Guerra abierta entre la Federación del Taxi y el Consell de Ibiza por las licencias VTC

La Federació Independent del Taxi de Balears y la Federación Insular de Ibiza (Fitie) han desenterrado el hacha de guerra contra el Consell. El motivo son las licencias de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) otorgadas por la institución insular y que, según los taxistas, no cumplen con la legalidad y podrían suponer «un fraude de ley». Hasta el día de hoy, el departamento de Transportes del Consell de Ibiza ha tramitado 589 solicitudes de licencias de VTC, de las cuales se han otorgado 307, se han denegado 201 y todavía hay 81 pendientes de resolución.

«Las solicitudes que se han parado ha sido por las alegaciones y los recursos de reposición que hemos presentado nosotros», explica Biel Moragues, presidente de la Federació del Taxi de Balears, quien denunció ayer, en rueda de prensa, la forma de actuar del Consell en esta cuestión: «Lo que hacen es otorgar las licencias y después suspender la autorización hasta que no les arreglen las deficiencias. Y esto no funciona así. Si algo no se puede otorgar, no se otorga». Esta forma de actuar «sería un fraude de ley, según han dicho los servicios jurídicos» de la federación.

Unas afirmaciones que fueron inmediatamente desmentidas por el conseller insular de Transportes, Javier Torres, quien insiste en que él no interviene en la adjudicación de las licencias de VTC, sino que se trata de un trámite técnico y administrativo: «Montamos un equipo con los mejores juristas del Consell para dar seguridad jurídica al procedimiento y fijar criterios claros en una cuestión tan compleja como esta». La actuación ha sido, según Torres, escrupulosamente acorde con la legalidad: «Yo firmo los informes favorables de los técnicos. Lo que no voy a hacer es prevaricar».

Acusaciones cruzadas

En la rueda de prensa convocada ayer, Moragues compareció acompañado por el presidente de la Fitie, Toni Riera, y de los representantes de la Federación en los cinco municipios de la isla. En su intervención, el presidente de la federación balear desgranó las irregularidades detectadas, «suficientes como para que las autorizaciones no fuesen otorgadas».

Así, aseguró que algunos vehículos tenían falseado el seguro; que se habían autorizado inicialmente vehículos sin residencia en la isla; que algunas empresas solicitantes no tenían disponibilidad de vehículos y que para obtener las autorizaciones habían elaborado contratos de alquiler ficticios; que algunos adjudicatarios de las VTC habían vendido el vehículo a particulares; que los vehículos no cumplían con las medidas reglamentarias; que el Consell permitió subsanaciones más allá del plazo establecido de tres meses o que algunos de los vehículos son de alquiler sin conductor -y no de alquiler con conductor- lo que les permite pasar la ITV cada cuatro años y no todos los años, como tienen la obligación de hacer los taxis.

«Todo esto genera que muchas VTC todavía no hayan podido tener actividad y se esté especulando con el precio de la licencia. Por una autorización por la que se pagaron 40.000 euros, ahora se ofrecen 135.000 euros», aseguró Moragues.

Desde el departamento de Transportes, por contra, negaron cualquier mala praxis en el proceso de adjudicación de licencias y se defendió el trabajo de los técnicos del Consell: «Son unos profesionales que han demostrado un gran conocimiento en la materia. Son técnicos que han hecho un trabajo excelente», afirma el conseller Javier Torres.

Durante los años 2014-15 se produjo en el Consell un aluvión de peticiones de licencias de VTC, cuya tramitación es de obligado cumplimiento tras una sentencia del Tribunal Supremo en este sentido. Todas las licencias han sido recurridas por la Fitie. «Han presentado sus alegaciones y algunas se han aceptado pero otras no. Yo pedí a los técnicos que fueran muy escrupulosos. El político no decide, son los informes técnicos», recuerda Torres.

La confrontación es total. Así, el portavoz balear de los taxistas reclamó ayer la dimisión de Torres y criticó con dureza a Ciudadanos, partido al que pertenece el conseller: «No olvidemos que el marido de Inés Arrimadas es asesor de la empresa Uber». «Son unas declaraciones tristes y lamentables», ha replicado Torres, «parece que Moragues ha iniciado la campaña electoral. No me parece la mejor manera de defender los legítimos intereses de su sector».

«Hay una voluntad de criminalizar al sector del taxi»

Los portavoces de la Federación Insular del Taxi de Ibiza aprovecharon la rueda de prensa para expresar el sentimiento de agravio y maltrato que, aseguran, sienten los taxistas por parte de las administraciones. «Se nos quiere criminalizar», lamentó Toni Roig, representante en Santa Eulària de la Fitie: «Se nos obliga a cubrir las deficiencias que tiene el transporte público en esta isla, y esa no es nuestra labor. Eso es el trabajo de los políticos». Y aseguró: «A pesar de que han obligado a aumentar la flota de taxis un 10%, no llegamos a los servicios y la percepción es de que hay pocos taxis. Normal, porque hay menos transporte público».

«En los turnos de noche, los taxis asumimos el papel que debería asumir el transporte público nocturno, que es inexistente», denunció Biel Moragues. Roig resumió la postura del sector con una frase: «No faltan taxis. Falta transporte público».

Según la Fitie, la solución óptima para resolver el galimatías de la gestión del taxi en la isla de Ibiza pasa por la creación de una área insular de prestación conjunta, y reclaman que se armonicen las regulaciones que hay en todos los municipios. En un escrito presentado por la Fitie al Consell de Ibiza, los taxistas reclaman «normas y criterios uniformes en todos los municipios» y critican que la regulación del servicio del taxi dependa de la «interpretación de cada Ayuntamiento», lo que provoca una «distorsión». «Reclamamos una planificación global de la isla», señaló Toni Riera, presidente de la Fitie.

Otras de sus peticiones son la libertad de transmisibilidad de las licencias y que se elimine la exigencia de exclusividad en la prestación del servicio.

Finalmente, la Federación anunció que han llevado al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Transportes un escrito en el que reclaman la retirada de un párrafo del acuerdo del Consell en el que establece que un taxi no puede cobrar un servicio si supera los 110 km/h, ya que consideran que entra en contradicción con el Decreto Ley 5/2022 del 16 de mayo sobre las prestación del taxi en Ibiza.

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