La tercera parte de la propiedad de Cas Mut exige al Ayuntamiento de Ibiza una indemnización de 32,7 millones

Un total de 18 propietarios, más la junta de compensación, de la urbanización de la montaña de Cas Mut exige al Ayuntamiento de Ibiza el pago, en concepto de reclamación de responsabilidad patrimonial, de un total de 32,7 millones de euros por la reducción de sus derechos edificatorios. Son una tercera parte aproximadamente de los propietarios de las 62 parcelas edificables. Todos ellos cuentan con una misma defensa letrada de sus intereses. Por eso, puede haber aún más reclamaciones, aunque el Ayuntamiento, por el momento, no ha facilitado la cifra total a este diario.

Las indemnizaciones reclamadas se corresponden con la estimación de este grupo de propietarios de la pérdida del valor de edificabilidad del polígono de Cas Mut tras la aprobación definitiva de la modificación puntual específica para este polígono del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1987, actualmente en vigor.

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El concejal de Urbanismo, Jordi Salewski, resta importancia a esta cuestión y recuerda que se aprobó la modificación a la baja de los parámetros urbanísticos porque «los servicios técnicos y jurídicos» confirmaron que «se podía». «[Los propietarios] están en su derecho de reclamar y se les contestará como corresponde y si hay que ir a juicio, se irá», indica.

«El riesgo» de indemnizar

En su día, cuando se aprobó la suspensión de licencias de Cas Mut la entonces concejala de Urbanismo, Elena López, reconocía «el riesgo» de hacer frente a posibles indemnizaciones «a cambio de proteger el territorio y minimizar el impacto paisajístico». Fuentes de la propiedad de las parcelas de Cas Mut indican, en cambio, que pese a la reducción de parámetros para reducir el impacto paisajístico, «la montaña [el impacto visual] no cambiará», por lo que consideran que el «coste que va a tener que afrontar el Ayuntamiento no está justificado».

En todo caso, Salewski afirma que «los servicios técnicos municipales defienden que no hay afectación patrimonial. Sí que la habría si se hubiera parado todo», afirma el concejal, en referencia a si se hubiera optado por desclasificar los terrenos. «Se mantienen los derechos adquiridos. No se ha cambiado la clasificación del suelo, sino los parámetros. Los propietarios tenían una expectativa de construir y lo pueden hacer, pero menos», resalta, al tiempo que agrega: «Un juez deberá decir si se ha de indemnizar». Dicho esto, Salewski admite que sí podría afectar a alguien por el tamaño mínimo de parcela [para edificar], «pero se habrá de valorar». «Eso no quiere decir que todo el mundo tenga derecho a todo», puntualiza.

La anterior concejala de Urbanismo, Elena López, reconoció, en enero de 2020, en el pleno en el que se desestimó el recurso de los propietarios en contra de la suspensión de licencias en esta urbanización, que «quizá se debería haber firmado el convenio» que estos propusieron en 2015 para reducir la edificabilidad de sus parcelas. Eso fue cuando el nuevo planeamiento urbanístico, el de 2009 que sustituía al desarrollista de 1987, fue anulado por los tribunales por un defecto de forma en su tramitación: la ausencia de la evaluación ambiental estratégica.

«Díganle equivocación si quieren», dijo en ese pleno López, que acto seguido explicó que el equipo de gobierno decidió no hacerlo porque el nuevo plan urbanístico (tras la anulación del de 2009) ya preveía la misma reducción de parámetros urbanísticos que habían planteado los afectados y, por tanto, se trataba de evitar «una doble tramitación».

Sin embargo, tras la aprobación inicial del nuevo PGOU en 2016, vino la provisional de 2018, en la cual, sin previo aviso, según denuncian fuentes de la propiedad del polígono, se incorporó otra reducción de la edificabilidad de la zona sin someterla, además, a exposición pública.

En abril de 2019, se levantó la suspensión de licencias en todo el municipio sin que el Consistorio hubiera cumplido con el plazo para aprobar definitivamente el nuevo plan urbanístico por el problema de la falta de agua, lo que provocó que, desde entonces, se esté aplicando el plan urbanístico de 1987 del municipio.

Se encienden las alarmas

Esto fue lo que encendió la alarma en el equipo de gobierno y motivó que, ante los problemas para desbloquear el nuevo planeamiento por el problema del agua, a finales de ese mismo año aprobara una moratoria sólo en la zona de Cas Mut con la finalidad de tramitar una modificación puntual del PGOU de 1987 en vigor para reducir los parámetros urbanísticos de la montaña y minimizar el impacto paisajístico y ambiental.

Ahora, las viviendas pueden tener un máximo de 235 metros cuadrados y se ha rebajado la altura de 11 a seis metros. También se limita la capacidad de construir nuevos volúmenes que se puedan convertir en segundas viviendas y se ha reducido la superficie de las terrazas y piscinas.

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