El periodista de investigación José Antonio Bautista, en Ibiza: «Hay mucha gente que está haciendo dinero con la valla de Ceuta y Melilla»

La última vez que José Antonio Bautista (Úbeda, 1988) estuvo en Ibiza, hace un par de años, fue haciendo un reportaje para el diario The New York Times, para recabar información de la familia que crió en la isla al recientemente fallecido Albert Solà, que se hizo conocido porque aseguraba ser hijo del rey emérito Juan Carlos I. El motivo de su visita ayer a Ibiza era muy diferente. Bautista participó en la primera jornada del II Campus Desobediente de Mal del Cap, dedicado a la comunicación disidente y celebrado en el edificio polivalente de Cas Serres, en Vila.

Es periodista de investigación especializado en migraciones, crimen organizado y corrupción ¿Qué le llevó por esos derroteros?

La verdad, creo que hay un poco de azar, cabezonería y amor a la aventura. Me considero una persona empática y desde que empecé a ejercer como periodista llevé mal la prisa inherente a este trabajo, porque no me permitía cuidar la relación con las fuentes ni aportar al lector matices para entender este mundo tan complejo. Me sentía mal quemando fuentes, escribiendo a toda velocidad y sintiendo que la información que publicaba tenía poco recorrido y se perdía en el aluvión informativo. En el periodismo de investigación encuentro alivio a todo esto. Por otro lado, el ámbito migratorio me fascina por su universalidad y por su complejidad. También porque es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, junto con la lucha contra el calentamiento global. Pasé casi la mitad de mi vida en el extranjero, sobre todo en América Latina y Europa. Soy migrante y me gusta decirlo. Tuve y tengo el privilegio de moverme con un pasaporte europeo. Soy consciente de todo el crecimiento que me aportó la libertad con que me pude mover y eso me produce un fuerte compromiso con un derecho tan manoseado, pisoteado, estereotipado y desconocido como es el derecho a migrar.

Trabaja para la Fundación porCausa. Explíquenos en qué consiste este proyecto y cuál es su objetivo principal.

PorCausa es una organización sin ánimo de lucro que hace periodismo e investigación sobre migraciones. Nuestro objetivo es aportar información de calidad y alejada de estereotipos para que la sociedad entienda y decida sobre este tema con conocimiento de causa. Nuestro trabajo parte de la siguiente premisa: la migración es un fenómeno natural e inherente al ser humano, pero existe todo un modelo artificial, irracional e inhumano, plagado de intereses económicos y políticos, que nos hace olvidarlo y nos lleva a pensar que todo lo relacionado con migrar es negativo, doloroso, peligroso y malo. Nosotros tratamos de contribuir al debate sobre migraciones con información incómoda y de largo recorrido. Dependemos de una comunidad pequeña de socios conscientes de esto y del poder de la información como herramienta de cambio social. Trabajamos en España y otros países y tejemos alianzas con medios de comunicación a la hora de publicar nuestras investigaciones. Ahora mismo uno de nuestros temas centrales es la industria del control migratorio, una línea de investigación que parte de una pregunta: sabemos quién pierde con las políticas antimigratorias, vemos a diario cómo la gente muere en la frontera o en el mar, pero, ¿quién gana con todo esto?

¿Y quién gana con todo esto?

El control migratorio es un negocio que se nutre de dinero público y que, según lo que hemos constatado, beneficia principalmente a un grupo muy reducido de grandes empresas, que, además, se caracterizan por ser compañías con muchas puertas giratorias, ya que cuentan con personal que antes estaban en el Ministerio de Interior, en el de Defensa, o en el de Asuntos Exteriores. En este grupo hay empresas muy conocidas para el gran público como Telefónica, ACS, Eulen o Indra.

¿Su investigación se centra solo en España?

Sí. Éste es un negocio que se da en muchos países y que está creciendo muy rápido, especialmente en España. Nosotros hasta ahora hemos analizado el caso de España, pero nuestra misión es poder ir más allá.

¿Y por qué está creciendo especialmente aquí?

España es una especie de laboratorio de la industria del control migratorio. Es la puerta de entrada de dos grandes rutas migratorias, la atlántica y parte de la ruta mediterránea, por el Estrecho de Gibraltar. Aquí se prueban muchas tecnologías que después se replican en otros países.

¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentran los periodistas, como usted, que cubren el fenómeno migratorio?

Informar sobre migraciones es difícil. Hacer que esa información sea interesante y novedosa aún lo es más. Nos topamos, en primer lugar, con la opacidad por parte del Estado, que usa toda su maquinaria para ocultar violaciones terribles de derechos fundamentales y negocios millonarios en los que ganan los de siempre. Nos enfrentamos también a amenazas constantes por parte de grandes despachos de abogados, autoridades y personas que padecen miedo y odio. A todo esto se suma la precariedad, un problema crónico del periodismo que intenta ser independiente, y el desgaste humano. En este mundillo lidiamos con vidas rotas y barrancos de sufrimiento y eso pesa en el alma, pasa factura. La migración es un proceso vital que va mucho más allá del momento traumático en la frontera y reflejar esa complejidad no es fácil tampoco.

