La familia de M. H. prevé dejar la isla en las próximas semanas. Fueron desahuciados de forma violenta hace un mes de la infravivienda en la que se alojaban. Un grupo de cinco hombres echó en plenas vacaciones escolares de Semana Santa a su mujer y sus dos hijos de 3 y 13 años del semisótano en el que residían.
Aprovecharon que no estaba el padre y que la madre hablaba poco castellano para amedrentarles, obligándoles a sacar sus cosas de forma apresurada y dejándoles en plena calle. Había una sentencia de desahucio del mes de enero para este local, en la que no consta en ningún sitio que allí viviese una familia. Tampoco consta en el Ayuntamiento de Sant Josep que se solicitara informe de vulnerabilidad.
Desde aquel suceso, han vivido una travesía por el desierto del mercado de la vivienda en Ibiza. M. cuenta que no encuentran nada por debajo de 2.000 euros. Entre sus conocidos tampoco han encontrado ninguna alternativa. Como tantas otras personas en esta situación en Ibiza, M. tiene trabajo. Aunque había tenido problemas para abonar alguna mensualidad por la pandemia, dejó de pagar porque el casero no quiso reparar una filtración de aguas fecales en su casa. Una decisión que resultó desacertada. El casero, escondido tras la empresa Reina Systemlaser S.L. y su administrador Fernando Guerra, aprovechó para iniciar el proceso de desahucio.
El proceso acabó con la familia en la calle y pagando un apartahotel varios días hasta que les atendieron los Servicios Sociales de Sant Josep. Durante un mes han estado alojados en este apartamento a través de los Servicios Sociales, pero la ayuda termina el 4 de junio. Les ofrecen una semana de estancia a 500 euros. La aprovecharán, pero no pueden permitirse seguir así. Se irán a Elche o a Málaga, donde tienen conocidos. La isla que les acogió hace 30 años y en la que M. ha trabajado desde entonces, ahora le echa. A él y a su familia.
Detrás de esta historia hay una situación que se repite a lo largo y ancho de la isla. La reconversión de un garaje o local en vivienda sin autorización, con la intención de hacer negocio. El arrendamiento ilegal de este espacio como vivienda.
En este caso, la lentitud o la inacción de la administración ha permitido que en todos estos años el propietario alquile este local reconvertido con impunidad. Una familia acaba en esa infravivienda y se produce el drama.
De local a infravivienda
El edificio en el que se alojaba esta familia, en la calle Arenys de Mar de Platja d’en Bossa, lo promueve un alemán en los años 60. Charles Schandeler, según consta en el Registro de la Propiedad, inscribe este edificio que consta de semisótano, planta baja y dos pisos.
El edificio lo hereda su hija, Christina Schandeler, que posteriormente lo venderá a Inmaculada de la Cruz, según cuentan una mujer granadina con aires hippies que se enamora de Ibiza y, como tiene dinero, compra un edificio.
La mujer irá vendiendo los pisos y, en el año 2006, la empresa Reina Systemlaser SL adquiere el semisótano. Este espacio, de algo más de 60 metros cuadrados, aparece como «local destinado a almacén con garaje» en el título constitutivo de la propiedad. Un documento que, legalmente, sólo se puede modificar mediante escritura pública aprobada por todos los propietarios.
Sin la existencia de este acuerdo, esta sociedad con domicilio en Tenerife, inscribe el semisótano como vivienda unifamiliar. Lo hace a través de la escritura autorizada por una notaría que ya no está en Ibiza. En ese momento la empresa, a través de Fernando Guerra, intenta legalizar las obras y pedir un cambio de uso. Pero no se lo dan.
El Ayuntamiento deniega la solicitud y prohíbe el uso como vivienda de ese local. Sin embargo, la inscripción registral no se modificará, aunque el local no podría ser vivienda en ningún caso por no cumplir los requisitos de habitabilidad.
Sentencia
La comunidad de vecinos, que ve cómo el propietario de local lo remodela y empieza a alquilarlo a individuos de toda índole sin que las autoridades actúen, decide emprender acciones legales.
El proceso concluye en una sentencia del juzgado de primera instancia nº4 del año 2013 en la que condena Reyna Sistemlaser SL a «cesar en el uso del semisótano como vivienda».
La representación legal de los vecinos reclamaba que se denegara el cambio inscrito en el registro por no contar con el permiso de la comunidad. También que se declarase la obligación de demoler las obras efectuadas y que se permitiese a la comunidad «la adopción de cuantas medidas pudieran estimarse necesarias para la eficacia práctica de la orden de cesación».
Todas las demandas serán desestimadas excepto el cese del uso como vivienda.
El informe pericial aportado por la comunidad de vecinos constata que «el semisótano no cumple con la normativa de habitabilidad al no tener la altura mínima exigida reglamentariamente ni disponer la cocina de ventilación exterior ni salida de humos». También se pone sobre la mesa el expediente urbanístico del Ayuntamiento de Sant Josep en el que ya se ordenaba el cese del uso como vivienda.
La empresa lo seguirá alquilando impunemente.
Demanda ejecutiva
Cansados de la pasividad de la administración, los vecinos acudirán a los juzgados cuatro años después para interponer demanda ejecutiva. Piden que «cese inmediatamente en el uso como vivienda del local mencionado». Que se imponga multa coercitiva mensual si no cumple. Que se haga algo. De nada valdrá.
Tampoco parece que llegase a ningún sitio el expediente de disciplina urbanística abierto por Sant Josep número 41/17. En él se constata «el uso continuado como vivienda» de este local que es «una infracción urbanística grave».
También se dice que las obras que modifican el sótano para convertirlo en vivienda no son legalizables, aunque en este caso la infracción urbanística por haberlas hecho sin licencia había expirado. Tres años después, la familia de M. acabó arrendando el local del que acabaría siendo desahuciado sin miramientos. Sin vehículo, empacarán toda su vida para buscar un futuro en la Península.
Nuevo expediente
Tras el desahucio de la familia, el Ayuntamiento de Sant Josep indica que se levantó una nueva acta de inspección hace algunas semanas.
El celador municipal documentó gráficamente los trabajos ejecutados y ahora son los servicios urbanísticos los que deben informar.
Queda por determinar el alcance de las obras que, supuestamente, serían para alquilar de nuevo el local como vivienda de forma irregular.
Sin alternativahabitacional a final de curso
A pesar de tener asumido que tendrá que abandonar la isla, la familia de M. sigue buscando una vivienda para que su hijo acabe el curso escolar y pasar la temporada. Para cualquier información puede contactar con Diario de Ibiza al 971190000 o con diariodeibiza@epi.es.
