El TS ve inconstitucional obligar a contratar un VTC con media hora de antelación

El alto tribunal eleva la causa al Constitucional al no poder anularse por sentencia el decreto ley

Turistas contratan un VTC en la terminal del aeropuerto de Palma. | ÁLEZ ZEA

Turistas contratan un VTC en la terminal del aeropuerto de Palma. | ÁLEZ ZEA / redacción/e.p. palma

Redacción/E.P. Palma

La Sala III del Tribunal Supremo (TS) ha planteado cuestión de inconstitucionalidad de un artículo del Decreto-ley 1/19, de 22 de febrero, de Balears, que establece la obligación de reservar el servicio de los Vehículos de transporte con conductor (VTC) con una antelación de 30 minutos a su prestación, «por vulneración del principio de libertad de empresa regulado que reconoce el artículo 38 de la Constitución».

Según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), el Supremo explica que, en sentencia del pasado 13 de febrero, consideró contrario al derecho constitucional a la libertad de empresa un artículo de similar contenido del Decreto vasco 200/2019, que anularon.

Sin embargo, dado que en el caso balear la exigencia de preaviso con una antelación mínima de 30 minutos viene establecida en una norma de la Comunitat Autònoma con rango legal, reproducida luego en la disposición reglamentaria, no cabe la anulación de esta última por sentencia, como se hizo en el caso del Decreto del País Vasco (que era una norma con rango reglamentario), sino que procede el previo planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad de la norma legal de la que la disposición reglamentaria trae causa. Por lo que ha elevado la causa al Tribunal Constitucional.

Esta decisión del TS es fruto del recurso contencioso administrativo interpuesto por las entidades Ares Capital, S.A. y Aucona Servicios Integrales, S.L contra dicha previsión de 30 minutos de precontratación.

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, afirmó ayer que los VTC prestan un buen servicio «cuando es previamente contratado». El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, afirmó, además, que la normativa autonómica está establecida como un «espacio de correlación de trabajo» para contar con una «situación compensada» entre el sector del taxi y estos vehículos.