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Una multa de tráfico, un anónimo y la concejala de la Policía Local de Ibiza

Un anónimo denuncia presuntas irregularidades en la tramitación de una sanción a la edil Rosa Rubio y el Ayuntamiento lo niega

Rosa Rubio, concejala de Ibiza. Diario de Ibiza

A las cuatro de la tarde del martes 31 de enero llega a esta Redacción una carta anónima, sellada en Valencia, con un relato sobre la tramitación de una denuncia contra la concejala de Policía Local de Ibiza, Rosa Rubio, del que, a juicio del denunciante, se infieren varias ilegalidades. Hasta el punto de que dice haber enviado copia a la Fiscalía Anticorrupción, que ayer no confirmó su recepción. También la ha recibido al menos un concejal de Ibiza. Obviamente, de manera anónima.

El denunciante (al final de la carta explica: «No me identifico por miedo a represalias de policía», literalmente) comienza la carta explicando que el coche propiedad de Rosa Rubio (seis meses después asegura que lo vendió y apunta que «registró la venta en [la Dirección General de] Tráfico»), fue multado «en octubre-noviembre de 2021» por «aparcar en la entrada al parking del edificio de la avenida de Sant Josep número 18», por lo que «no podían entrar los coches».

Rosa Rubio, a la derecha, durante un pleno. Diario de Ibiza

Añade que la pareja de la concejala (quien conducía), «en el depósito [municipal de vehículos] pagó las tasas de retirada de grúa en un breve tiempo desde la denuncia y retirada» del coche, «pero no pagó la multa». «En el depósito le entregaron el coche», prosigue.

Desde el Consistorio desmienten que se pagara la tasa de la grúa. «Los hemos comprobado con distintos departamentos», aseguran.

Además, Vila anunció ayer que ha decidido «analizar de arriba a abajo» el recorrido administrativo de esta multa.

A continuación, indica que la denuncia del agente (aporta su número de placa), «se envió desde el depósito junto con las denuncias no cobradas para que se tramitase, pero jamás se inició expediente sancionador». Esta es la primera presunta irregularidad que atribuye a la concejala.

Pagada en Recaudación

El Ayuntamiento (ante una denuncia anónima se debe esperar a que el denunciado aporte su versión) asegura que se tramitó, y que lo prueba el hecho de que la propia concejala abonara seis meses después la multa, como consta en un documento sellado por el departamento de Recaudación con fecha de 26 de abril de 2022. (En este documento hay dos errores de bulto, pero eso se explica más adelante). «No puede pagarse algo que no existe», argumentan desde Vila.

La siguiente denuncia del anónimo hace referencia a la «trampa legal» supuestamente urdida por la concejala. A saber: «Cuando pasaron seis meses desde que se puso la denuncia (abril-mayo de 2022), el mismo conductor que pagó la tasa de retirada y no pagó la denuncia (...) presentó una solicitud en el registro de entrada del Ayuntamiento pidiendo la devolución del dinero que había pagado por la tasa de retirada de la grúa al no haberse tramitado ninguna denuncia por el estacionamiento prohibido», y que «se archivara y así no haber motivo para la retirada».

«No hay expediente»

«En el departamento de sanciones de Tráfico (municipal) no hay expediente sancionador por la denuncia porque ahí nunca llegó el boletín» con la multa, añade el denunciante anónimo. Por este motivo, «al no haber expediente sancionador dentro del plazo de seis meses desde la denuncia», arguye, «se tuvo que archivar el caso».

Vila insiste en que no es cierto, que el expediente se tramitó. Y justifica la actuación de la concejala con un pormenorizado relato de los hechos. A saber, de nuevo: el día de autos (y nunca mejor dicho), la pareja de la edil estacionó junto al aparcamiento de un edificio pero sólo una parte de una de las ruedas invadió la señal vertical del parking. Con tan mala suerte que al otro lado estacionó otro conductor, lo que «dificultaba pero no impedía el acceso» a estas plazas de aparcamiento. Por estos detalles, la concejala, como dueña del vehículo, decidió presentar alegaciones a la multa.

Debido a que, meses después, no obtenía respuesta a sus alegaciones, Rosa Rubio «decidió presentarse en el departamento de Recaudación para abonar ella misma la multa; que está pagada, que a nadie se le olvide», insisten desde Vila. En el supuesto de que sus alegaciones sean escuchadas, se le devolverá el dinero; en caso contrario, «ya ha pagado y punto».

La segunda parte de la historia nos retrotrae de nuevo al pasado martes. Tras solicitar información al Consistorio para aclarar las denuncias contra la concejala, desde el gabinete de Prensa municipal se negó la mayor y mencionaron el contenido de dos documentos: la denuncia y el boletín de abono de la multa. Entre ambos documentos hay cinco meses de diferencia. Y contienen dos fallos de datación.

Fachada del Ayuntamiento, en Dalt Vila. Diario de Ibiza

El primero está relacionado con el día en que se firmó la multa: en el sello de Recaudación se puede leer que fue pagada el 26 de abril de 2022, pero en el ‘papel pago multa’ adjunto se indica que la presunta infracción se produjo el 8 de noviembre de ese mismo año. Esto es, se abonó una sanción ¡siete meses antes de que fuera formulada!

Desde el Consistorio insisten en que se debe a un error del funcionario que tramitó el cobro de la multa y que no tendría sentido, en el supuesto de que alguien quisiera manipular fechas, semejante equívoco.

La segunda ‘gamba’ en el ‘papel pago multa’ hace referencia al número del expediente. Finaliza con un 22, se supone que en referencia al año, pero la multa se impuso en 2021. Vila apunta de nuevo a un error del funcionario, pero no descarta que este mismo trabajador municipal, el que selló el pago de la multa, finalizara el número del expediente con el año en que se llevó a cabo este abono, 2022. Algo por otra parte habitual según han apuntado funcionarios consultados al respecto.

El número del expediente

Precisamente y sobre el número de expediente, desde el equipo de gobierno señalan que «es el mismo que figura en la denuncia» firmada en noviembre de 2021, lo que confirmaría que la multa «se tramitó» y desmontaría una de las acusaciones del anónimo. «Está pagada, lo que prueba que la denuncia está tramitada», reiteran desde Vila.

Por último, Vila indaga por qué no se cobró un recargo cuando la sanción se abonó con cinco meses de retraso. Cabe la posibilidad de que la cuantía esté condicionada a la finalización del proceso de alegaciones, apuntan las mismas fuentes del sector público.

Es uno más de los interrogantes que arroja este asunto y que Vila está obligada a despejar.

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