido que los promotores «están constatando que con las actuales necesidades se hacen pisos demasiado grandes», tanto para la capacidad adquisitiva como para el tamaño de las familias: «Nos puede llamar la atención por nuestra mentalidad, pero no es nuevo en otras latitudes y contribuirá a que haya un poco más de oferta». Respecto a la posibilidad de elevar alturas, advierte de que dependerá de las zonas y cree que es más factible que se aplique en algunos «barrios de Palma en los que hay una construcción caprichosa, con forma de dientes de sierra, donde hay edificios muy altos y otros muy bajos». El objetivo es «unificar alturas, no construir rascacielos».
Locales convertidos en viviendas
En cuanto a la reconversión de locales en viviendas, recuerda que esta propuesta ya figuró en las medidas urgentes del Govern aparecidas en la Ley 2/2020, si bien su aplicación tenía un carácter limitado: «Actualmente, para convertir un local en vivienda existe un procedimiento que puede dilatarse más de dos años. La ley 2/2020 permitió ese cambio de uso con una simple declaración responsable. Se trataría de darle continuidad y que fuera menos limitada. No se sabe por qué el anterior Govern no quiso prorrogar esa medida».
«Hasta ahora era anatema que el suelo público no se destinara a otra cosa que no fuera a vivienda pública. Se trata de flexibilizar la normativa para permitir la promoción privada y que el precio sea tasado»
Roselló respalda la cesión de suelo público para promociones privadas: «Hasta ahora era anatema que el suelo público no se destinara a otra cosa que no fuera a vivienda pública. Se trata de flexibilizar la normativa para permitir la promoción privada y que el precio sea tasado». Roselló cree que, hasta ahora, «el sector público ha demostrado ser incapaz» de solucionar el problema de la vivienda, y que por eso «hay que buscar el apoyo del sector privado. Podría ser un revulsivo, pero no será suficiente, hay que hacer más cosas. Llevará tiempo». A su juicio, las medidas anunciadas deberían ir acompañadas de, al menos, otras dos más: «Que Balears no aplique la Ley de la Vivienda que le corresponda, como las zonas tensionadas, y derogar la Ley de la Vivienda urgentísimamente».
"Años de retraso"
También aplaude el futuro decreto del Govern la presidenta del sector de la construcción de la Pimeef, Consuelo Antúnez: «Son peticiones hechas por el sector hace ya bastante tiempo, sobre todo poder aumentar en altura. Lo que se busca no es ocupar más territorio, sino incrementar la densidad en la ciudad». No obstante, pone un pero: «No sé hasta qué punto es una buena noticia que se permita la transformación de locales comerciales en viviendas. Entiendo que para que haya ciudad tienen que haber comercios. Aun así, ayudaría a paliar un poco la situación». Respalda, además, «las promociones público-privadas en las que la administración pone el suelo y un promotor construye casas a precios tasados de alquiler», algo que, subraya, «se hace en muchos sitios desde hace años. Llevamos mucho retraso en eso».
«La demanda ha cambiado»
El delegado de los agentes de la propiedad inmobiliaria en Ibiza y Formentera (API), Zenón Helguera, avisa de que aumentar la densidad demográfica no será fácil, pues actualmente «ya existen problemas al respecto derivados, por ejemplo, de los recursos hídricos o del saneamiento, que tienen paradas (no se pueden recepcionar) muchas urbanizaciones». Aun así, apunta que «todo lo que sea dar más acceso a la vivienda a la clase media balear es absolutamente necesario». Está a favor de «cualquier esfuerzo o paso que se dé» en ese sentido. Por ejemplo, la modificación del tamaño de las casas: «Los criterios constructivos que se aplican hoy en día no son acordes a la demanda. El modelo de familia ha cambiado y se buscan apartamentos más pequeños. Casi nadie tiene ya cuatro hijos, como antes. Se buscan apartamentos de una a dos habitaciones. Y estas, como los salones, son más pequeñas. Necesitamos dar salida a esa demanda que ha cambiado».
Carmen Navas Parejo, presidenta de la Demarcación en las Pitiusas del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears, se muestra optimista ante las medidas anunciadas por Prohens. Navas, que fue la única ibicenca presente físicamente en el encuentro de Palma, recuerda que muchas de esas medidas ya habían sido pedidas por los arquitectos hace tiempo: «Por ejemplo, incrementar las intensidades de uso. Es una medida que no consume territorio y ni siquiera aumenta edificabilidad ni volumen del edificio, pero permite adaptar el tamaño de las viviendas a las necesidad reales de las familias actuales, que suelen ser más pequeñas que las de los años 70: en vez de cuatro dormitorios, ahora quieren uno o dos».
En la reunión de Palma aportó «una inquietud». «Puse de manifiesto -explica- que el precio de construcción en el que se basan para hacer cálculos de venta y alquiler debería tener en cuenta la particularidad de cada isla, especialmente de Formentera, que seguro que es el lugar donde es más caro construir. Si alguien de esa isla decide dividir una vivienda y vender a precio tasado, habrá invertido más dinero en esa reforma que si eso se hace en otro lugar de Balears». Considera acertado que cada ayuntamiento pueda decidir si aplica estas medidas y de qué manera: «Por ejemplo, a lo mejor en la Marina resulta impensable igualar alturas de cornisas».
Cree que «se necesitan más medidas» para que la vivienda deje de ser un problema, «pero todo suma». Apunta en ese sentido que la presidenta del Govern les aseguró que este es el primero de una serie de decretos.
