La defensa de la interventora del Consell, Marian Tur, solicitó ayer por escrito en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza una orden de alejamiento del presidente, Vicent Marí, para «protegerla del escarnio psicológico que sufre». «No queremos que siga en situación de riesgo». Así lo explicó ayer su letrado David Salvá después de que la huelga de funcionarios de Justicia obligara a suspender las declaraciones previstas por el caso ‘La vida Islados’, el spot de promoción turística contratado por la vía de emergencia por el Consell en mayo de 2020 durante el estado de alarma por el covid.
El presidente debe comparecer ahora ante el juzgado el día 12, en calidad de querellado, por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones hacia la interventora, según la querella de la Fiscalía Anticorrupción. El propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, y el PSOE se han personado y ejercen la acción popular.
La orden de alejamiento solicitada por escrito incluye la prohibición de Marí de comunicarse con la funcionaria por ningún medio, sea de forma directa o indirecta. Para ello, se pide que la secretaría de la institución exonere a la interventora de asistir a las comisiones informativas y los plenos y sea sustituida por otra persona. Además, como el presidente tiene su despacho en la quinta planta del Consell y la interventora, en la primera, el abogado ha pedido al juez que prohíba a Marí que acceda a la primera planta y al aparcamiento subterráneo en el que ambos aparcan sus vehículos.
No cree que se conceda la orden de alejamiento
En todo caso, Salvá admitió que no cree que el juez conceda la orden de alejamiento. ¿Por qué? «Por mi experiencia judicial. Pero hay que proteger a las mujeres de personas que quizá, pues de momento se presumen inocentes, están causando un daño inadmisible», contestó el letrado, socio de Pedro Horrach, exfiscal anticorrupción.
El abogado de Tur, como el de Vilás, justificó la orden de alejamiento en «las lesiones psíquicas» que sufre la funcionaria por el supuesto acoso laboral. Salvá explicó que el historial médico «es demoledor». Así, el letrado indicó que la funcionaria está «medicada» bajo «tratamiento psiquiátrico por un cuadro de ansiedad y estrés postraumático». Salvá agregó que, «según los médicos, el trastorno que sufre está vinculado directamente con la actuación del presidente». «Va a trabajar con una tensión importante. Tiene ataques de ansiedad y psoriasis derivada de ello. Y cada vez que tiene que hacer un informe de reparo le tiembla el pulso, pero lo hace», subrayó. Precisamente, la petición de la orden de alejamiento indica que Tur tiene «miedo a represalias».
Por su parte, el abogado de Vilás manifestó que «la situación de vulnerabilidad de la interventora es muy clara» y, por ello, «el Consell debe actuar de oficio» y tomar medidas que garanticen la protección de la funcionaria. «No se puede dejar indefensa a una mujer. Está en situación de riesgo tal como se acredita documentalmente», remarcó Ramón Conde.
La querella de la Fiscalía, que recoge los partes médicos con los problemas de salud psíquica de la funcionaria presuntamente por su relación laboral con el presidente, destaca las críticas que lanzó contra ella Vicent Marí, aunque sin mencionarla, en el pleno de septiembre de 2020 por el informe de reparo al pago de la factura de ‘La vida Islados’. Eso provocó que se marchara a trabajar al Ayuntamiento de Ripollet porque la situación era «insostenible».
En cambio, el presidente manifestó a este diario hace unos meses que la víctima de las supuestas amenazas fue él por parte de la funcionaria, que lo presionaba para que la nombrara interventora. Lo hizo a mediados del año pasado. Marí sostiene que Tur actúa ahora «por venganza».
Respuesta del presidente
Sobre la solicitud de la orden de alejamiento, el presidente rehusó ayer hacer declaraciones. Un portavoz del Consell justificó que Marí no participará «en un circo» en el que cada día «hay más actores», en referencia a Francisco Vilás. «Nosotros hablaremos delante del juez como hemos pedido en infinidad de ocasiones», resaltó.
Las declaraciones de este caso ya han sufrido tres aplazamientos. Inicialmente, se debían practicar el 9 de febrero, pero se pospusieron al 7 de marzo, día en que la abogada del presidente tenía turno de oficio, lo que motivó que se retrasarán al 2 de junio, después de las elecciones. Ahora, por la huelga de funcionarios, pasan al día 12.
PSOE: se abre «una crisis sin precedentes»
La Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE), que ejerce la acción popular en la causa ‘La vida Islados’, denunció ayer que la orden de alejamiento del presidente del Consell, Vicent Marí, solicitada por la defensa de la interventora aboca a la institución a «una crisis sin precedentes». «Es de una gravedad extrema, que deja al Consell en una situación muy complicada».
La FSE también lamenta que Marí «utilice al Consell en su estrategia personal para no dar explicaciones ni asumir responsabilidades» y recuerda, en este sentido, que denegó una comisión de investigación y que la institución se persone en la causa como perjudicada. «Tampoco ha adoptado ninguna medida para proteger a la interventora e investigar el supuesto acoso laboral [denunciado por la funcionaria», resalta a través de un comunicado.
El PP defiende que «no es grave» y quedará «en nada»
El PP de Ibiza respondió ayer que los socialistas «siguen siendo los del circo y el barro». «No han aprendido ni con los peores resultados [electorales] de su historia, de ahí la progresiva descomposición de la formación», indica la nota, que agrega: «Resulta paradójico que casi una semana después de las elecciones, sigan escondidos y no hayan tenido tiempo de hacer autocrítica del fiasco y sí lo hayan hallado tan rápido para atacar de nuevo al presidente».
Los populares aseguran que el comunicado de los socialistas es «tan penoso como su resultado electoral». «Es penoso que, con total desparpajo, quieran formar parte del circo de esta mañana [por ayer] y se apunten al carro de los personajes que acusan en eta trama de intereses cruzados».
Sobre el caso ‘La vida Islados’, el PP defiende que «no es grave un contrato de emergencia con tres informes jurídicos favorables». «Ni es grave una acusación particular en el ámbito laboral que veremos cómo se resuelve y queda en nada». Dicho esto, el PP pasa al ataque: «Lo que sí es grave son los contratos menores con un negocio familiar de Agustinet, el pufo de dos millones presuntamente malversados de Amadiba, el entramado de favores en los cursos de Eivissa Crea o las piezas bajo secreto de sumario del caso Puertos».
