El Consell tiene que aprobar el PGOU de Vila en un mes para salvar su tramitación ambiental

Si la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila no se formaliza en el plazo de un mes, antes de las elecciones locales del 28-M, el Ayuntamiento puede verse abocado a tener que empezar de nuevo la tramitación de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE). La conselleria balear de Medio Ambiente ha confirmado a este diario que a «mediados de julio» caduca el informe ambiental favorable en el caso de que antes no se haya cerrado la aprobación definitiva del planeamiento.

La dificultad de que se pueda cumplir este calendario estriba en que la aprobación definitiva del PGOU compete al Consell de Ibiza, en concreto a la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico (Ciotupha). Y, tras las elecciones, todos los gobiernos locales están en funciones (hasta la tercera semana de junio en el caso de los ayuntamientos y la primera de julio en el del Consell, cuando se constituyen las nuevas Corporaciones) y la Ciotupha (formada por representantes políticos además de otros colectivos, como el Colegio de Arquitectos) no puede adoptar acuerdos de este calado que requieren mayoría absoluta, según fuentes del Consell.

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La ley electoral señala, en su artículo 194.1, que «una vez finalizado su mandato, los miembros de las Corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada». Es decir, si no se cierra el PGOU antes de las elecciones, el Ayuntamiento probablemente tendrá que tramitar de nuevo la DAE, con el nuevo retraso que eso supondría.

De todos modos, la tramitación final del PGOU no depende exclusivamente ahora del Consell. La Comisión de Medio Ambiente ha eliminado la prohibición que impedía, por falta de agua, el desarrollo de los nuevos crecimientos proyectados en el PGOU, con la condición de que este desarrollo queda supeditado ahora a la puesta en marcha de la nueva depuradora en sa Coma (prevista en agosto de 2024) y a reducir un 15% el consumo de agua de 2019. Con ello, ahora, el Ayuntamiento tiene vía libre para elevar al pleno la segunda aprobación definitiva del PGOU (la primera fue en abril de 2018) y enviar el documento ala Ciotupha para su aprobación definitiva.

Todo depende de Costas

Sin embargo, antes, el Consell deberá remitirlo a la Demarcación de Costas, en el último paso del proceso, para que emita un informe. El organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica tiene un plazo de dos meses para hacerlo, lo que complica aún más que Vila pueda salvar la tramitación ambiental favorable en vigor. En todo caso, las fuentes consultadas del Consell señalan que si Costas resolviera rápido el trámite (antes de las elecciones), la Ciotupha estaría en condiciones de aprobar definitivamente el planeamiento. La Ciotupha se reúne cada tres meses, la última hace un par de semanas, pero el equipo de gobierno insular ya ha previsto que unos días antes de las elecciones se convoque una última sesión para cerrar cuestiones que hayan podido quedar pendiente, sobre todo el PGOU.

De hecho, los servicios técnicos del Consell trabajan en la subsanación de otras deficiencias del nuevo PGOU, como algunos suelos urbanos directos que no cumplen la actual definición de la ley de Urbanismo, entre otras cuestiones, que, en todo caso, según las fuentes consultadas, no serán un impedimento para que, en el caso de que Costas emitiera su informe en tiempo récord, se pudiera aprobar definitivamente el PGOU.

Vila se pone a «correr»

El concejal de Urbanismo de Vila, Jordi Salewski, asume que hay que intentar llegar a tiempo antes de las elecciones para salvar la tramitación ambiental. «No hay otra opción», apunta, al tiempo que señala que ahora toca «correr». Ya se está trabajando en la convocatoria de un pleno para aprobar provisionalmente el PGOU y remitirlo al Consell, que «hará lo que pueda».

Salewski indica que no puede pronunciarse sobre el hecho de si la Ciotupha puede o no aprobar el PGOU tras las elecciones porque es «una cuestión técnica, no política». «Los letrados ya revisarán si se puede o no», señala. Sobre el problema añadido de Costas, el concejal apunta que ya se le avanzó la información para que pueda responder «lo más rápido posible». «Pero oficialmente tienen que contestar al requerimiento del Consell. Se trata de un Ministerio y, por tanto, no sabemos cuándo contestarán».

Hace un mes, Vila anunció la tramitación de tres modificaciones puntuales del PGOU en vigor (el de 1987, que está obsoleto), para resolver cuestiones urbanísticas que no pueden esperar más, como la construcción de un a planta más en el futuro Mercat Nou o la protección íntegra de ses Feixes de Vila. Salewski justifica que se trabajaba hace meses en ello porque desconocía cuándo y cómo iba a resolver Medio Ambiente el problema de la falta de agua. «Había que avanzar».

Casi una década ya desde que cayó el ‘nuevo’ PGOU

La recuperación del planeamiento urbanístico de Vila que, en 2014, fue suspendido por una sentencia por un defecto de forma en su tramitación, se ha convertido en un suplicio para el Ayuntamiento que acumula ya casi una década de espera. En abril de 2018, Vila aprobó provisionalmente el nuevo PGOU y, cuando sólo quedaba el visto bueno de la Ciotupha (entonces el Consell estaba gobernado también por la izquierda), la institución insular lo devolvió a Vila, que había introducido cambios con respecto a la versión de 2009, para que resolviera primero el problema de la falta de agua.

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