¿Diría que el periodismo riguroso está más amenazado que nunca?

Sí y no. Creo que el periodismo lleva mucho tiempo en crisis porque se ahoga en una tesitura: la información es un derecho clave en democracia, pero los medios son empresas y, al fin y al cabo, el objetivo es conseguir ingresos. La información es un derecho y al mismo tiempo un producto. Tú sabes tan bien como yo que tenemos que trabajar con prisa, publicar los primeros, ser ultraeficientes, pero todo eso se lleva fatal con el rigor. Durante muchos años combiné el periodismo con trabajos de pinche de cocina y me gusta hacer paralelismos: la materia prima de nuestro trabajo es la información. Podemos ‘cocinarla’ con prisa, o podemos ‘cocinarla’ a fuego lento y con ingredientes de calidad. El resultado es totalmente distinto. A pesar de todo esto, soy optimista y tengo esperanza. En porCausa trabajo con muchas personas jóvenes, de una generación que ha crecido marcada por la incertidumbre y la precariedad, y que, sin embargo, hace periodismo con rigor, honestidad y compromiso.

¿Qué riesgos asumen quienes informan desde regímenes autoritarios?

Se lo juegan todo. Yo pienso mucho, porque me toca de cerca, en mis compañeros de Marruecos. Ellos van a la cárcel cuando tocan este tipo de asuntos, reciben amenazas, ellos y sus familias, y además se sienten desprotegidos porque no tienen apoyo ni de Marruecos ni a nivel internacional.

También habrá represalias para las fuentes…

Por supuesto, de hecho uno de los grandes problemas que hay a la hora de trabajar con periodistas marroquíes es que es muy difícil garantizar la seguridad de las fuentes. Si aquí tenemos problemas para proteger identidades o ser discretos a la hora de entrevistar a ciertas fuentes sensibles, imagínate en un lugar como Marruecos, donde el espionaje está a la orden del día, donde las autoridades tiene manga ancha para hacer lo que les venga en gana, donde no hay realmente derecho ni a la privacidad ni a la intimidad ni, por supuesto, a la protección que le debemos a esta gente.

Debe ser complicado encontrar fuentes valientes dispuestas a denunciar ciertos hechos.

Es muy difícil, pero a pesar de todo hay mucha gente que sí decide compartir información porque es consciente de que hay personas que están sufriendo, que hay dinero público que se está malgastando... Hay muchas injusticias que les quitan el sueño y es por ello que asumen el riesgo y hablan, tanto en Marruecos, como en España y en otros países.

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"La opacidad del Gobierno español en el tema migratorio va de mal en peor"

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Ha comentado en alguna ocasión que quienes trabajan investigando e informando sobre temas migratorios están acostumbrados a la opacidad y la mentira. ¿Cómo va de opacidad el Gobierno español?

Va muy mal, de mal en peor. Aunque tengamos un gobierno que se dice progresista y comprometido con la democracia, la opacidad que yo noto en él en materia de control migratorio es mucho peor que la que había con el anterior, que era del PP y que tiene más fama de ser opaco. En España hay leyes de Transparencia y los ciudadanos y los periodistas tenemos derecho a saber qué se hace con el dinero público, sin embargo, en todo el negocio antimigratorio la tónica habitual es la opacidad. Hay muchos contratos públicos que no salen a la luz o cuyos pliegos de condiciones no están a disposición de los ciudadanos ni del periodista, aunque los pidas por Transparencia no te los dan. Y sucede también que las autoridades mienten, un ejemplo muy claro es lo que pasó el pasado 24 de junio en Melilla.

Ahora tocaremos ese tema, pero antes cuénteme en qué se escuda el Gobierno español para no facilitar este tipo de información.

Todavía se utiliza la Ley de Secretos Oficiales, y es gracioso, porque estamos hablando de un gobierno progresista que recurre a una ley del Franquismo, porque es de 1968. Aducen razones de seguridad nacional o le pasan la pelota al vecino y dicen que ellos no tienen nada que ver, que esto hay que preguntarlo a Marruecos, y, evidentemente, las autoridades marroquíes no son muy amigas ni del derecho a la información ni de la libertad de expresión.

Hablemos de lo que ocurrió en Melilla el pasado 24 de junio. Participó en una investigación periodística liderada por Lighthouse Reports en la que se demostraba, entre otras cosas, que hubo al menos un muerto en el lado español, al contrario de lo que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se cansó de repetir por activa y por pasiva. A pesar de ponerse en evidencia que había mentido, no dimitió. A eso hay que sumar que en diciembre la Fiscalía archivó la investigación sobre esta tragedia. ¿Cómo se explica todo esto?

