La jueza cita a declarar como investigada a la exconsellera de Ibiza Lydia Jurado por el caso Amadiba

La magistrada-jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, ha citado a declarar, en calidad de investigada, a la exconsellera de Bienestar Social Lydia Jurado, de Podemos, por el caso Amadiba. Se trata de la denuncia interpuesta por el Consell de Ibiza por las supuestas irregularidades cometidas por el anterior gobierno progresista (2015-19) en la contratación de los servicios de la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Balears (Amadiba). Esta asociación reclama a la institución insular el pago de 2,2 millones de euros por los servicios prestados entre 2017 y 2019.

Tras el mandato 2015-19, en el que ejerció de consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado no ha ocupado ningún cargo público.

La denuncia del Consell se basa en un dictamen jurídico emitido por una técnica de la institución que concluye que supuestamente se produjo «una confabulación o connivencia entre Amadiba y algunos representantes del Consell para la implantación de esta entidad en la isla que podría entrar en la esfera del ilícito penal».

En concreto, el documento apunta los posibles delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos, tráfico de influencias, fraude a la Administración pública o falsedad documental, entre otros. La providencia de la jueza no especifica qué delitos se le imputan a la exconsellera de Bienestar Social.

En junio de 2020, el Consell de Ibiza trasladó este caso a la Fiscalía de Ibiza, en cumplimiento de un acuerdo del pleno, aunque ésta archivó las diligencias iniciadas al considerar que no existían «indicios suficientes de la comisión del delito denunciado».

Servicios sin aclarar

El dictamen del Consell señala que Amadiba prestó servicios con cobertura legal y otros con irregularidades administrativas pero que fueron asumidos y conformados por personal técnico de la institución y abonados mediante la fórmula del reconocimiento extrajudicial de deuda u omisión de la función interventora. Pero al margen de estos expedientes, existen una serie de servicios que «nadie ha podido confirmar y aclarar». «Hay cosas que desentonan», destaca el dictamen jurídico.

Desde su implantación en Ibiza en 2017, Amadiba ofreció servicios de centro de día (en Santa Eulària) con transporte adaptado para personas con discapacidad, de vivienda supervisada para mayores (en Sant Llorenç) y menores de 18 años (en Vila) y para la atención a menores sometidos a medidas de protección. Así, el dictamen señala que la prestación de los servicios objeto de la reclamación (por 2,2 millones de euros) resulta «confusa». Además, se ofrecieron sin una contratación ni informe económico previo.

También destaca que el Consell cedió a Amadiba para la prestación de sus servicios unos pisos de Vila de su propiedad, lo cual, subraya, «demuestra claramente que hubo un trato de favor».

Por otra parte, la entonces directora insular de Igualdad, Judit Romero, que, según el dictamen, tras dejar su cargo político en el Consell trabajó para Amadiba, declaró ante notario que, en una reunión de abril de 2016, esta entidad presentó al entonces presidente, Vicent Torres, la consellera Lydia Jurado y ella misma, una propuesta para crear una red de servicios de atención diurna y residencial para todas las personas con discapacidad intelectual de la isla, así como para menores.

Encargo del expresidente Vicent Torres

En esta declaración, Romero dijo que el expresidente Torres encargó al departamento de Bienestar Social que hiciera todo lo necesario para que esta propuesta fuera una realidad a partir de julio del año siguiente. Cuando la exdirectora insular de Igualdad hizo estas manifestaciones ante notario, trabajaba para Amadiba.

En este sentido, el dictamen del Consell apunta la posibilidad de que Romero incumpliera la ley de incompatibilidades de los miembros del Govern balear y altos cargos de la Comunitat Autònoma, a la que estaba sujeta. Si bien, destaca que es «cuestionable que en un período inferior a los dos años del cese de su cargo trabajase para una asociación a la que el Consell favoreció».

Dos contratos «fraudulentos» sin seguir el proceso legal

El dictamen jurídico del Consell advierte de que la exconsellera Lydia Jurado firmó dos contratos con Amadiba «sin seguir el procedimiento legal previsto» y que podrían haberse elaborado de «forma fraudulenta». Se refiere a los contratos que esgrimió Amadiba para cobrar facturas que habían sido rechazadas por técnicos de la institución.

Se da la circunstancia de que el Consell había archivado la tramitación de un expediente (negociado sin publicidad) por el mismo objeto del contrato: el servicio público de residencia para personas con discapacidad. Dicho servicio se iba a ubicar en unos pisos del Consell, lo que motivó que los técnicos advirtieran de que no se podía seguir adelante. «No tiene sentido que si existía un contrato de enero de 2018, en menos de un mes se incoase un expediente para adjudicar el mismo servicio. Esto demuestra que el contrato se fabricó con posterioridad y seguramente a raíz de los problemas legales detectados que impedían la adjudicación directa a Amadiba», señala el dictamen.

El segundo contrato, sin ningún procedimiento legal, destinado al servicio de acogida residencial y atención socieducativa de menores con necesidades especiales, se firmó el mismo día que se daba por finalizado un expediente por el mismo objeto y con un precio por plaza inferior. «Esto comporta un claro daño al erario público», dice el dictamen.

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