El PP eliminará la figura de zona de alto valor agrario que limita la edificación en suelo rústico
También se eliminarán los informes obligatorios sobre la viabilidad agraria para construir en el campo
Dos viviendas en la zona rural de Santa Agnès, en una imagen de archivo. | VICENT MARÍ / eugenio rodríguez. eivissa
El paquete de reformas legislativas que el PP pretende aprobar en el próximo mandato incluye también la eliminación de las Zonas de Alto Valor Agrario (ZAVA), figura incluida en la ley balear agraria aprobada en enero de 2019 que condiciona la construcción de viviendas y sólo lo permite si estas se vinculan a una explotación agraria preferente; es decir, profesional y si, evidentemente, la normativa urbanística lo permite. Dicha limitación no se puede aplicar aún en Ibiza hasta que, primero, se delimiten las ZAVA. Se trata de suelo rústico adecuado para el cultivo y la explotación ganadera que merece ser conservado para este uso.
Hay que tener en cuenta que, mientras no se delimitan las ZAVA, para edificar en las Áreas de Interés Agrario (AIA) de la isla (todo el suelo rústico común de Ibiza, según el PTI), el Consell debe emitir un informe preceptivo y vinculante que garantice que el proyecto no compromete el valor fértil ni la productividad ni viabilidad agraria del terreno. Todo esto, que supone entre dos y tres meses de trámites más el gasto de los honorarios de un ingeniero agrónomo para el promotor, según Juan, también se eliminará.
La ley marcaba un plazo de dos años (expiró en 2021) para que los consells insulares aprobaran, a través de un reglamento o la modificación del Plan Territorial Insular (PTI), la delimitación de las ZAVA, pero el de Ibiza no lo ha cumplido ni ha mostrado la voluntad de hacerlo. Precisamente, el equipo de gobierno tramita una modificación puntual del PTI en la que no ha previsto esta cuestión.
Viviendas diseminadas en zona rústica de Ibiza. / CÉSAR NAVARRO
La propia ley agraria preveía la posibilidad de que en el caso de que la institución insular no cumpliera con esta obligación, el Govern «se podía subrogar» para hacerlo por su cuenta, pero tampoco lo ha hecho. El pasado mes de octubre, en un pleno del Consell, el vicepresidente, Mariano Juan, advertía de que no tenía «mucha prisa» en delimitar las ZAVA de Ibiza y adelantaba la intención de su partido de derogar esta figura. «El Govern no nos va a a marcar la agenda. Espero que el nuevo Govern balear [en el caso de que el PP, como así ha sucedido, ganase las elecciones de mayo] elimine las ZAVA», afirmaba entonces. Ahora, Mariano Juan insiste en que las ZAVA «no tienen ningún sentido». «Es una figura urbanística incluida en una ley agraria. Se tiene que derogar», destaca.
Zonificación turística de la isla
Por otra parte, el Consell de Ibiza tiene pendiente desde hace años la zonificación turística de la isla, la delimitación de las áreas aptas para la explotación de viviendas vacacionales. Esta delimitación se tiene que hacer mediante la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) o un Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT). Sin embargo, el gobierno del Consell de Ibiza quiere una reforma legislativa para que los ayuntamientos tengan «un mayor peso» en la zonificación turística del territorio insular.
Así, Mariano Juan defiende que los ayuntamientos «decidan dónde» se debe ubicar la actividad turística en sus municipios y que la Administración turística, o sea el Consell, se encargue del «cómo y del número de plazas». «Supone un impacto directo sobre el territorio, la vivienda y la convivencia, por lo que los ayuntamientos han de tener más fuerza en esta decisión. Hay que reformularlo», dice.
Aparte de la propuesta anunciada ya durante la campaña electoral de la legalización de viviendas cuya infracción haya prescrito, el PP también contempla recuperar la figura de Asentamientos en Medio Rural (AMR) u otra similar para legalizar los núcleos de viviendas construidos a partir de los años 70 en suelo rústico, como el barrio de Can Pujol, en Sant Josep, y que actualmente están fuera de ordenación.
Esto impide, por ejemplo, que se pueda dotar a estas viviendas de servicios, como el de saneamiento. Todas ellas cuentan con fosas sépticas, lo cual, según el vicepresidente primero del Consell en funciones, Mariano Juan, causa «un impacto ambiental mayor que el problema urbanístico». «La falta de saneamiento genera problemas y la Administración no puede seguir mirando hacia otro lado», justifica Mariano Juan.
Tanto en el caso de la legalización de viviendas como de núcleos en rústico fuera de ordenación, el vicepresidente apunta que se debe permitir a cambio de que el propietario que se beneficie invierta en medidas de eficiencia energética (placas solares, por ejemplo) e hídrica.
También afirma que no se trata de clasificar estos núcleos como urbanos, aunque lo sean de hecho, sino de arbitrar los mecanismos para que se reconozcan y se puedan dar servicios. La ley balear de Urbanismo aprobada por la izquierda eliminó la figura de las AMR (prevista en la ley urbanística anterior del PP) y sólo habilitaba medidas para la legalización de los núcleos rurales «tradicionales» de entre 50 y 100 años, como el conjunto de Santa Agnès.
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