Urbanismo en Ibiza: Sant Josep paraliza las obras ilegales de demolición de una edificación en Porroig

El Ayuntamiento de Sant Josep ha ordenado la paralización de unas obras en una parcela, ubicada en primera línea de mar, de la urbanización de Porroig tras constatar que los trabajos que se ejecutaban no se corresponden con los de la licencia concedida en 2005. En concreto, el permiso de obra municipal amparaba las obras de reforma de una vivienda de planta baja y una altura. Sin embargo, el celador municipal, a raíz de las denuncias recibidas, constató el pasado 20 de febrero que el promotor había derribado completamente la estructura existente en la parcela.

Inicialmente, el promotor obtuvo hace 17 años la licencia con base en un proyecto básico. En septiembre del año pasado, presentó un proyecto de ejecución, aunque según el informe del arquitecto técnico municipal no consta la notificación de la comunicación expresa del acto de validación del mismo. Además, durante el transcurso de las obras, a finales de febrero se presentó un proyecto modificado.

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En su informe, el arquitecto técnico municipal señala que, a la vista de las obras ejecutadas (el derribo total de la edificación existente), del proyecto de ejecución y su posterior modificación, el promotor pretende construir una edificación de nueva planta y no la reforma de la anterior (ya derribada), que es lo que se había autorizado en 2005. Por ello, el técnico municipal concluye que la licencia de hace 17 años no ampara las obras ejecutadas y se requiere la obtención de un nuevo permiso de obra.

Caducidad de la licencia

Tras este informe, el alcalde dictó un decreto con la orden de paralización inmediata de las obras, sin perjuicio de que, además, se adopten las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que correspondan.

El Ayuntamiento recibió la primera denuncia sobre estas obras en mayo del año pasado, en la que, además, se pedía que se declarase la caducidad de la licencia. El denunciante ya advertía entonces de que, en 17 años, no se había presentado el correspondiente proyecto de ejecución (se hizo el pasado mes de septiembre), cuando la normativa marca un plazo de seis meses desde la obtención de la licencia. «La jurisprudencia de los tribunales ha declarado de manera reiterada que cuando transcurre un lapso temporal tan dilatado como en este caso [17 años], la caducidad no es más que una declaración formal. Nada justifica, ni tan siquiera lo ha hecho el promotor, que la licencia se mantenga en cartera para ser utilizada a conveniencia con fines especulativos», agrega el denunciante en el escrito presentado en el Consistorio.

Una ruina, según el PTI

También advertía de que la edificación existente previa era una ruina, según lo que dispone el Plan Territorial Insular (PTI), y bajo ningún concepto podría tener la consideración de vivienda ni edificación existente desde el momento en que, y así se prevé en el proyecto, se prevé actuar sobre los elementos estructurales arquitectónicos. Además, el proyecto también incumple la legalidad, según la denuncia, y así lo reconoce, agrega, el redactor de la memoria del proyecto básico al advertir de que la edificación no respetaba la separación a los linderos ni a la zona de dominio público marítimo terrestre.

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