Multa de 20.000 euros por un alquiler turístico ilegal comercializado por un inquilino en Ibiza

El propietario de la vivienda ubicada en Sant Jordi quedó libre de sanción por denunciar a su inquilino por vía penal

Vista aérea de la zona de Sant Jordi, donde está la vivienda.

Vista aérea de la zona de Sant Jordi, donde está la vivienda. / César Navarro

Redacción

El Consell de Ibiza ha sancionado con 20.000 euros a un ciudadano extranjero por comercializar una vivienda turística ilegal en la localidad de San Jordi, en el término municipal de Sant Josep.

"La vivienda se publicitaba como “perfecta para grupos” con capacidad para 16 personas, con calendario de disponibilidad, estancia mínima de 7 días, indicaciones de 'cheking' y de salida, cancelaciones de reserva, la exigencia de un depósito de seguridad, se ofrecían servicios como limpieza", según informa en un comunicado la institución insular.

El Ayuntamiento de Sant Josep documentó el alquiler turístico denunciado y el servicio de inspección turística del Consell de Ibiza revisó dicha vivienda, tramitando así el expediente sancionador por infracción en materia de turismo por la publicidad, contratación y comercialización de la vivienda sin haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa.

En un principio, se imputaban dos sanciones de 20.000 euros cada una: una para el comercializador (que era el inquilino de la vivienda) y otra para el propietario, puesto que la ley balear hace responsable a los propietarios si no actúan ante estos hechos, al tener conocimiento de que su vivienda se está publicitando como alquiler turístico y hacer caso omiso. El propietario denunció su inquilino por vía penal y quedó libre de la sanción.

Multas de 40.000 euros

El conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha explicado que este caso, “es un ejemplo de cómo actúa la ley” si los propietarios denuncian a sus inquilinos en el supuesto de que comercializan la vivienda que tienen alquilada: “quedan libres de una sanción que, ahora mismo, con la reforma de la ley turística, puede llegar a los 40.000 euros”.

También ha destacado “la importancia de la colaboración institucional y de hacer bien las tramitaciones: el ayuntamiento de Sant Josep sí documentó como toca este alquiler turístico, con identificaciones y actas policiales, lo que facilitó el trabajo de los servicios de inspección del Consell y poder tramitar esta sanción”.

Juan ha remarcado “el buen ritmo de trabajo del departamento de Ordenación Turística” que está permitiendo “sacar adelante un gran número de expedientes pero insistimos en que con sanciones no se arreglará el problema: el Govern de las Islas Baleares tiene que aceptar la propuesta del Consell de Ibiza para cerrar pisos turísticos ilegales cuando se denuncien, es la única manera de enviar un mensaje contundente a los infractores y evitar que esta problemática continúe”.

Desde la creación de la Oficina Antiintrusismo se ha triplicado la recaudación de multas respecto a la legislatura pasada, con 1,1 millones de euros en sanciones turísticas y 41 expedientes resueltos en los últimos 12 meses.