El Defensor del Pueblo recibió 550 quejas de ciudadanos de Baleares en 2022

Un anexo recoge reclamaciones por las dificultades de acceso a las ayudas al alquiler en las islas

El Defensor del Pueblo destaca la dificultad de encontrar inmuebles en Baleares que se ajusten a la renta máxima del Plan Estatal de Vivienda.

El Defensor del Pueblo destaca la dificultad de encontrar inmuebles en Baleares que se ajusten a la renta máxima del Plan Estatal de Vivienda.

Europa Press/Redacción

El Defensor del Pueblo recibió durante el año 2022 un total de 550 quejas de Baleares, frente a las 581 registradas a lo largo de 2021, algunas de las cuales estuvieron relacionadas con los precios de la oferta de alquiler en el archipiélago.

Así se desprende del informe anual de actividad 2022 del Defensor del Pueblo presentado ayer. En este sentido, un anexo del documento concreta que algunas de las quejas relativas a las islas están relacionadas con personas con escasos recursos económicos que habitan en ciudades con alquileres elevados y que manifiestan que no pueden acceder a las ayudas al alquiler, ante la imposibilidad de encontrar inmuebles con alquileres que se ajusten a la renta máxima establecida en el Plan Estatal de Vivienda.

En referencia a los expedientes por áreas de actuación, 83 estuvieron relacionados con la Administración de Justicia, 48 con Empleo y Seguridad Social, 41 en Estudio, 40 con Función y Empleo Públicos, 39 con Asuntos de Interior, 36 con Sanidad, 33 con Migraciones, otros 33 con Servicios Públicos y Esenciales, 32 con Centros Penitenciarios, 26 con Urbanismo, 21 con Impuestos, 20 con Educación, 18 con Actividad Económica, 18 con Medio Ambiente, 16 con Política Social, 14 con Cultura y otros ámbitos, 13 con Administración Local, 12 con Vivienda, cinco con Asuntos Exteriores, tres con Transparencia, uno con Igualdad de Trato y otro con Asilo.

Datos nacionales

A nivel nacional, el Defensor del Pueblo recibió 31.077 quejas el año pasado, 2.062 más que las 29.015 recibidas en 2021, la mayoría de ellas relacionadas con ámbitos tales como la Seguridad Social y el empleo, la Administración de Justicia, la función y empleo públicos, Interior, educación, migraciones, servicios públicos, asilo, la sanidad y la actividad económica.

La institución tramitó una cantidad total de 31.452 expedientes, una cifra que supone 2.051 más que en 2021, que dieron lugar a 2.498 resoluciones a las diferentes administraciones. De estas, 739 fueron recomendaciones, mientras que 1.392 corresponden a sugerencias, 365 a recordatorios de deberes legales y dos a advertencias.