Hay muchas razones, para empezar, la Fiscalía supuestamente es un órgano independiente, pero no lo es. Esto es una cosa que el propio presidente de Gobierno reconoció una vez en un lapsus. Pero es que, además, hay una cosa más grave, el ministro ha mentido en sede parlamentaria y ha negado información a quienes supuestamente investigaban con independencia, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía. Cuando nosotros hablamos con fuentes de la Guardia Civil, CNI y Fiscalía ahí notamos mucho enfado porque la gente que estaba ese día en el terreno es consciente de que se hicieron mal muchas cosas. Por un lado, Marruecos utiliza migrantes como arma de presión contra el gobierno de España. Por otro lado, la Guardia Civil dice que faltan medios. Ellos no pueden hacer frente a una situación tan dramática sin protocolos, sin capacidad siquiera de asistencia sanitaria a gente que visiblemente necesitaba ayuda. Y hay otro problema también, cuando nadie asume responsabilidades con algo tan grave como lo que pasó estamos condenados a que vuelvan a pasar las mismas cosas y esto es algo a lo que contribuye el Gobierno y el ministro de Interior, en concreto. En este tema no solo ha habido falta de rendición de cuentas, opacidad y mentira, sino que también ha habido comportamientos impropios de una democracia.

¿A qué se refiere?

Ha habido personas involucradas en esta investigación que han recibido amenazas de autoridades públicas, ha habido gente que está en el terreno, y hablo, entre otros, de agentes de la Guardia Civil y de fiscales, que también han recibido reprimendas simplemente por hacer su trabajo y creer que la información es un derecho. Todo eso es muy grave porque estamos hablando de muchos muertos, hay al menos 77 familias que siguen buscando a sus hijos, y han pasado ya siete meses.

La ONG Caminando Fronteras ha difundido recientemente un informe en el que denuncia el silencio impuesto en torno a la masacre de Melilla por parte de España y Marruecos.

Esto es algo que denuncian también Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que nos son precisamente organizaciones que se caractericen por ser muy parciales. Pero bueno, esto es una tónica habitual no solo en España, esto se está extendiendo a más países, también lo hace Italia o Grecia y lo estamos viendo en gobiernos que se critican como el de Polonia o de Hungría y que al final están actuando de una forma muy similar.

Hechos como el de Melilla hacen pensar en una creciente complicidad entre los gobiernos democráticos y los regímenes autoritarios para frenar, como sea, el movimiento de personas.

Hay dos cosas muy curiosas. Por un lado, el gobierno de España está obsesionado con la frontera sur, con Melilla y con Ceuta, a pesar de que en términos absolutos, la mayor parte de la migración irregular que llega a España lo hace a través del aeropuerto de Barajas y de El Prat. En la dinámica irracional del Ministerio de Interior lo lógico sería amurallar estos aeropuertos. En realidad, lo que vemos es un montón de intereses económicos porque hay mucha gente haciendo dinero con la valla de Ceuta y Melilla. Luego, otra cosa que es bastante llamativa es que la frontera se está verticalizando, cada vez está más abajo, eso supone que el gobierno de España le entrega mucho dinero y dispositivos militares al gobierno de Marruecos, al de Senegal, al de Mauritania... para que hagan el trabajo sucio con las personas migrantes y como en esos países es más difícil hacer periodismo al final la ciudadanía no conoce lo que está pasando, y todo esto se hace con dinero público.

"España está contribuyendo a consolidar el régimen dictatorial de Marruecos"

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Creo que una de las principales líneas de investigación de porCausa en lo que respecta a la industria del control migratorio va en esa dirección...

Sí. Estamos abordando lo que se llama la externalización. ¿Qué pasa cuando España subcontrata a dictaduras para reprimir los flujos migratorios? A nosotros nos consta por fuentes de Guardia Civil y del CNI que los dispositivos de interceptación de llamadas y de visión nocturnas y otros dispositivos que España le regala a Marruecos no solo se utilizan para reprimir a personas migrantes, que ya es grave. Se emplean también para reprimir, espiar y controlar a opositores políticos, periodistas, activistas...España, de esa forma, está contribuyendo a consolidar un régimen dictatorial, que es el que mantiene a la población en una precariedad tremenda y el que. al final, empuja a muchos ciudadanos de Marruecos y de otros países a querer irse de allí.

Ya estuvo en Ibiza en 2020 para participar en el Ciclo de Converses Mal Dites y explicar, entre otras cosas, lo que estaba pasando en el Sáhara Occidental. Entiendo que volverá a abordar el tema hoy (por ayer) teniendo en cuenta que España hace unas semanas ratificó su apoyo al plan de autonomía de Marruecos para la resolución del conflicto en esta zona.

Por supuesto, lo voy abordar porque voy a hablar de los problemas que tenemos en la actualidad los periodistas y uno de los contextos donde más se evidencian es en el del Sáhara Occidental. Hay una desconexión entre el sentir de la sociedad, solidaria con el pueblo saharaui, y la acción del gobierno. Marruecos utiliza la inmigración irregular para conseguir, entre otras cosas, que el Gobierno de España ceda en la cuestión del Sáhara, hasta el punto de que España venía manteniendo una línea acorde a la legalidad internacional, al menos verbalmente, y, sin embargo, con lo que ha pasado últimamente, el ejecutivo actual ha decidido salirse de ella. España ahora mantiene una postura que es ilegal, que no tiene cabida en la estructura legal internacional, apoyando un plan de autonomía que propone una dictadura y que, además, no tiene ninguna garantía de poder llevarse a efecto.

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