Vilás exige al Consell de Ibiza que ejerza sus competencias y actúe contra el hospital de Jesús
El propietario de la Policlínica insiste en que la tramitación del complejo sanitario privado está siendo «arbitraria» con «la connivencia» de la institución insular
Movimientos de tierra para el estudio arqueológico del terreno de Jesús. j.A.RIERA / e.r. eivissa
El propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, reacciona al informe jurídico de la Comisión de Medio Ambiente de Balears que desbloquea el inicio de las obras del hospital privado de Jesús y exige al Consell de Ibiza que ejerza sus competencias y, como órgano sustantivo ambiental, actúe contra «las graves irregularidades medioambientales del proyecto».
El escrito que Vilás ha presentado en el Consell recuerda que la Comisión de Medio Ambiente abre la puerta a la institución insular a que «determine lo que considere oportuno» sobre la caducidad de la evaluación de impacto ambiental aprobada en 2010. Medio Ambiente ha resuelto, a través del citado informe jurídico, que es válido al considerar que, con las catas arqueológicas, se inició el proyecto global que promueve el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas.
En cambio, Vilás sostiene que tanto el Consell como el Ayuntamiento de Santa Eulària tienen conocimiento «fehaciente» de que las obras no empezaron antes del 8 de noviembre (la fecha máxima otorgada para mantener en vigor la evaluación ambiental favorable).
«Las catas no son obras»
Por ello, recuerda al Consell que está «obligado a manifestar y determinar su consideración jurídica». En este sentido, destaca que los movimientos de tierra se correspondían a un estudio arqueológico previo que no puede tener la consideración de inicio de obras. «Las catas no son obra, extremo que conoce el Consell en toda su extensión técnico-jurídica».
El propietario de la Policlínica sostiene que los tres títulos que dan cobertura legal al proyecto (la declaración de interés general de 2010, la evaluación de impacto ambiental, del mismo año, y la autorización sectorial sanitaria) han «caducado». «Y también lo estaban cuando el Ayuntamiento otorgó la licencia de obras y actividad en octubre».
Así, Vilás denuncia que se está siguiendo «un procedimiento administrativo arbitrario con la connivencia del Consell al no ejercer sus competencias legales como órgano sustantivo ambiental». Dicho esto, Vilás advierte de que «todo ello, ineludiblemente, tiene visos y connotaciones de una presunta prevaricación administrativa».
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