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La jueza anula una sanción de 30.000 euros de Santa Eulària a un mercado de productos locales

La sentencia sostiene que «no se puede aceptar que el incumplimiento» del Ayuntamiento a la hora de resolver la solicitud en el plazo legalmente previsto sitúe a las promotoras «en situación de clandestinidad y ampare la multa»

Personas asistentes al mercado La Huerta de producto local con actuaciones musicales en un agroturismo de Santa Eulària. | D. I.

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma ha anulado una sanción de 30.000 euros imùesta por el Ayuntamiento de Santa Eulària contra las promotoras de La Huerta, un mercadillo de productos orgánicos y de kilómetro cero con actuaciones musicales en un agroturismo del municipio que funcionó durante unos meses de la temporada turística de 2019.

El Consistorio ordenó el cierre de la actividad tras constatar que la solicitud del permiso, mediante la correspondiente declaración responsable, era para una actividad no permanente menor, cuando correspondería ser mayor. A través de un portavoz, el Ayuntamiento indica que tras constatar a través de la publicidad de promoción, que la explotación de esta actividad era semanal y no quincenal, el permiso correspondiente debía ser de actividad permanente mayor, y no menor. «No eran actuaciones puntuales, sino que tenían una continuidad y frecuencia». También indica el portavoz municipal que se le requirió a los promotores la subsanación de errores y la ampliación de la documentación presentada, como un informe de Recursos Hídricos, y que, al no presentarse, se emitió un informe desfavorable.

Sin embargo, la sentencia señala que, pese a que en la misma solicitud (a través de la declaración responsable de inicio de actividad) se advertía de que no se podía empezar la actividad del mercado sin la autorización municipal, la normativa determina que, si transcurren 30 días y la Administración no da respuesta, ésta «se entenderá estimada». «Por tanto, a partir del 19 de marzo [de 2019] y dado que no se había recibido requerimiento de subsanación, la parte actora debía de entender que la solicitud había sido autorizada», indica.

Fachada del Ayuntamiento de Santa Eulària. | D. I.

Dicho esto, la magistrada da un tirón de orejas al Ayuntamiento por su forma de proceder: «Lo que no se puede aceptar es que el incumplimiento de la obligación de la Administración para resolver en el plazo previsto legalmente sitúe a la recurrente en situación de clandestinidad y ampare a la parte incumplidora [el Consistorio] para la imposición de una sanción».

Así, la sentencia destaca que, una vez denegada la solicitud por parte del Ayuntamiento, las promotoras «cesaron la actividad» y, por tanto, «se debe concluir que durante el período que duró la actividad se disponía de título habilitante aunque con posterioridad se evidenciara que éste no era el adecuado para el tipo de actividad que se ejercía».

Sanción inicial de 165.000 euros

El abogado de las promotoras, Eduard Clavell, recuerda que, inicialmente, el Consistorio impuso a sus representadas una sanción de 165.000 euros, el máximo previsto, y que, tras la presentación de las correspondientes alegaciones, se rebajó a 30.000 euros.

También califica de «absurdo» el motivo por el cual se decretó el cierre de La Huerta (que en vez de cada dos semanas la actividad del mercadillo en un agroturismo fuera semanal), al tiempo que señala que en otros establecimientos hoteleros rurales se llevó a cabo la misma actividad. Este mercadillo empezó con dos o tres puestos de venta de producto local y, debido al «éxito» que tuvo, llegó a tener «una veintena».

Las promotoras presentaron de antemano su iniciativa en el Ayuntamiento, que las asesoró para sacarla adelante, según Clavell. De hecho, en la cuarta edición del foro de emprendedores Ingenion que organiza el Ayuntamiento de Santa Eulària (en noviembre de 2018), las promotoras de este mercado de producto local fueron invitadas a presentar su propuesta porque se veía «como una gran idea», según el abogado.

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