Llama la atención

Que en el asunto de las irregularidades en la contratación de la Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Balears (Amadiba), llevada a cabo durante el anterior mandato por el gobierno de PSOE y Guanyem, la víctima sea la propia asociación, que reclama el pago de algo más de 2,2 millones de euros por los servicios prestados entre 2017 y 2019 y que aún no ha cobrado. Desde la asociación lamenta que el problema no se haya podido resolver aún. «Estamos desolados», ha expresado la presidenta de Amadiba, Jane King. Según el dictamen jurídico del Consell, la contratación pudo haber incurrido en delitos «de negociaciones prohibidas, fraude, prevaricación y falsedad documental». Por eso el Consell ha decidido llevar el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

Que desde el Govern se siga insistiendo en la defensa de la ley del ‘sólo sí es sí’, pese a sus graves lagunas jurídicas que han propiciado ya la rebaja de penas de más de 300 agresores sexuales en toda España. Un daño a las víctimas que debería moverles a la reflexión y la autocrítica.

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