El Consell defenderá la cesión de suelo público a promotoras para construir y alquilar pisos a precio tasado en Ibiza

El Consell de Ibiza, que seguirá en manos del PP, ahora con mayoría absoluta, prepara una propuesta de reformas legislativas para el nuevo Ejecutivo autónomo que presidirá la líder del PP balear, Marga Prohens. Muchas de ellas se enfocan en «la lucha contra el intrusismo» y en «la simplificación de la administración», fundamentalmente en la reducción de trabas en la tramitación de licencias y planeamientos urbanísticos.

El vicepresidente primero del Consell en funciones, Mariano Juan, señala que «una de las más importantes» tiene la finalidad de «reforzar la colaboración público-privada» en la construcción de viviendas. En concreto, Juan señala que se tiene que reformar la legislación autonómica para facilitar la cesión de suelo público a promotoras privadas para la construcción, en régimen de concesión u otras fórmulas similares (derecho de superficie o concesión de obra), viviendas en alquiler a precio tasado destinadas, además, a «determinados colectivos», como pueden ser «funcionarios o personas con discapacidad», entre otros.

Se trata de «ceder temporalmente y gratuitamente suelo público» a promotoras para que construyan viviendas que se distribuirían, en función de «las listas oficiales», a los grupos de personas que determine previamente la Administración. «Se abre un universo de posibilidades impresionante», recalca Juan. Durante el período que dure la concesión, ya sean 40 ó 50 años, la promotora se encarga de explotar las viviendas en régimen de alquiler, según el precio previamente pactado, y posteriormente la propiedad del inmueble revierte a la Administración.

El vicepresidente primero indica que, «en teoría», con la normativa actual se puede construir vivienda público-privado bajo el régimen de concesión. «Pero no se ha trabajado sobre esta vía porque no se cree en ella. Hay que cambiar las leyes para facilitar este tipo de procedimientos», recalca Juan, al tiempo que destaca que este es el camino más adecuado porque «la Administración, al no ser una promotora urbanística, no llega» para cubrir las necesidades.

Dicho esto, Mariano Juan agrega que «no se ha de dejar de lado» la política de construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) a través del Institut Balear de la Vivienda (Ibavi), empresa pública del Govern balear. «Se debe seguir haciendo», apunta. Sin embargo, Juan destaca que la falta de vivienda asequible en Ibiza es un problema que afecta también a «la clase media» y, por tanto, «no se solventará sólo con la construcción de VPO».

Juan también apunta que en Cataluña hay promotoras sociales que ejecutan este tipo de proyectos y destaca el caso de la comunidad de Madrid en la que, mediante esta fórmula, «se construyen viviendas que se alquilan a un precio mínimo de 400 euros (estas cuentan con ayudas europeas) y un máximo de 900 euros (estas tienen tres habitaciones y dos plazas de aparcamiento». «El precio también depende de la zona y del solar [su valoración]».

Eliminación de licencias

«Es una fórmula muy interesante porque la Administración no pone ni un euro. Lo hace el sector privado, que tiene más facilidad que el público de mover el dinero, y el beneficio es el mismo porque se ofrecen viviendas en alquiler a un precio tasado», subraya Juan.

En cuanto a la simplificación administrativa, el Consell aboga por que se cambie la ley para que se elimine la obligación de tramitar licencias urbanísticas para obras de «escasa entidad» y sea suficiente con la presentación de una declaración responsable. También reducir las tramitaciones ambientales que tanto retrasan la aprobación de licencias y la revisión de planeamientos.

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