El fiscal ve tráfico de influencias en la relación personal del presidente de Ibiza con la empresa de ‘La vida Islados’

La Fiscalía Anticorrupción basa, en parte, su querella contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, por la contratación de Fuera de Escena Ibiza SL para el rodaje y la producción del espot de promoción turística ‘La vida Islados’ en «la posible relación personal» con la que era administradora única de dicha sociedad Míriam Juan, concejala del PP de Santa Eulària entre 2007 y 2011 cuando Marí era alcalde del municipio. Así consta en la querella de la Fiscalía cuyo contenido ha sido revelado por el diario El País.

Tal como ya publicó este diario, Juan cesó como administradora única de Fuera de Escena Ibiza el 14 de septiembre de 2020, tres meses después de la contratación del espot y después de que el PSOE ya hubiera denunciado este asunto. La exconcejala del PP ocupaba dicho cargo en la empresa desde el año 2013.

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Cambio de administrador

La pareja sentimental de Juan, que era apoderado de la sociedad, pasó, en septiembre de 2020, a ser el administrador. «El cambio de administrador único pone de manifiesto indicios sobre una posible relación personal a través de pertenencia al mismo grupo político del Ayuntamiento de Santa Eulària», afirma el fiscal, según El País.

También destaca, tal como se expone en la denuncia que el PSOE presentó contra el presidente en la Oficina Anticorrupción de Balears, que, entre 2016 y 2020, el Ayuntamiento de Santa Eulària pagó a Fuera de Escena un total de 1,2 millones de euros por la gestión, otorgada a dedo, del Teatro España y el Centro Cultural de Jesús. Esta parte de la querella justifica el supuesto delito de tráfico de influencias.

La Fiscalía Anticorrupción también aprecia la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de Marí por la adjudicación del contrato a Fuera de Escena por la vía de emergencia decretada por el Estado por la pandemia del covid. «Es evidente que no procedía la tramitación por la vía de emergencia, porque no era una medida necesaria para la lucha contra la pandemia», sostiene la querella revelada por El País.

Precisamente, la entonces viceinterventora se opuso a este atajo administrativo para contratar a Fuera de Escena y puso de manifiesto en un informe «graves deficiencias e irregularidades» en todo el expediente, según recuerda El País. El fiscal considera que se vulneraron los principios de «concurrencia y publicidad».

Hay que tener en cuenta que el presidente levantó el reparo de la viceinterventora al pago de la factura de 164.250 euros a Fuera de Escena con el informe favorable de la jefa de servicios de Presidencia, que sí defendía el uso de la vía de emergencia para contratar a la carrera la campaña de promoción turística a las puertas del verano cuando se preveía una fuerte caída del turismo por el covid.

La tercera parte de la querella, las coacciones, se basa en las supuestas «amenazas» del presidente hacia la ahora interventora, según el relato de la Fiscalía revelado por El País, para que cambiara su informe. «Ello lo realizó mediante amenazas de despido y presiones», afirma. Añade la querella, según El País, que «la presión violenta» se remonta a la etapa en la que la ahora interventora del Consell ejerció la misma función en el Ayuntamiento de Santa Eulària cuando Marí era su alcalde. «Ella misma manifiesta que el alcalde le chillaba y le gritaba ante las notas de reparo que emitía», dice el fiscal.

Traslado a Barcelona por estrés

Destaca también la querella que, a causa del «estrés y la ansiedad» que a la viceinterventora le causaba la relación con el presidente después de que este en un pleno la abroncara públicamente por oponerse al pago de la factura de Fuera de Escena, cambió de destino temporalmente y se marchó al Ayuntamiento de Ripollet. El fiscal considera que la relación entre Marí y la interventora puede ser considerada como de «acoso laboral o coacciones».

La interventora del Consell se ha personado en la causa judicial, como acusación particular, por las supuestas coacciones que defiende haber sufrido. Su abogado es el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach. Marí, como investigado, y la funcionaria declararán en el juzgado el próximo 2 de junio.