Tres detenidos en Zaragoza por la estafa del secuestro virtual en Ibiza

Un rapto virtual cuyo final feliz va unido al pago de un rescate. Este es el modus operandi al que recurrieron tres individuos para estafar 11.000 euros a una familia de Ibiza por medio del llamado secuestro virtual, aunque finalmente fueron detenidos el pasado mes de abril en Zaragoza. Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón consumaron sendos arrestos entre el 12 y el 29 de abril y, en paralelo, están investigando en la capital aragonesa una veintena de denuncias por estas mismas estafas por valor de entre 1.000 y 8.000 euros. El modus operandi es siempre el mismo: convencer a la víctima de que el secuestro se ha producido en realidad por medio del envío de SMS o llamadas con voces del tipo «mamá, necesito tu ayuda».

Para ello utilizan amenazas, presiones y hasta llegan a poner al teléfono al supuesto secuestrado para que, entre lamentos, reclame el pago del dinero para evitar que le hagan daño. Pero todo es mentira. El supuesto secuestrado habla poco y muy alterado con el objeto de dificultar a la víctima reconocer la voz, dado que en realidad se trata de una grabación o de un colaborador de los estafadores.

La llamada bajo amenazas no se prolonga durante bastante tiempo con dos objetivos: evitar que la víctima pueda corroborar la veracidad de la información y por otro lado conseguir que realice un pago rápido. Para ello el estafador va dando instrucciones a la víctima para que transfiera el dinero o lo haga llegar a través de empresas de envío de dinero. Esta estafa se remonta años atrás y tiene su origen en Chile, concretamente desde cárceles del país, según los investigadores. Desde el 2015, cuando surgieron, agentes de la Policía Nacional los investigan conjuntamente con las fuerzas de seguridad chilenas.

Ya en su día, la Policía Nacional envió un decálogo de consejos ante estas llamadas. Por orden, aconsejan mantener la calma; no olvidar que en España los secuestros sin infrecuentes; ganar tiempo; no facilitar ni un solo dato personal al interlocutor; no decir dónde se encuentra; no facilitar el nombre de su entidad bancaria; intentar colgar con alguna excusa como, por ejemplo, la pérdida de cobertura o quedarse sin batería; aprovechar para confirmar que el familiar está bien; no tener miedo a colgar, si es real, los delincuentes volverán a telefonear, y llamar siempre a la Policía aunque haya sido una tentativa.

En el 2017 apenas se produjeron estas llamadas, gracias a la operación llevada a cabo desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón que investigó el asunto de la mano del magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala. A pesar del éxito de la operación policial, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Rodríguez-Médel decidió decretar el sobreseimiento provisional de la causa en la que hubo varios aragoneses afectados.